Redacción Central y La Prensa

Tal como sucedió en «Enero Negro» en Cochabamba (2007) tras los actos violentos contra la Prefectura del Departamento, ayer el Gobierno justificó la protesta alteña contra la Embajada de Estados Unidos y relevó al comandante departamental de la Policía por reprimir a los manifestantes.

El 8 de enero de 2007, cientos de campesinos, cocaleros y otros sectores afines al gobierno intentaron tomar la Prefectura de Cochabamba para forzar la renuncia del prefecto Manfred Reyes Villa, pero fueron reprimidos por la Policía. Ante esa represión, se ordenó su repliegue y los manifestantes le prendieron fuego a las instalaciones prefecturales. Molesta por la «represión» que habrían sufrido los sectores sociales, la entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, dispuso el relevo del apenas horas antes posesionado como comandante departamental policial, Wilge Obleas.

Ayer, estos episodios se repitieron. Por cinco horas, movimientos sociales de El Alto cercaron la Embajada de Estados Unidos en Bolivia en protesta por el asilo político concedido a Carlos Sánchez Berzaín. La Policía lanzó gases lacrimógenos y usó vehículos antidisturbios, reacción que motivó la felicitación de la legación diplomática por el «trabajo profesional que cumplió la Policía, pero derivó en el relevo del Comandante de La Paz.

Los enfrentamientos entre los civiles y los policías, apostados en el frontis de la legación diplomática, dejaron un saldo de tres agentes heridos y un número indeterminado de manifestantes afectados por los gases, según informaron la Policía, que se vio rebasada, y también el dirigente sindical Edgar Patana, uno de los impulsores de la marcha

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró que unos 80 mil alteños marcharon «pidiendo justicia» pero se toparon con un operativo policial «que no fue bien planificado», ya que generó incidentes causados por un «puñado» de civiles que «no representa a El Alto».

«Observé la poca eficiencia en cuanto se refiere al control», dijo al precisar que debía usarse la disuasión y no gasificar. «Se hizo una evaluación y en función de ello es que también ha habido una renovación de algunos comandos departamentales».

«No se debió acudir a la fácil vía de la represión», señaló Rada y luego relevó al comandante de la Policía paceña, coronel Víctor Hugo Escóbar y posesionó a Raúl Mantilla como el nuevo jefe.

Los movimientos alteños marcharon luego de que el 5 de junio, Sánchez Berzaín confirmó que goza del asilo político en EEUU desde marzo de 2007, que se siente perseguido y amenazado por el presidente Evo Morales a quien acusó de impulsar el derrocamiento de Sánchez de Lozada en octubre de 2003. Añadió que el juicio por genocidio, masacre y otros delitos en su contra, es una «payasada».

Masiva protesta

Ayer, a las 08:00 se reunieron los alteños en la Ceja. La columna de hombres y mujeres se enfiló en dirección a la hoyada gritando consignas contra el asilo a Sánchez Berzaín y reclamando respeto para los campesinos humillados en Sucre, el 24 de mayo.

En el recorrido por la avenida Santa Cruz, un grupo de marchistas apedreó las instalaciones del Café Ciudad, que supuestamente pertenece al prefecto de La Paz, José Luis Paredes.

Hombres con ponchos rojos, mujeres de pollera y jóvenes que se pusieron vendas pasaron también por la calle Tumusla donde obligaron a los comerciantes a cerrar sus negocios bajo amenaza de saquear los productos.

En la avenida Montes, la columna paralizó el tránsito de vehículos. Explosionaron los petardos y los gritos se confundieron con el bullicio de la urbe.

A las 10:30 un contingente de gremialistas, en la avenida Arce, se topó con una barrera policial compuesta por más de 200 agentes, un vehículo antidisturbios (Neptuno) y una docena de amenazantes canes amaestrados. En la avenida 6 de Agosto, dos cuadras antes de la Embajada, la marcha de los campesinos, conocidos como «ponchos rojos» también fue evitada por un segundo anillo de protección policial.

Cerca de las 11:00 los campesinos presionaron y rebasaron el cerco uniformado, marchando por la puerta trasera de la delegación extranjera para luego retornar (por la avenida Arce) por el frontis de la infraestructura.

A las 11:30, el segundo anillo policial fue rebasado, pese a la presencia del general Rolando Vizcarra, quien intentó conversar con los manifestantes. Los movilizados se apostaron frente a la Embajada, allí gritaron estribillos como «Estados Unidos, asilo de asesinos», «No protejan a carniceros». Se quemaron afiches con la foto de Sánchez de Lozada y un neumático. Pidieron que se baje la bandera de EEUU instalada adentro de la representación.

A las 13:00, luego del arribo al lugar de la delegación de la COR y de los mineros de Milluni, según El Deber, un grupo de civiles forcejeó con los uniformados y llegó a lanzarles algo parecido a gas pimienta. Los agentes reaccionaron lanzando gases lacrimógenos y dispersando a los manifestantes. Un jefe policial dijo que el uso de ese gas por un civil fue lo que detonó la reacción policial.

Hasta las 16:00, unas 50 personas se mantenían cerca de la delegación diplomática. Vizcarra informó que tres efectivos resultaron heridos (por los petardos lanzados por los manifestantes). Los contusos fueron llevados al hospital Virgen de Copacabana.

Patana, dijo que recibió «varias patadas» de los uniformados y que varios movilizados fueron afectados por los gases lacrimógenos. «Fue una marcha contundente» es también una señal para que no se mofen de El Alto (…) también es contra los prefectos «.

Gobierno culpa a la Fiscalía General

La ministra de Justicia, Celima Torrico, responsabilizó ayer a la Fiscalía General de la República del asilo político presuntamente logrado de Estados Unidos por el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, y las complicaciones que se puedan dar para su extradición por esta situación.

Según la autoridad gubernamental de haber actuado el Ministerio Público oportunamente, cumpliendo con todas las diligencias para tramitar la extradición de la ex autoridad no se habría dado esa situación y el ex ministro así como el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada podrían ser traídos al país para responder por los muertos de octubre de 2003.

Consultada si el Gobierno no es corresponsable de esta situación considerando que hace un tiempo se conoció de esa intencionalidad, Torrico descartó esa situación y dijo que la Embajada de Bolivia en Estados realizó un seguimiento del caso.

Con relación al estatus de refugiado concedido al ex ministro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, también deslindó responsabilidad sobre el hecho y dijo que existen instancias encargadas del seguimiento de cada una de las actuaciones.

Dijo que no es responsabilidad de la Suprema viajar a Estados Unidos a realizar las notificaciones y pedir la extradición de las tres ex autoridades procesadas.

Por otra parte, con relación a las acusaciones de demora del proceso, la máxima autoridad judicial, dijo que existen pasos procedimentales que cumplir y el juicio de responsabilidades por «Octubre Negro» no es el único caso que tienen en mesa, hay otros juicios que deben ser atendidos de acuerdo a turno.