Agenda transnacional, régimen de facto y dictadura en Bolivia

(Diario Las Américas) Las maniobras delictivas para instalar y perpetuar dictaduras reclamando condición de democracias sucedieron en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Nicaragua con Daniel Ortega, en Ecuador con Rafael Correa y en Bolivia con Evo Morales. Ahora, en el mismo modelo, el tribunal plurinacional del régimen, usando la falacia de que “la reelección indefinida es un derecho humano”, cumple la agenda transnacional del castrochavismo para consolidar y sostener en Bolivia el régimen de facto del dictador Evo Morales.

“De facto” es un régimen “de hecho, impuesto por la fuerza y sin legitimidad”. Establecer las dictaduras del siglo XXI con jefes e impunidad indefinidas es una agenda criminal que pasa por el acceso al poder con falsedades populistas, manipulación electoral, destrucción del sistema de partidos políticos, suplantación de la Constitución y del sistema legal, control de todos los poderes, destrucción de la institucionalidad del Estado, persecución política judicializada con presos y exiliados políticos, manipulación de la justicia, dogmática castrista y antiimperialista, implantación de un sistema de miedo con premios y castigos, destrucción de la libertad de prensa, asesinato de la reputación de los opositores, estatismo y corrupción sin límites, narcotráfico, vínculos y soporte al terrorismo,… opresión, crisis y gobiernos de facto de delincuencia organizada.

Es la metodología fundada en la mentira permanente y progresiva, en el engaño sostenido y en la comisión de todos los delitos necesarios con impunidad garantizada por la permanencia indefinida en el poder. La aplicación mejorada -con careta de democracia- del sistema de la dictadura castrista de Cuba que los mantiene 60 años en el poder. Es la sucesión de crímenes que van desde la simulación de la condición de víctimas y defensores de derechos humanos, hasta la eliminación política y/o física de los opositores, destruyendo la política para tener una oposición engañada, domesticada, simulada, funcional, falsa o inexistente.

Lo que sucede ahora en Bolivia para permitir que Evo Morales sea candidato el 2019, con elecciones fraguadas y fraude electoral para que se perpetúe en el poder, ya sucedió en Venezuela con Hugo Chávez cuando perdió el referéndum de 2 de diciembre 2007, en el que los venezolanos dijeron NO a la reelección indefinida, pero Chávez manipuló y gobernó hasta su muerte el 5 de marzo de 2013; ya aconteció en Ecuador con Correa el 2015 cuando con la Asamblea Legislativa del régimen aprobó la reelección indefinida prohibida en la propia constitución correista; ya lo hizo Ortega en Nicaragua en enero de 2014 cuando reformó la constitución para la reelección indefinida luego de maniobras judiciales y legislativas. Todos fueron actos criminales que rompieron la democracia.

En Bolivia, Evo Morales ejecutando el acta del derrocamiento del año 2003 denominada la “agenda de Octubre”, suplantó la ley de necesidad de reforma constitucional introduciendo como falsificación la “asamblea constituyente”, cambiando totalmente el texto del Art. 232 y haciendo que por ley 2631 se cometan los delitos de falsedad, alta traición y otros, con reiterada ruptura de la democracia. Luego Evo Morales impuso a sangre, fuego y sobornos su constitución plurinacional el 2009 con las masacres de Cochabamba, Porvenir en Pando, Hotel las Américas en Santa Cruz, la Calancha en Sucre y otras; falseó la facultad de “interpretar la Constitución” por ley 3941 para redactar una constitución en el molde castrochavista, liquidando la República de Bolivia, logrando que la oposición del momento proclamara que era la constitución de la “unidad nacional”, engañándolos o convenciéndolos de que se reelegiría solo una vez consecutiva, rompiendo otra vez la democracia con fraude en el referéndum incluido. Y se reeligió de inmediato el 2009.

El 2014 Evo Morales ya no podía ser candidato por su propia constitución, pero un fallo del tribunal constitucional plurinacional lo habilitó con el argumento de que la primera elección de 2005 había sido en la “inexistente Republica de Bolivia” y que habiendo sido fundado el estado plurinacional el 2009 la reelección de 2014 era la primera para Evo Morales. La oposición desesperada sacó un “documento secreto” acordado entre Morales y la oposición con garantía de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Insulza, en el que Morales se comprometía expresamente a no ser candidato el 2014, pero el reclamo solo sirvió para el silenciamiento y posterior retiro del segundo de Insulza de la OEA. Volvió a morir la democracia.

Luego de su tercera elección consecutiva el 2014, Evo Morales indujo un referéndum para perpetuarse en el poder y Bolivia dijo NO el 21 de febrero de 2016. Pero la agenda castrochavista no cambia y con la falacia de su “derecho humano de ser candidato indefinidamente” acaba de digitar la “sentencia infame” de su tribunal constitucional, el mismo órgano que lo habilitó ilegalmente para el 2014 y que le tapa todos sus crímenes de Estado, declarando constitucionales las persecuciones políticas, los enjuiciamientos falaces, la irretroactividad de las leyes infames del régimen, la corrupción, la ampliación de los cultivos de coca para el narcotráfico…

Acabaron con la democracia en Bolivia con el derrocamiento del 2003, con la ley de necesidad de reforma de 2004, con la constituyente de 2008 y la constitución plurinacional de 2009, con la prohibida reelección de Evo Morales el 2014, y ahora -es la quinta vez- con la “sentencia infame” de 2017. Está claro que el régimen que detenta el poder en Bolivia es DE FACTO y que Evo Morales es DICTADOR, pero la agenda sigue y ahora viene la puesta en escena de llevar a los bolivianos a las elecciones de 2019, haciéndoles creer que Morales puede perder, que la oposición se puede unir, que pueden ser elecciones limpias, que se puede sacar una dictadura con votos… La tramoya castrochavista en Bolivia está solo unos pocos capítulos atrasada frente a la de Venezuela, pero con el mismo objetivo de consolidar y perpetuar dictaduras en países intervenidos.

*Abogado y Politólogo. Director del Intermerican Institute for Democracy