Asamblea Nacional de Venezuela debe cesar ramas tiránicas del poder nacional

Carlos Sánchez Berzaín
22 de octubre de 2016

(Diario Las Américas) La situación de Venezuela alcanza niveles de extrema gravedad ante la contumaz actitud de Nicolás Maduro que indiferente a la crisis humanitaria a la que somete a su pueblo, para evitar ser revocado y mantener impunidad, digita todos los órganos del poder público con excepción de la Asamblea Nacional a la que acosa, interfiere e incluso suplanta. Las acciones del gobierno venezolano para mantenerse en el poder son actos no democráticos, constituyen tiranía, y la obligación constitucional de la Asamblea Nacional es ejercer sus competencias para restaurar la democracia cesando a las ramas tiránicas del Poder Nacional.

Maduro que fue el señalado sucesor de Hugo Chávez, empezó como un gobernante autoritario con serios cuestionamientos de legitimidad, se convirtió muy pronto en un dictador emulando a su mentor, y en su desesperación de mantenerse en el poder es ahora un “tirano”, o sea “un individuo que tiene contra derecho el gobierno de un Estado y lo rige sin justicia y a la medida de su voluntad”. La manipulación abierta y descarada de los poderes Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral puesta en evidencia desde diciembre de 2015, hacen de estos poderes ramas tiránicas porque “el uso abusivo y cruel del poder que usurpan, un poder injusto en su ejercicio que reprime la oposición y que evita el cumplimiento de la Constitución”

Como satélite de la dictadura cubana y aplicando la estrategia castrista para retener el poder a como de lugar, Maduro se ha burlado de los mecanismos constitucionales que la oposición le brindó para una salida institucional, ha despreciado las acciones internacionales, ha ganado tiempo para blindar su régimen y ha justificado con creces el informe Almagro que activó la Carta Democrática Interamericana. Nadie ecuánime en el mundo duda hoy sobre la naturaleza dictatorial del régimen venezolano. La crisis económica es ya una crisis humanitaria que Maduro utiliza para perpetuarse administrando el hambre, la escasez y el miedo como herramientas de poder en el marco de la prebenda populista y la represión castrista.

Desde su derrota en las elecciones legislativas de 2015 y cuando la oposición unida tomó la mayoría del Poder Legislativo, todas las acciones del régimen por medio del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Electoral y del Poder Ciudadano han estado destinadas a desconocer las potestades de la Asamblea Nacional y evitar que el referéndum revocatorio se realice el año 2016. Han demostrado al mundo que en Venezuela no existe división ni independencia de los órganos del poder público , que no existe estado de derecho, que el Poder Judicial es un apéndice del Ejecutivo, que el Poder Electoral es una dependencia del Ejecutivo lo mismo que el Poder Ciudadano; que existen y aumentan los presos y exiliados políticos, que se cometen crímenes de estado, que la corrupción es un elemento esencial del régimen, que se violan sistemáticamente los derechos humanos, que no hay libertad de prensa, y que la pelea de fondo es por impunidad para los integrantes del régimen (nuevos ricos y muchos de ellos señalados autores del narco estado en que han convertido a su país).

Los actos tiránicos inician con el nombramiento de militantes como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de que la ya elegida Asamblea Legislativa tome posesión; son los fallos del TSJ contra la Asamblea Legislativa (33 en 10 meses) y de jueces encargados de la represión política que enjuician, cautelan y persiguen a los opositores y ahora ordenan paralizar la recolección de firmas para el revocatorio; son las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de sus dependencias como el convertir el 20% nacional de firmas necesarias para el revocatorio en estatal, la reducción de tiempos, la disminución de centros electorales, la paralización del proceso por ordenes de juzgados estatales; es la criminalización de la política y la judicialización de la represión, y mas.

Frente a esto –usando la terminología de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- al Poder Público Nacional solo le queda un componente democrático y es el Poder Legislativo Nacional integrado por la “Asamblea Nacional”, a la que de acuerdo al Art. 187 Inc 1 de la Constitución le corresponde “legislar……… sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”, esto es sobre el funcionamiento de los poderes Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. El art. 138 de la misma Constitución establece que ”toda autoridad usurpada es ineficaz y su actos son nulos”, pero los usurpadores mandan, persiguen, tiranizan.

Corresponde a la Asamblea Nacional hacer uso de su facultad constitucional de legislar “sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional” disponiendo la cesación de las ramas usurpadoras y tiránicas por hechos que comprometen los “Principios Fundamentales de la República de Venezuela” expresados en el Art. 1 de la Constitución, que proclama la República como “irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”. La Asamblea Nacional tiene la obligación de hacer cumplir el Art. 2 de la Constitución que manda “Venezuela se constituye en Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

Los partidos y ciudadanos que integran Asamblea Nacional de Venezuela tienen la obligación ineludible, el desafío y la oportunidad histórica de salvar a su pueblo, a sus mandantes, mediante la simple cesación de las ramas tiránicas el Poder Nacional.