BOLIVIA

No hay crimen, No hay castigo

Publicado en el Miami Herald

Lunes,5 de Noviembre, 2007

Por ROGER NORIEGA

rnoriega@aei.org

Es un cuento dramático. Después de perder la carrera por la presidencia en una elección democrática, un diputado cocalero inmediatamente  acude a protestas violentas que al final resultan en  el derrocamieinto del  hombre que le ganó. A la cabeza de una multitud enfurecida, el líder populista fuerza elecciones prematuras que lo llevan a ganar la presidencia en su segundo intento. Luego, el nuevo presidente toma las riendas de las Cortes, previamente independientes, forzando cargos criminales fabricados en contra del enemigo político a quien saco del poder.

El personaje principal en este drama es el presidente boliviano Evo Morales, que se ha ganado  una reputaciónde antiamericano al forjar estrechos lazos con Cuba, Venezuela, Libia e Irán. Su rival político es el respetado ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien venció a Morales el 2002, pero dejó el poder el 2003 esperando que Morales ahorre al país mayor violencia.

Hoy, Morales es el maestro de un circo político con el objetivo de aplastar toda oposición a sus políticas, empezando por sus rivales políticos. Y ha usado las cortes bolivianas para llevar a cabo sus órdenes. Uno de los blancos principales de Morales sigue siendo Sánchez de Lozada, quien ha estado viviendo en los Estados Unidos desde que dejó el poder. Pero Sánchez de Lozada no está sólo. Morales está presentando cargos en contra de todos los cinco ex presidentes de Bolivia aun  vivos, miembros del gabinete de Sánchez de Lozada, y líderes militares.

Morales también está buscando expulsar al  Tribunal Constitucional de Bolivia, después de que éste dictaminara que el nombramiento permanente que hizo Morales de cuatro jueces de la Corte Suprema sin aprobación congresal fue inconstitucional. Esos mismos jueces, nombrados a dedo, accedieron a la demanda de Morales para la extradición de Sánchez de Lozada de los Estados Unidos, negándole el debido proceso requerido por la ley boliviana.

Manifestantes violentos

Los disturbios que llevaron a la renuncia de Sánchez de Lozada comenzaron en febrero del 2003 con un intento fallido de asesinato en su contra. La violencia estalló otra vez en septiembre de 2003 cuando Morales y sus colaboradores bloquearon los caminos cerca del Lago Titicaca, tomando como rehenes a 800 personas inocentes – incluyendo turistas extranjeros. El gobierno de Sanchez de Lozada intentó en vano negociar con los violentos manifestantes. Los buses  enviados por el gobierno para evacuar a los rehenes fueron emboscados con fuerza mortal. Un soldado boliviano involucrado en el rescate de los rehenes fue la primera persona en caer muerta y otros, de ambos bandos, murieron durante la evacuación.

En octubre de 2003, Morales llevó su violencia ilegal a la ciudad capital de La Paz. Al bloquear todos los caminos, ahogó a La Paz, privando a sus residentes de comida, gasolina y otras provisiones necesarias. El 11 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada y su gabinete firmaron un decreto supremo que permitiría a personal militar escoltar camiones de gasolina a La Paz. El decreto, válido bajo la ley boliviana, estableció un estado de emergencia en la capital. Cuando el personal de seguridad escoltaba los camiones de gasolina, los manifestantes armados nuevamente usaron la violencia para hacerlos retroceder, con el resultado de más muertes de ambos lados.

La Organización de Estados Americanos y Fiscales independientes del Ministerio Público de Bolivia investigaron los eventos de 2003. El primero se enfocó en el incidente de febrero y el segundo en los disturbios de octubre. Ambas investigaciones concluyeron que la respuesta de las fuerzas armadas bolivianas fue legal y responsable. El decreto de estado de emergencia del presidente buscando restaurar la ley y el orden están protegidos por la Constitución Boliviana.

Vendetta Política

Si Sánchez de Lozada no hubiera hecho nada para restaurar el orden, la violencia se hubiera propagado con impensables consecuencias para los ciudadanos bolivianos que respetaban la ley. Es irónico que ahora esté siendo perseguido por cumplir la ley ante las  turbas ilegales instigadas por Morales. En una reacción extraordinaria pero discreta, en febrero de 2005 el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró que los cargos en contra de Sánchez de Lozada “parecen estar políticamente motivados.”

Los esfuerzos de Morales para arrestar y enjuiciar a Sánchez de Lozada son parte de una elaborada vendetta política en contra de aquellos que no comparten su agenda extrema. Nuestro gobierno estaría cometiendo una grave injusticia al entregar al hombre que seriamente trató de parar la violencia, a las manos del hombre que la empezó en primer lugar.

Roger Noriega es director de Tew Cárdenas, LLP, y miembro visitante del American Enterprise Institute. Fue embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos y Subsecretario  de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de 2001-2005.