Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Enler García y Norexa Rompapas: La migración forzada en América Latina ha alcanzado niveles sin precedentes, con más de 8 millones de venezolanos exiliados debido a la instauración de la dictadura de Maduro, del Socialismo del Siglo XXI. Este fenómeno no solo afecta a los Estados Unidos, sino también a países como Colombia, Perú, Chile y Argentina. Sin embargo, la respuesta internacional se ha enfocado en atender los síntomas en lugar de erradicar la causa principal: las dictaduras de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia.
Las dictaduras de América Latina han implementado estrategias de guerra híbrida para desestabilizar a las democracias, utilizando tácticas como:
- Migración forzada como herramienta de presión geopolítica.
- Tráfico de drogas, incluyendo cocaína y fentanilo, con graves repercusiones en la seguridad global.
- Terrorismo y crimen organizado, respaldado por redes internacionales como Rusia, Irán y China.
Estas acciones no solo afectan a Estados Unidos, sino también a toda la región, generando un impacto social, político y económico devastador.
Los venezolanos no emigran únicamente por pobreza, sino por miedo. La persecución política, el narcotráfico y el crimen organizado han convertido a Venezuela en un narcoestado donde las violaciones sistemáticas a los derechos humanos son la norma.
La Convención Americana de Derechos Humanos y otras normativas internacionales establecen el derecho de los pueblos a la democracia. Sin embargo, las dictaduras han manipulado estos instrumentos para perpetuarse en el poder.
El 28 de julio, el pueblo venezolano eligió democráticamente a Edmundo González Urrutia como presidente, con un respaldo de más del 67% de los votos. No obstante, su mandato no ha sido reconocido formalmente debido a la ocupación del régimen de Nicolás Maduro. Este escenario no solo representa un fraude electoral, sino también una violación al derecho soberano del pueblo venezolano.
Las soluciones deben enfocarse en:
- Reconocimiento internacional del gobierno legítimo liderado por González Urrutia.
- Solicitud de una fuerza multinacional para la recuperación de la soberanía venezolana.
- Expulsión del régimen criminal mediante mecanismos legales y diplomáticos.
No se trata de una intervención extranjera, sino de una acción legítima de recuperación de la soberanía. Existen precedentes en el marco de las Naciones Unidas, la OEA y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para aplicar la fuerza en contra de regímenes criminales que violan derechos humanos.
Venezuela, actualmente bajo ocupación cubana y con presencia de grupos paramilitares como el Grupo Wagner, representa una amenaza para toda la región. Su liberación requiere una acción coordinada que incluya apoyo internacional, pero principalmente, la organización y movilización del pueblo venezolano.
El tiempo de negociar con la dictadura ha terminado. La oposición funcional solo ha servido para legitimar al régimen de Maduro. La comunidad internacional debe dejar de observar pasivamente y actuar en defensa del mandato popular expresado en las elecciones de julio.
Es momento de que Venezuela deje de ser un narcoestado y recupere su democracia. La responsabilidad no solo recae en los países aliados, sino en los propios venezolanos, quienes deben exigir la juramentación del presidente electo al presidente constitucional para iniciar el proceso de recuperación de su nación.