El ejercicio dictatorial en Ecuador

En los Gobiernos de las dictaduras del siglo XXI se producen violaciones a los derechos humanos y al estado de derecho que no son posibles ni aceptables en democracia. Son actos que demuestran el ejercicio dictatorial del poder, en el que el presidente y su Gobierno se han puesto por encima de la ley y en ocasiones son la ley, que manipulan a su capricho y según su interés.

El expresidente y académico ecuatoriano Osvaldo Hurtado estableció en su libro Las dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano, el concepto de dictaduras civiles para denominar a los personajes que –entre otros elementos- llegaron por elecciones democráticas a la presidencia , terminaron con la institucionalidad democrática, cambiaron Constituciones y leyes, concentran todos los poderes del Estado bajo su control, buscan permanecer indefinidamente en el poder, usan la justicia para perseguir, violan los derechos humanos como política de estado acusando de sus crímenes a sus víctimas, terminan con la libertad de prensa, y en suma han establecido regímenes dictatoriales. En esta condición están hoy los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

En el caso de Ecuador existen informes como el de Human Rights Watch 2014, el de Fundamedios denominado “El Silencio Asfixiante”, la Sociedad Interamericana de Prensa, innumerables denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, libros y casos como el del diario El Universo, demuestran la conducta dictatorial del presidente Rafael Correa y de su gobierno.

Pero en las últimas semanas se han producido y puesto en marcha hechos que son la expresión política de un régimen no democrático. En el extremo de violación a la libertad de prensa y de expresión, el caricaturista Bonil fue obligado a pedir disculpas públicas al dictador por una caricatura en la que mostraba el allanamiento al hogar de Fernando Villavicencio por este mismo caso.

El gobernante ecuatoriano ha logrado esta semana la detención del activista y médico Carlos Figueroa a quien, el propio Correa como en otros casos, enjuició e hizo condenar con su sistema judicial por “injurias”. El nuevo preso político ecuatoriano está condenado junto con el asambleísta de izquierda Clever Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio (aún perseguidos), por haber denunciado que Correa ordenó la incursión armada al Hospital de la Policía el 30 de septiembre de 2010 para ser rescatado durante una revuelta policial. Además de la pena privativa de libertad la justicia dictatorial ecuatoriana ha condenado a las víctimas a pagar a Rafael Correa la suma de 140.000 dólares americanos.

El régimen ecuatoriano ha presentado el denominado “Código Monetario y Financiero” como si fuera una ley para la banca, buscando en verdad afectar los recursos de todos los ecuatorianos porque los dineros privados depositados en la banca ecuatoriana terminarán en manos del gobierno, sin garantía de la dolarización sino de un dinero electrónico emitido por el régimen ecuatoriano que ahora desfinanciado y deficitario, generará una inflación como la que hoy sufre su modelo cubano-venezolano.

Correa ha propuesto a la Asamblea legislativa que controla, y está a punto de concretar un paquete de reformas a la Constitución de Ecuador con el disfraz de “enmiendas”, que incluyen su reelección indefinida, sin consulta popular y luego de haber negado la posibilidad de un referéndum. De esta manera Correa –igual que su modelo Hugo Chávez- podrá simular democracia haciendo elecciones para instituir indefinidamente su régimen dictatorial.

Los perseguidos por la justicia del régimen dictatorial ecuatoriano son más, el exilio ecuatoriano crece, las demandas de extradición se usan como temas de política interna como en el caso del ex presidente Yamíl Mahuad, y otras víctimas que no tienen ninguna posibilidad del sagrado derecho de defensa y del “debido proceso”. El asambleísta Andrés Páez ha denunciado y demostrado que los jueces que dictan estas condenas han sido puestos en sus cargos por decisión política de la dictadura en violación de los procedimientos establecidos por ellos mismos. Si el Ecuador de hoy fuera una democracia, nada de esto debería estar pasando.

*Director del Interamerican Institute for Democracy