Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Nivar Hevia vaca en «Televisión Andalucía»: Carlos Sánchez Berzaín demuestra que en Bolivia hay repetición de terrorismo de Estado para inhabilitar al candidato Jaime Dunn.
En los próximos meses, Bolivia se enfrenta a un escenario electoral marcado por la sombra de una dictadura que, bajo el liderazgo de Luis Arce Catacora, se esfuerza por perpetuarse en el poder a través de un proceso profundamente cuestionado. El país, que se aproxima a las elecciones de agosto, se encuentra en un contexto donde la democracia ha sido erosionada, y lo que se presenta como un sistema electoral en realidad es una maquinaria de control autoritaria que carece de legitimidad y transparencia.
Bolivia atraviesa una crisis de derechos humanos y de estado de derecho. Con más de 320 presos políticos y más de 10,000 exiliados, la justicia ha sido despojada de su independencia y ha quedado subordinada a los intereses del régimen. La persecución política se ha intensificado, y el gobierno de Arce utiliza el aparato judicial como un mecanismo para eliminar cualquier forma de oposición. A esta situación se suman los enfrentamientos internos con Evo Morales y la fragmentación de la oposición, que ha generado un ambiente de incertidumbre y manipulación política.
El régimen de Arce, consciente del rechazo popular que alcanza el 80%, ha optado por una estrategia de división dentro de la oposición. Al mismo tiempo que fragmenta a la sociedad boliviana, promueve a figuras como Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Doria Medina y Manfred Reyes Villa, quienes se han convertido en piezas clave dentro de una oposición funcional. Estos líderes, de distintas tendencias políticas, son utilizados por el régimen para desarticular cualquier posibilidad real de resistencia y consolidar el poder del gobierno actual.
Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, ha comenzado a emerger una oposición genuina que desafía el status quo. Este movimiento independiente, es visto como una amenaza por el régimen, que no duda en recurrir al terrorismo de Estado para desactivar sus esfuerzos. Al igual que en Venezuela en 2021 y en Nicaragua, la dictadura boliviana ha puesto en marcha una serie de medidas represivas, que incluyen detenciones arbitrarias, encarcelamientos y amenazas.
Recientemente, el abogado Jorge Valda fue arrestado, un acto que resalta la creciente criminalización de las voces disidentes. Además, se ha buscado inhabilitar al candidato Jaime Dunn, un líder que, con su agrupación política, ha ganado relevancia y ha logrado construir una plataforma de oposición. En el marco de una estrategia de «terrorismo de Estado», la dictadura ha aplicado una vez más la fórmula conocida: encarcelar a los opositores, forzarlos al exilio o aniquilarlos políticamente.
Lo que resulta aún más preocupante es la actitud de figuras como Quiroga y Doria Medina, quienes, a pesar de los abusos evidentes del gobierno, no han emitido una condena contundente contra las violaciones a los derechos humanos ni contra el encarcelamiento de los opositores. En un contexto donde la dictadura actúa con total impunidad, la falta de una respuesta fuerte por parte de estos líderes resulta alarmante, pues podría interpretarse como una forma de complicidad tácita con el régimen.
Bolivia es un satélite de Cuba y Venezuela, alineándose con los intereses de regímenes autoritarios en la región. Este proceso de dependencia política y económica ha llevado al país a una crisis sin precedentes, donde la escasez de divisas, el colapso de la industria del gas y el petróleo, y el aumento incontrolable del costo de vida están empujando a la población hacia una pobreza cada vez más profunda. Lo que alguna vez fue un país con grandes recursos naturales se ha visto reducido a una sombra de sí mismo, con una situación similar a la que enfrentan hoy los pueblos de Cuba y Venezuela: sin esperanza y sin futuro.
El pueblo boliviano, sin embargo, sigue resistiendo. La creciente desesperanza que se apodera de las masas ha alimentado un espíritu de lucha por la libertad, aunque no sea fácil. Las diversas fracciones de la oposición, tanto dentro del país como en el exilio, están intentando articular una respuesta unificada para desafiar el régimen. A medida que se acerca la fecha electoral, la lucha por la democracia y por un futuro libre de la opresión dictatorial se intensificará.
En definitiva, las elecciones de agosto en Bolivia no serán un reflejo de un proceso democrático legítimo, sino más bien un capítulo más en la historia de una dictadura que usa la democracia como fachada para mantener su control. La comunidad internacional, y especialmente los organismos de derechos humanos, deben estar alerta a la situación en Bolivia y exigir que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular el derecho a un sufragio libre y justo.