Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
06 de junio 2008. – La condición de asilo político otorgado por Estados Unidos al ex ministro de Defensa boliviano, Carlos Sánchez Berzaín, acusado de genocidio durante el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, generó disgusto en Bolivia pues, según las autoridades de ese país, el gobierno estadounidense se ha convertido en protector de delincuentes.
El ex ministro reveló, durante una entrevista exclusiva con Radio Flores, que hace más de un año obtuvo la condición de refugiado político en Estados Unidos, a donde huyó tras las manifestaciones de octubre de 2003, que desencadenaron la salida del poder de Sánchez de Lozada.
«El asilo político representa que yo soy un perseguido político y no puedo volver a mi país porque no hay las garantías para que me defienda», justificó Berzaín.
Este jueves, durante un acto en el Palacio de Gobierno, el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuestionó la decisión del gobierno estadounidense de proteger al ex ministro de Defensa.
«No es posible que el gobierno de Estados Unidos sea el protector de los delincuentes, protector de la gente que ha hecho mucho daño, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica», expresó Morales.
El mandatario boliviano indicó que es necesario que todos los gobiernos hagan un aporte para hacer justicia.
Por su parte, el viceministro boliviano de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, en rueda de prensa dijo que Estados Unidos le estaría haciendo un favor al cerco de encubrimiento e impunidad al juicio en contra de los principales responsables de la masacre.
Ricardo Sánchez, dirigente del Movimiento Al Socialismo, expresó que con esta acción «Estados Unidos está confirmando que es un asilo de terroristas, un asilo de delincuentes».
Antonio Peredo, senador del MAS, recordó que «cuando Venezuela pidió la extradición del dictador Pérez Jiménez, lo declararon asilado político, los dictadores son asilados políticos en Estados Unidos», enfatizó.
Se sospecha que la condición de asilo otorgado a Sánchez Berzaín también favorece al ex presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada.
El Gobierno boliviano solicitó este año a las autoridades estadounidenses la extradición de Sánchez de Lozada y de Barzaín para que respondan por los delitos que se le imputan.
En octubre de 2003, una rebelión popular se opuso firmemente a la enajenación del gas y su posterior venta a Estados Unidos por un puerto chileno; además demandó la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
La reacción del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fue una dura represión militar que causó la muerte de 65 personas y dejó al menos 400 heridas; de estas, otras nueve víctimas fallecieron por las graves secuelas de sus lesiones.
Tanto Sánchez de Lozada como Berzaín presentan una demanda civil por los representantes de las víctimas de los sucesos, que acusan a ambos de genocidio por haber ordenado la represión.
Sin embargo, durante la entrevista, Berzaín manifestó que la acusación de genocidio que pesa sobre él y Sánchez de Lozada ofende la racionalidad jurídica.
El ex ministro es uno de los acusados más requeridos en el juicio de responsabilidades que se tramita desde hace cuatro años.