Crisis en Bolivia y elecciones en Ecuador

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Miguel Rivadeneira en «Democracia TV»:
Durante los últimos 25 años, América Latina ha sido escenario de la expansión del modelo castrista que tuvo su impulso inicial en 1999 con Hugo Chávez. Bajo el pretexto del «socialismo del siglo XXI», este modelo ha replicado las prácticas del régimen cubano: terrorismo de Estado, crimen organizado, estatismo destructivo y represión. Lo que comenzó como populismo terminó por institucionalizar un sistema que vacía las democracias desde dentro y las convierte en narcoestados funcionales al crimen internacional.

Cuba destruyó su industria azucarera; Venezuela su industria petrolera; Nicaragua su aparato productivo. En Bolivia, Evo Morales heredó un país con reservas, crecimiento y capacidad exportadora. Sin embargo, tras llegar al poder impulsado por una agenda golpista disfrazada de “revolución del gas”, inició el desmantelamiento de la economía productiva mediante la concentración estatal, desaparición de contratos internacionales y corrupción institucionalizada.

En Ecuador, la dolarización evitó un colapso total, pero Rafael Correa dejó una pesada herencia de deuda, corrupción y destrucción de la institucionalidad. Aún hoy, su red busca regresar al poder con nuevos rostros.

Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador (bajo el correísmo) han funcionado como centros de promoción y protección del crimen organizado. Este modelo transnacional utiliza herramientas como el narcotráfico, la presión migratoria forzada, la trata de personas y el terrorismo político para desestabilizar democracias y controlar gobiernos por medio del miedo y la impunidad.

Un ejemplo claro es la expulsión de embajadores estadounidenses, la eliminación de acuerdos internacionales como la base de Manta en Ecuador, y la entrega de recursos estratégicos —como el litio boliviano— a China, bajo órdenes de Cuba.

En Bolivia, la verdadera oposición está encarcelada, exiliada o silenciada. El Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, sigue operando con total impunidad porque nunca fue proscrito, ni juzgado como organización criminal. La llamada «oposición» es cómplice funcional del régimen, con nombres concretos: Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, entre otros. Esta falsa oposición no defiende a los presos políticos ni denuncia la corrupción sistémica, sino que participa del circo democrático que legitima al régimen ante la comunidad internacional.

La elección del 13 de diciembre marcará un antes y un después. La candidata, respaldada por Correa representa el retorno del crimen organizado al poder. Su eventual victoria no solo implicaría impunidad para los saqueadores del pasado, sino la reinstalación de un narcoestado funcional al socialismo del siglo XXI. La democracia, representada por el candidato Daniel Noboa, compite en condiciones desiguales: mientras él apela al voto libre, su adversaria cuenta con redes criminales, fraude, violencia política y manipulación.

El asesinato del periodista Fernando Villavicencio, quien habría ganado la presidencia de no haber sido ejecutado, es una herida abierta. Aún no se han identificado los autores intelectuales, y preocupa la manipulación política incluso de su legado.

América Latina debe romper el ciclo de impunidad y corrupción que promueve el castrochavismo. No se trata solo de cambiar gobiernos, sino de desmontar estructuras criminales enquistadas en el poder. Los pueblos deben rechazar las falsas narrativas revolucionarias que encubren saqueos, persecuciones y asesinatos. Sin justicia, sin verdad y sin memoria, la democracia seguirá siendo una fachada al servicio del crimen.