Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Roger Condori en «Radio Splendid»: La reciente sentencia contra Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente de Bolivia, por el denominado caso «Petrocontratos» ha generado una oleada de críticas tanto dentro como fuera del país. Este fallo no solo pone en evidencia al sistema judicial boliviano, sino que también subraya el contexto político que ha convertido a Bolivia en un satélite de regímenes autoritarios como los de Cuba y Venezuela. Esta condena infame carece de fundamentos jurídicos sólidos y se presenta como una herramienta de persecución política contra quienes representaron la democracia y la libertad en un país que hoy es una dictadura.
Bajo el liderazgo de Sánchez de Lozada, Bolivia se consolidó como una potencia energética en Sudamérica. El país exportaba gas a Argentina y Brasil, y estaba en vías de expandir su mercado hacia México y Estados Unidos. Esta prosperidad quedó truncada tras el golpe de Estado del año 2003 que instauró al régimen de Evo Morales y hoy continúa con Arce Catacora. Hoy, Bolivia enfrenta una crisis energética y económica sin precedentes: la ausencia de gas, la escasez de dólares y combustible, y un modelo económico inspirado en los fracasos de Cuba y Venezuela. Este declive es utilizado por el gobierno para desviar la atención de la ciudadanía mediante juicios políticamente motivados como el de Sánchez de Lozada.
El tribunal que dictó la sentencia contra el expresidente no puede ser considerado independiente ni imparcial. Lejos de actuar bajo el amparo de la justicia, se trata de un instrumento manipulado por el régimen de Luis Arce y Evo Morales, destinado a encubrir los delitos de sus aliados políticos. Además, el proceso judicial es nulo de pleno derecho, pues se continuó a pesar de que el acusado había sido declarado rebelde, un hecho que debería haber paralizado el juicio. La sentencia es, por tanto, una pieza de propaganda política que intenta distraer a la opinión pública de la grave crisis que atraviesa el país.
Otro aspecto preocupante de este caso es la exclusión de figuras como Carlos Mesa y Jorge Quiroga, quienes también estuvieron involucrados en la aprobación de los contratos petroleros. Esta decisión, motivada por acuerdos políticos y decretos de amnistía, revela la complicidad entre sectores que se autodenominan opositores pero que en realidad son funcionales al régimen. Esta «oposición de mentira» refuerza la narrativa de una democracia simulada, diseñada para mantener la fachada de institucionalidad mientras se perpetúa un gobierno dictatorial en Bolivia.
La situación en Bolivia va más allá del caso Sánchez de Lozada. Más de 300 presos políticos, incluidos altos funcionarios, líderes opositores y la expresidenta Jeanine Áñez, son evidencia del uso del sistema judicial como herramienta de represión. Este modelo, basado en el terrorismo de Estado, es importado de regímenes como el cubano y el venezolano. Mientras tanto, el país se ha convertido en un narcoestado, con sus instituciones capturadas por redes de corrupción y narcotráfico, y sus recursos entregados a potencias extranjeras como China y Rusia.
La sentencia contra Sánchez de Lozada es mucho más que un fallo judicial: es un símbolo de la deriva autoritaria de Bolivia. No solo carece de valor jurídico, sino que también constituye una evidencia de los delitos cometidos por el régimen. Esta resolución nula y plagada de irregularidades quedará como prueba documental de la represión sistemática y la crisis moral que atraviesa el país. Algún día, quienes hoy ostentan el poder deberán rendir cuentas ante un sistema judicial verdaderamente democrático y justo.