Los infames sistemas jurídicos del socialismo del siglo XXI

Carlos Sánchez Berzaín
05 de agosto de 2015

(Diario Las Américas) Los países controlados por el socialismo del siglo XXI han sufrido la suplantación de sus constituciones políticas y ahora son regidos por instrumentos que constituyen la base institucional de leyes y disposiciones con las que sistemas dictatoriales salidos de procesos electorales gobiernan simulando legalidad, cuando en verdad violan los derechos humanos de los ciudadanos. Estos sistemas jurídicos son en verdad fraudulentos mecanismos para ejercer el poder de hecho, se trata de “infames sistemas jurídicos”.

Un sistema democrático garantiza esencialmente el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de la persona. La vida, la libertad, la igualdad, la dignidad, la protección ante la ley, el no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, la presunción de inocencia, la protección de la honra y reputación, la nacionalidad, la propiedad, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión y de expresión, tribunales independientes e imparciales, circular libremente, participar del gobierno de su país, la seguridad, etc. Todos estos son derechos universales, garantizados incluso en los textos constitucionales de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

Una de las primeras trampas para institucionalizar la simulación democrática ha consistido en las denominadas reformas constitucionales que sientan las bases para terminar con la democracia. Ninguno de los regímenes respeta que una república se fundamenta en “el imperio de la ley y la igualdad ante la ley como forma de frenar los posibles abusos de las personas que tienen mayor poder, del gobierno y de las mayorías, con el objeto de proteger los derechos fundamentales y la libertades”.

Con la representación mayoritaria que se atribuyen, o que en algún momento obtuvieron pero que luego sostuvieron o ampliaron en base al fraude, convirtieron el poder legislativo en el instrumento de creación de normas para concentrar todo el poder político, comenzando con el sistema electoral, el judicial, administrativo, de fiscalización, las fuerzas armadas y policiales, las organizaciones sociales, sindicales y hasta deportivas. También para la creación de normas destinadas a garantizar la impunidad, liquidar la transparencia y acabar con cuanta oposición o resistencia se les ponga al frente. La ley es un “precepto…. en el que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”. Han copiado, o les han impuesto, lo mas próximo al sistema “legal” de la Cuba castrista.

De esta manera crearon “su propia legalidad que no es lícita ni legítima”. Así resulta hoy “legal en Venezuela” la reelección fraudulenta de Maduro, la inhabilitación de María Corina Machado; los presos políticos como Leopoldo López; los estudiantes asesinados, apaleados y presos; el fraude que se ejecuta para las elecciones del 6 de diciembre, etc. Resulta “legal en Ecuador” supresión de la libertad de prensa y de expresión por medio de la ley mordaza; los juicios de Correa pidiendo indemnizaciones millonarias como el caso El Universo; el encarcelamiento de indígenas y la arbitraria disposición de sus tierras; la confiscación de canales de televisión para uso del gobierno, etc. Resulta “legal en Bolivia” la re-reelección de Evo Morales prohibida por su propia constitución; la simulación de casos de terrorismo para encubrir masacres ordenadas por el gobernante como la del Hotel la Américas, El Porvenir y otras; el encubrimiento de las mas de 17 masacres con decenas de muertos cometidas por Evo Morales en su gobierno; la reducción a condición de presos políticos de los miembros el Alto Mando Militar de 2003 por haber defendido la Constitución frente a la sedición de Morales; el avasallamiento de los territorios indígenas del Tipnis para ampliar los cultivos de coca ilegal; etc. Resulta “legal en Nicaragua” la impunidad de Ortega frente a las denuncias de violación de su hijastra; el nombramiento de la esposa de Ortega como canciller en funciones para hacer viajes oficiales; la reforma constitucional para permanecer indefinidamente en el poder; etc.

Son comunes a los regímenes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que actualmente sea “legal” en esos países: el control de los bancos centrales y del sistema económico; la visible y repentina riqueza de sus gobernantes; la compra empresas productivas, de servicios y de medios de comunicación; el centralismo y el estatismo; la persecución política judicializada; las cuentas secretas de los gastos del jefe del estado y su entorno en viajes, compras, seguridad etc; la inmunidad e impunidad de los dictadores y sus entornos ante cualquier denuncia de corrupción o crimen, en el que los denunciantes terminan acusados, presos o exiliados; las no reveladas y eventualmente no registradas remisiones de dineros y recursos a la dictadura castrista y a otros proyectos políticos regionales; la prosperidad súbita de sus familiares…….

Cada lector puede agregar casos notorios y de público conocimiento en los que es “legal” el abuso, la corrupción, el ejercicio arbitrario del poder y en suma la violación de los derechos humanos por parte de estos gobiernos. Son, junto al de Cuba, los “infames sistemas jurídicos del socialismo del siglo XXI”