(Diario Las Américas) MIAMI.- El 18 de febrero se cumple un año de la detención del preso político más importante del socialismo del siglo XXI. Las protestas que comenzaron el 12 de febrero de 2014 en Venezuela, y que aún no concluyen, han podido ser controladas hasta ahora por medio de la represión, manteniendo al gobierno en el poder, pero causándole el mayor daño político que podría sufrir. La estrategia de la dictadura en este asunto la ha llevado a la encrucijada en que la liberación de Leopoldo López es la caída de Nicolás Maduro y su régimen.
Un preso político es una persona privada de su libertad porque sus ideas y/o su acción política representan un peligro para el gobierno. La condición de preso político es en sí misma un acto de arbitrariedad y de violación a los derechos humanos. Sólo existe en los estados no democráticos, o sea en los que la vigencia del estado de derecho ha desaparecido.
En un sistema democrático, lo que evita la existencia de presos políticos es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la prensa libre, un poder judicial fundado en la separación e independencia de los poderes públicos, la prohibición de la permanencia indefinida en el poder, en suma, la vigencia de la ley por encima de la voluntad de cualquier individuo.
En democracia, el oponente político es un “adversario” al que se puede convencer o vencer en el marco de la institucionalidad previamente establecida y por voluntad popular. Para los dictadores, el oponente político es un “enemigo” al que sólo se debe eliminar política y hasta físicamente. Una de las formas de corto plazo para tal eliminación es la privación de libertad y el sometimiento a condiciones que pueden terminar con su prestigio, su viabilidad política e incluso su salud y capacidad física. Por eso, preso político es convertir una opción, un líder, un idealista, en un criminal o en una miseria humana, o es una manera de terminar con él.
En democracia, el eje de confrontación es la toma del poder en función de la decisión popular mediante elecciones justas, limpias, y periódicas. En dictadura, el eje de confrontación se traslada -por la esencia misma del sistema- a la eliminación de cualquier oponente con opciones de tener simpatías populares o de tomar el poder. Este es el delito de Leopoldo López, María Corina Machado y los miembros de su movimiento político en Venezuela, el tremendo crimen de ser una alternativa a la dictadura que enajenó la patria, la sometió a poder extranjero y la transformó en una tierra sin libertad y con crisis.
El preso político está acusado de todo y no es culpable de nada. Se le imputan los crímenes que han cometido el dictador y su régimen. La responsabilidad y autoría de la dictadura en los hechos de violencia son volcadas contra las propias víctimas por un sistema judicial corrupto y sometido al poder totalitario. Se aplica la criminalización de la política, la judicialización de la represión y el asesinato de la reputación de los injustamente acusados.
La condición de preso político supone una condena indefinida y caprichosa de privación de libertad. Se está preso mientas el dictador lo necesite y mientas convenga al mantenimiento del régimen. Si el preso no se doblega, no reniega de sus ideas, mientras no se “quiebre”, o mientras no se lo pueda “canjear” neutralizándolo, sigue preso. Esta es la situación de Leopoldo López, pero para desencanto de la dictadura, este preso político lo sabe, lo dice y no parece tener la menor intención de someterse o de ser canjeado. En un año no lo han quebrado y lo que se quiebra y rompe es la dictadura.
La dictadura venezolana esta atrapada en su propia trampa. Ha hecho del preso político la opción real de recuperación de la democracia en Venezuela, lo ha victimizado y le ha abierto el camino presidencial. La estrategia castrista aplicada en Venezuela ha logrado que hoy, la liberación de López sea la caída de Nicolás Maduro. Si López sigue resistiendo, estaremos viviendo la crónica de un dictador que cae y de un presidente democrático que viene.