Los jueces de las dictaduras del siglo XXI

El procedimiento y la determinación del sistema de justicia de la dictadura de Maduro ha ordenado abrir juicio contra el opositor venezolano Leopoldo López, negándole la libertad mientras es procesado. Esto pone en evidencia una vez más cómo actúan los jueces de las dictaduras del siglo XXI, que son simples operadores judiciales de las decisiones políticas del régimen al que están sometidos, no para administrar justicia, sino para usar la justicia como mecanismo de represión y de amedrentamiento. Lo que Maduro está haciendo con Leopoldo por medio de sus jueces es “sentar precedente”, “mostrarle a los venezolanos lo que le pasa a quienes se oponen al régimen”. Un acto de matonaje dictatorial con procedimientos y firmas de juez.

Un juez es la persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar por medio de la aplicación de las leyes y las normas jurídicas. Entre las muchas características que una persona debe poseer para ser Juez, las más importantes son la independencia, la probidad, el conocimiento de la ley, la imparcialidad y la responsabilidad por sus actos.

La independencia de los jueces está basada en la división de los poderes u órganos del poder público dentro del Estado. La independencia del Poder Judicial y por lo tanto de los jueces es elemento fundamental del Estado de Derecho y se encuentra consagrada en todos los textos constitucionales. Es una característica de libertad como la facultad que debe tener un juez para obrar de acuerdo a ley, los datos del proceso y su mejor criterio.

Probidad es honradez y ser honrado representa la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar. En el orden público implica una conducta moralmente intachable. Está estrechamente relacionada con la buena fe como principio general del Derecho definida como «la calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso…».

La imparcialidad es la falta de un designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguien y que permite juzgar con rectitud. Es un criterio de Justicia por el que las decisiones del juez deben estar fundadas en criterios objetivos, sin sesgos ni prejuicios.

La responsabilidad de los jueces es la consecuencia jurídica que resulta del ejercicio de la potestad jurisdiccional para evitar casos de arbitrariedad y puede ser civil, penal y disciplinaria. La prevaricación es el delito que comete un juez cuando dicta a sabiendas una resolución injusta.

Con este recordatorio breve de los conceptos elementales de un juez y de sus características, el mundo debe saber que quienes ofician de jueces en los sistemas de los países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, donde se han instituido las dictaduras del siglo XXI, no poseen ninguno de estos elementos, no son jueces, son agentes de represión, son sólo parte del aparato represivo del régimen que tiene una característica fundamental: CORRUPCIÓN.

Además del caso de Leopoldo López en Venezuela, están centenas de procesos en la misma Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, con los mismos abusos y vicios: las órdenes apertura del proceso, de detención, de confiscación de bienes, y la sentencia de los acusados han sido dictadas previa e incluso públicamente desde el poder político. Las víctimas no son solamente dirigentes políticos, son empresarios, periodistas, abogados, indígenas e incluso jueces que rehusaron cumplir las instrucciones de la dictadura. Si alguna duda tiene alguien, la sola revisión de este tipo de procesos lo espantaría.

Como consecuencia de este tipo de “sistema judicial” proliferan los presos políticos y los perseguidos forzados al exilio, por los abusos y por el aparato que ha “judicializado la represión” y “criminalizado la oposición política”, que continúa actuando y produciendo víctimas. Leopoldo López es una de las recientes y notables víctimas de este sistema, y seguro vendrán mas. Recuérdense las palabras de Maduro y con ellas que no sólo la detención, sino que la sentencia condenatoria de Leopoldo ya está dictada.

*Director del Interamerican Institute for Democracy