El crimen organizado institucionalizó la violación a la libertad de prensa

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de Mayo como el Día Mundial de la Libertad de prensa con el propósito de «fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática». Es una aplicación del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece «que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión».

La Carta Democrática Interamericana señala como el primer elemento esencial de la democracia «el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales». La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1 determina que «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».

No hay duda de que la libertad de prensa además de ser un derecho humano y un derecho fundamental, es un elemento esencial de la democracia. Sin libertad de prensa no hay libertad de expresión, sin prensa libre no hay democracia y por eso los regímenes que detentan el poder como grupos de delincuencia organizada transnacional en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia usado el poder que usurpan han institucionalizado la violación y la ausencia de libertad de prensa, reemplazando la libertad por manipulación e incurriendo en crímenes específicos.

Institucionalizar es conferir el carácter de «institución», esto es dar condición de «una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad», en este caso al crimen de modificar, suprimir, manipular y falsificar los hechos, las noticias, las informaciones y las ideas para favorecer la permanencia indefinida en el poder del dictador y su régimen. El castro-chavismo ha institucionalizado la violación de la libertad de prensa por medio de «leyes infames» que son «normas elaboradas siguiendo el procedimiento formal para su creación, pero que en su objeto y contenido violan los derechos humanos y las libertades fundamentales».

La prueba plena de que «la violación de la libertad de prensa es una institución de las dictaduras del castro-chavismo» esta dada por los múltiples y repetidos delitos de amedrentamiento, enjuiciamientos, condenas, persecuciones, encarcelamiento y exilio de periodistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia que se agravan con asesinatos no esclarecidos de periodistas cuyo único delito fue ejercer con libertad denunciando corrupción y/o crímenes del dictador y sus entornos.

Mas prueba se encuentra en los avasallamientos, confiscaciones, apropiaciones indebidas, ventas forzadas, expropiaciones, extorsiones y diferentes formas de privar de sus medios de comunicación a los legítimos propietarios para liquidar el medio o ponerlo al servicio del régimen. El abuso del poder para manipular licencias de radio y televisión, cambiar las normas y las condiciones de concesiones, suplantar la legislación vigente con medidas extorsivas, controlar y suprimir la provisión de papel, son crímenes y parte de la institucionalización dictatorial contra la libertad de prensa. La extorsión para dar y pagar propaganda oficial es otro delito.

La ausencia de división e independencia de poderes se hace evidente en el caso de la institucionalización para violar la libertad de prensa por medio de la «utilización de la justicia para criminalizar la libertad de prensa». Procesos y sentencias llevan a defensores del derecho de libre información a la cárcel y al exilio con lo que les restringen y hasta suprimen su derecho al trabajo.

Los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador con Rafael Correa establecieron con «leyes infames» normas concretas de supresión de la libertad de prensa, «leyes mordaza«, que en el caso de Ecuador están siendo modificadas en el gobierno del Presidente Moreno, pero que son vigentes y aplicadas en los regímenes de Castro-Diaz Canel, Maduro, Ortega-Murillo y Morales, que delinquen y reinciden a diario.