Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
(Infobae.com) El mundo presencia -en tiempo real- el fraude electoral para declarar ganador en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia a Evo Morales. Es la repetición del guion castrochavista para mantenerse indefinidamente en el poder, ya ejecutado en Venezuela, Nicaragua y Ecuador con Correa. El pueblo de Bolivia está en resistencia civil para recuperar su libertad y democracia, lo que es posible con unidad, con el no reconocimiento internacional al usurpador y la invocación a las Fuerzas Armadas y la Policía.
Evo Morales y su régimen están cometiendo, con arrogancia y descaro, pública y abiertamente los delitos de fraude electoral, prevaricato, falsedad material e ideológica, uso de instrumentos falsificados, consorcio delictivo, beneficios en razón del cargo, atentados contra la fe pública y más. Suplantan la voluntad popular, declaran dolosamente a Morales ganador de las elecciones en primera vuelta y presidente electo por cinco años más a partir de enero de 2020, con el control total de las cámaras de Senadores y Diputados.
Son delitos flagrantes que se ejecutan en público, en tiempo real, a vista de la prensa mundial y pese a invocaciones de los observadores internacionales. Son “tan evidentes que no necesitan más pruebas”. En democracia, quienes cometen delitos flagrantes son detenidos en el momento de la comisión de los mismos y puestos bajo la competencia de un juez, pero en Bolivia los autores de estos delitos lo hacen como autoridades, liderados por Evo Morales, su gabinete de ministros, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que delinquen respaldados por la fuerza pública que tienen bajo sus órdenes. ¡Criminales que detentan el poder y controlan la justicia y la fuerza pública que debería detenerlos!
No es un modelo boliviano o nacional. Es el “castrochavismo”, la intervención de la dictadura de Cuba con su operación con la dictadura de Venezuela que ejecutan ahora en Bolivia el guión de “dictadura electoralista” con el que detentan el poder en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El pueblo vota pero no elije y cuando los delitos se hacen evidentes, simplemente siguen adelante con más delitos.
Hoy en Bolivia no existe ningún juez o tribunal que pueda asumir conocimiento de estos hechos criminales e interrumpir su ejecución que continuará hasta la posesión de Evo Morales -por cuarta vez consecutiva- como presidente del estado plurinacional que el mismo ha creado destruyendo la República de Bolivia. El pueblo boliviano está en “estado de indefensión”, por la ausencia de estado de derecho y la absoluta inexistencia de división e independencia de poderes.
Por eso Bolivia está en resistencia civil creciente. “Fuera Evo” es el pedido del pueblo boliviano indignado y amenazado, ante un dictador que ha anunciado que su “paciencia se ha terminado” y ha puesto en aplicación el guión post electoral del castrochavismo que incluye ahora la amenaza de “sitiar las ciudades rebeldes” como una manera de asfixiar los paros cívicos en curso.
En esta lucha desigual es imprescindible la unidad nacional en torno al liderazgo político y cívico de oposición. Unidad en el mensaje “fuera Evo”, que no es ideológica ni programática, que no puede afectarse por simpatías ni rencores, que no puede ser condicionada por ningún tipo de cuestión que no sea la recuperación de la democracia por medio de la salida del dictador. Unidad para recuperar la democracia, unidad sin condiciones, pero de verdad, para asumir todos el riesgo de enfrentar y derrotar al crimen organizado transnacional. Unidad que no permita caer en las trampas de la división o la negociación aplicadas con tanto éxito por el castrochavismo en Venezuela y Nicaragua.
Las democracias del mundo deben apoyar la lucha del pueblo boliviano por recuperar la libertad y la democracia con el no reconocimiento de los resultados electorales del 20 de octubre y con el consiguiente no reconocimiento de Evo Morales como presidente de Bolivia por el periodo 2020-25. La condición de facto del régimen y la usurpación del poder no pueden dejar duda alguna.
Las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía deben responder la pregunta: ¿A quién deben lealtad y obediencia los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional? ¿Al pueblo boliviano, a la Constitución y a la ley, o al régimen criminal y de intervención externa de Evo Morales? Los líderes políticos, cívicos, religiosos y el pueblo en general debemos insistir en estas preguntas, cuyas respuestas marcaran el futuro tanto de las instituciones militares como de sus mandos y miembros.