Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y director del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), con sede en Miami, considera que existen dos sectores en Nicaragua a los que califica de “cómplices de la dictadura”, que a juicio del experto son el Ejército de Nicaragua y los grandes empresarios privados.
28/12/2018
(laprensa.com.ni) El senador Marco Rubio advirtió ayer que si el Ejército de Nicaragua en lugar de proteger al pueblo se suma a las fuerzas de represión del régimen de Daniel Ortega, también serán castigados a nivel individual y colectivo y tocarán sus inversiones que tienen en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.
“Hay que dejar muy claro que las fuerzas armadas existen para proteger al pueblo, no para atacarlo y que si participan en oprimir al pueblo en vez de protegerlo, ellos también serán castigados a nivel individual y colectivo con las inversiones que han hecho en el fondo de retiro en la Bolsa de Valores de Estados Unidos”, afirmó Rubio, al referirse al incremento de las acciones represivas de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Estados Unidos ha sancionado a seis altos funcionarios de la dictadura, entre ellos, la vicepresidente designada Rosario Murillo; ha revocado visas a decenas de funcionarios y sus familias, y recientemente fue aprobada la Nica Act, que sancionará a corruptos, violadores de derechos humanos y sus cómplices.
Distintos sectores sociales han cuestionado que los cuerpos paramilitares que operan al margen de la ley y son financiados por el régimen sandinista, lo hagan a vista y paciencia del mando de las fuerzas armadas en Nicaragua.
Ejército y empresarios
Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y director del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), con sede en Miami, considera que existen dos sectores en Nicaragua a los que califica de “cómplices de la dictadura”, que a juicio del experto son el Ejército de Nicaragua y los grandes empresarios privados.
Según el experto, la dictadura se sostiene por la falta de definición de estos dos sectores con poder en Nicaragua, que considera deben tomar una posición clara o forzarlos desde la comunidad internacional a definirse.
“Si los grandes empresarios nicaragüenses y los mandos militares nicaragüenses dejan de apoyar directa e indirectamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo, ese régimen cae rápidamente. Pero si siguen en la duplicidad, en el juego doble, que no participan, que censuran al régimen (en el caso de los empresarios), cuando en realidad lo apoyan, ese régimen va a durar largamente, y los empresarios van a quedar calificados como los empresarios de la dictadura y las Fuerzas Armadas van a pagar el precio por estar al servicio del régimen”, enfatizó.
La aplicación de la Carta Democrática, cuyo inicio de proceso anunció el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el jueves en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar la crisis en Nicaragua, es para Sánchez Berzaín un paso importante, pero considera no es una “amenaza creíble”, que debería estar dirigida a empresarios y militares. Sin embargo, reconoce que es la herramienta que tiene a su alcance la OEA.
Más que aislamiento
La aplicación de la Carta Democrática significará mucho más que aislamiento para el régimen sandinista, sostiene el experto, pero señala que a la dictadura no le importa.
“En Nicaragua se está reproduciendo la metodología y la agenda castrista ya aplicada en Venezuela y en preparación en Bolivia, no les importan las acusaciones y las sanciones que les impongan, el único objetivo que tiene la dictadura como la de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia es retener el poder indefinidamente a como dé lugar, por eso es necesario una amenaza creíble y acciones concretas para que el régimen deje el poder”.
Amenaza creíble, para el politólogo, serían sanciones dirigidas a los empresarios que apoyan a Ortega y al Ejército.
“(Señalar) a los empresarios privados con nombre y apellido que están soportando al régimen de Nicaragua, que pierdan el ingreso a otros países, que sus bancos no puedan operar internacionalmente y van hacer puestos (sus nombres) en la lista (de los implicados) con la dictadura. Igualmente, con los jefes militares. No puede ser que los hijos de la gente que está masacrando al pueblo de Nicaragua estén estudiando en los Estados Unidos, o que tengan (cuentas) bancarias en Europa”, subrayó Sánchez Berzaín.
“No puede ser que la gente vinculada al régimen con bancos, con grandes empresas en Nicaragua, estén operando libre en el sistema internacional”, afirmó el analista político.
Más presión en 2019
El senador Marco Rubio adelantó que Estados Unidos continuará la presión contra la dictadura Ortega Murillo durante el 2019. Señaló que, aunque Estados Unidos y ningún otro país tienen una solución mágica para resolver la crisis en Nicaragua, continuarán las sanciones hasta que el régimen dictatorial deje el poder.
“Quisiéramos ver más participación de otros países presionando igual contra el régimen de Nicaragua y que nunca se acepte como legítimo lo que han hecho a ese país (Nicaragua). Seguiremos presionando en el Año Nuevo, pero lo que nos corresponde a nosotros es asegurarnos de que los responsables paguen por sus acciones y que sepan que hay más precio a pagar si continúan”, advirtió.
“Ya hay individuos que rodean a Ortega y Murillo que no tienen derecho a entrar al país, que no pueden disfrutar de las propiedades que tienen acá, del dinero que tienen en las cuentas bancarias de Estados Unidos o del oeste, y seguiremos buscando oportunidades de castigar a esas personas hasta que abandonen el poder para no seguir violando los derechos humanos”, aseguró el senador estadounidense.
Convención de Palermo
El director del Instituto Interamericano para la Democracia es de la opinión que otro instrumento jurídico que debe ser aplicado al régimen de Nicaragua es la Convención de Palermo; se trata de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, un tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional, aprobado en el año 2000.
“Nicaragua es signatario de la Convención de Palermo, es una buena medida que pone al Gobierno de Nicaragua al margen de la ley internacional, porque es un gobierno criminal”, aseveró Sánchez Berzaín