Carlos Sánchez Berzaín
22 de julio de 2015
(Diario Las Américas) Los gobiernos con denominación de democracias que integran el socialismo del siglo XXI, ponen en evidencia su verdadera naturaleza de dictaduras con sus propios actos. Son las acciones y decisiones de los jefes de gobierno y de los regímenes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que muestran su condición ajena y reñida con la democracia. Se trata de gobiernos y sus jefes que de manera habitual y repetida, como política, prueban que son dictaduras y dictadores.
La denominación de “dictadura” o “dictador” espanta a los gobernantes del socialismo del siglo XXI y por eso, comenzando por el régimen castrista de Cuba cuya condición de dictadura no necesita prueba alguna, realizan esfuerzos de propaganda, encuestas y protocolo para obtener y mantener la denominación de “presidentes”. En este propósito han tratado de marcar en el imaginario colectivo la idea de que la denominación de dictadura corresponde solo a los regímenes militares del siglo pasado, pero sobretodo y que con elecciones no puede haber dictadura. Como parte de su estrategia vemos a los dictadores castristas vestir mas trajes y corbata o ropa deportiva que sus tradicionales uniformes de campaña.
Una “dictadura” es un “gobierno que bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte, mayor o menor del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país”, se trata de “un gobierno que impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente”. Un “dictador” es una “persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica” , es el individuo que “abusa de su autoridad”. Los dictadores buscan siempre la “permanencia indefinida en el poder”.
Aplicando estos conceptos elementales y universalmente aceptados a los gobernantes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua se prueba que todos, sin excepción, imponen su autoridad como resultado de la violación de la legislación anteriormente vigente. Comenzando por la constitución política han “suplantado” la legislación con mecanismos ilegales y forzados, reemplazándolos por un sistema que concentra todo el poder, para ejercerlo sin limitación alguna. Han creado normas e instituciones que en lugar de ser la base del “estado de derecho” son el fundamento del “estado dictatorial”. Algunos ejemplos son los mecanismos electorales para cometer fraude a favor del régimen en todas y cada una de las elecciones, las normas contra la libertad de prensa (leyes mordaza), la manipulación de licencias para medios de comunicación, la retroactividad de la ley solo para encarcelar opositores, la impunidad de los miembros de la dictadura en temas de corrupción y hasta de narcotráfico.
La forma de organización que hizo desaparecer la “división e independencia de los poderes públicos” y el “estado de derecho”, la existencia de perseguidos, presos y exiliados políticos, la utilización de los jueces para la represión política y el control de prensa, son expresiones usuales de las dictaduras. Pero además, las acciones de los gobernantes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en casos concretos y reiterados, ratifican en el diario vivir cuan bien les corresponden las definiciones y denominaciones de dictaduras y dictadores.
En las últimas semanas, en Venezuela el Gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado el fraude para la simulación electoral del 6 de diciembre, ha inhabilitado a cuanto candidato no oficialista le puede ganar, comenzando por María Corina Machado, mientras la popularidad del jefe y de su gobierno se arrastra en torno al 15 por ciento. En Ecuador, Rafael Correa bajo presión de masivas protestas ha sido señalado de pretender “organizar fuerzas de choque engranadas con su partido para confrontar la protestas”, en un esquema de grupos paramilitares ya utilizado por la dictadura en Venezuela bajo la denominación de “círculos bolivarianos” hoy conocidos como “colectivos” y ha puesto en marcha toda la metodología castrista de control social incluyendo el asesinato de la reputación de los líderes de oposición.
En Bolivia Evo Morales utilizando su aparato judicial, acaba de encarcelar al exgobernador del departamento del Beni Carmelo Lenz, en la repetición de una maniobra ya ejecutada anteriormente contra 5 gobernadores (2 exiliados, 2 perseguidos, 1 preso), destinada a su eliminación política. En Nicaragua la transferencia del canal 2 de televisión a nombre del mexicano Ángel González se ha calificado como el último “zarpazo de Daniel Ortega”, que de esta manera solo repite lo hecho en los otros países del grupo, donde han confiscado, forzado ventas y liquidado medios de comunicación privados con el objeto de controlar las noticias y la opinión pública.
No se trata de acciones aisladas. Son hechos de la administración diaria en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Es su organización y su política.