Carlos Sánchez Berzaín
04 de noviembre de 2015
(Diario Las Américas) La deserción del fiscal venezolano Franklin Nieves, quien ha confesado que en cumplimiento de sus funciones ejecutó la orden dictatorial de acusar al líder opositor Leopoldo López, ha puesto nuevamente en evidencia la naturaleza y propósito de los fiscales y jueces de las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI. En lugar de ser garantes de la libertad y aplicar el derecho, son instrumentos del aparato de persecución y represión política en que han sido convertidos los sistemas de justicia de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Son fiscales y jueces convertidos en verdugos.
La libertad del ciudadano está garantizada por el principio de “separación e independencia de los poderes públicos”, un elemento esencial de la democracia, destinado a impedir que un gobernante concentre el poder en sí mismo. Se trata del sistema de “frenos y contrapesos” (checks and balances) por el que ninguna rama del poder debe ser dominante o suprema. Es la separación de funciones del poder, base del “estado de derecho” en el que el judicial tiene el rol de administrar justicia, controlar la legalidad y la constitucionalidad de los actos de los otros poderes, garantizando que están sometidos al imperio de la ley.
Cuando la garantía de libertad establecida por la separación e independencia de poderes desaparece, como ha sucedido en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, donde con el mismo tipo de artificios, simulaciones y crímenes se ha concentrado todo el poder en un individuo convertido en “supremo” que pretende “gobernar para siempre”, estamos frente a una dictadura. El problema es más grave cuando esas dictaduras -Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua- se presentan como democracias simulando división de poderes, legalidad y estado de derecho.
Este es el contexto del fiscal Franklin Nieves y de los fiscales y jueces de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, hoy. Es el “sistema de los fiscales y jueces del Socialismo del Siglo XXI”, establecidos como simples operadores judiciales de la voluntad del dictador y de su entorno. El modelo judicial del Socialismo del Siglo XXI es de dependencia absoluta del poder, por eso lo han reformado y ajustado desde sus constituciones hasta sus leyes en varias ocasiones, para convertirlo en “un mecanismo servil” que legalice las arbitrariedades, abusos y violaciones del gobierno, que encubra su corrupción, que sirva de mecanismo de castigo ejemplar a quienes resistan o se opongan al poder del dictador. Jueces y fiscales del Socialismo del Siglo XXI son el aparato de represión del régimen, como en Cuba desde hace más de 50 años.
Los fiscales y jueces del Socialismo del Siglo XXI son los “verdugos en la dictadura” porque son los “encargados de ejecutar” las decisiones y órdenes del dueño del poder total, de los Castro en Cuba, de Chávez y Maduro en Venezuela, de Rafael Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia y de Daniel Ortega en Nicaragua. Solo hay que recordar que es Maduro quien ordenó públicamente la detención y condena de Leopoldo López y de decenas más, como era Chávez quien señalaba desde la televisión a sus víctimas ordenando detenciones y condenas a sus fiscales y jueces; recordar que es Correa en Ecuador el que pidió y obtuvo sentencia contra el Diario el Universo condenando a empresarios y periodistas, el mismo que desde la televisión dicta acusaciones, confiscaciones y condenas que sus verdugos cumplen; recordar que es Evo Morales el que derrocó, acusó y persigue “con su justicia” al Presidente Sánchez de Lozada y su gabinete, mantiene presos políticos a los miembros del Alto Mando Militar de la República de Bolivia con sentencia de sus jueces verdugos; que es la justicia de Daniel Ortega que impide investigaciones en su contra por las denuncias de delitos internacionalmente difundidos.
Los “fiscales y jueces verdugos” en el Socialismo del Siglo XXI son garantía de estabilidad del régimen porque son la “expresión del miedo”, de lo que le puede pasar al ciudadano si se atreve contra el gobierno o uno de su miembros, protegidos o asociados. Son la seguridad para mantener la “impunidad” en regímenes que no sobreviven sin corrupción. En las dictaduras militares de los setenta los presos políticos eran tomados violentamente y hoy en las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI, los presos políticos son citados y acusados por fiscal y condenados por jueces. Es la institucionalidad de la represión. La peor amenaza en las dictaduras de hoy es una investigación, una acusación o un juicio, porque se sabe que esto equivale a una sentencia, es un linchamiento, con “asesinato de la reputación” por medio.
Como el fiscal Franklin Nieves de Venezuela, ya vimos al fiscal Marcelo Soza de Bolivia, el verdugo para encubrir la masacre de Evo Morales en el hotel Las Américas falseando y acusando a centenas de bolivianos hoy presos o exiliados, y que pidió asilo en el Brasil. Vemos al Dr. Cusi, magistrado del tribunal constitucional del estado plurinacional de Evo Morales, enjuiciado en Bolivia y denunciando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vemos cubanos que han pasado por esas funciones tratando de adaptarse a la vida en libertad. Y ciertamente veremos más, porque el oficiar de verdugo en lugar de ser garante de la libertad y del derecho es tan insostenible como las mismas dictaduras.
Sería deseable que ningún abogado se prestara a ser verdugo en las dictaduras, pero los hubieron en el fascismo de Hitler, en la URSS de Stalin y en todas las dictaduras. En rescate de quienes optan por desertar, hay que reconocer su aporte a la denuncia y prueba de que los sistemas de justicia del Socialismo del Siglo XXI son aparatos de represión judicial criminalizada, y que los fiscales y jueces son solo verdugos o ejecutores de las omnipotentes decisiones y sentencias de los dictadores contra los defensores de la libertad y la democracia..