Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Gonzalo Ruiz y Patricia Terán en Radio Centro – Ecuador: Desde el retorno de la democracia en Bolivia en 1982, el país vivió una etapa de avances significativos en términos de inversión, infraestructura y desarrollo económico. Durante la década de los 90, la capitalización social atrajo más de 5.000 millones de dólares, posicionando al país como una potencia exportadora de gas y como un polo tecnológico en sectores como electricidad y telecomunicaciones. Sin embargo, este proceso fue truncado con el golpe de Estado al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y la imposición de la llamada «Agenda de Octubre», que marcó el inicio de la influencia del castro-chavismo en Bolivia.
Bajo el pretexto de instaurar una economía «popular», los gobiernos afines al socialismo del siglo XXI comenzaron a consumir todos los recursos sin reinversión ni planificación sostenible. Se trató de un saqueo sistemático: como si alguien heredara una hacienda próspera y, en lugar de cuidarla, consumiera todo lo que hay sin volver a sembrar.
Este modelo devastador fue el que destruyó la economía cubana y venezolana, empobreció a Bolivia y estuvo a punto de hundir a Ecuador bajo el mandato de Rafael Correa. Solo un giro político liderado por Lenín Moreno permitió un cambio de timón, aunque incompleto, alejando al país de la senda del narcoestado.
Los regímenes del socialismo del siglo XXI comparten una característica común: la alianza con el crimen organizado y el narcotráfico. En Bolivia, Evo Morales rompió compromisos internacionales de lucha antidrogas, acogió abiertamente a operativos cubanos y venezolanos y expulsó la presencia estadounidense. En Ecuador, Correa cerró la base militar de Manta, clave para el combate al narcotráfico, y permitió la infiltración del crimen trasnacional en las estructuras del Estado.
El resultado fue predecible: países convertidos en plataformas logísticas del narcotráfico regional, con estructuras políticas alineadas a los intereses de los carteles y protegidas por redes de impunidad.
Ecuador es el único país que ha logrado salir pacíficamente de la órbita del socialismo del siglo XXI, aunque la amenaza sigue latente. La candidatura del correísmo en las próximas elecciones del 13 de abril representa el intento de reinstaurar un modelo de impunidad para Correa, Glas y otros condenados por corrupción.
La posible victoria de este sector político significaría el regreso del país al narcoestado, la legitimación de regímenes como el de Venezuela y Cuba, y el peligro de perpetuar un modelo político basado en el crimen organizado, el saqueo institucional y la persecución a la oposición.
La única salida viable para Bolivia, Ecuador y otros países afectados por el socialismo del siglo XXI es un retorno pleno a la democracia, lo cual implica:
- Derogar todas las leyes impuestas por las dictaduras.
- Reformar las constituciones redactadas por operadores extranjeros vinculados al chavismo.
- Ejecutar sentencias contra los responsables de corrupción y delitos de Estado.
- Erradicar el narcotráfico como actor político.
No puede haber democracia con impunidad. La transición requiere justicia, transparencia y fortaleza institucional.
La violencia que hoy sufren los ecuatorianos y bolivianos no es el costo de la recuperación democrática, sino el precio de haber tolerado por años gobiernos autoritarios, populistas y coludidos con el narcotráfico. Si bien es más difícil combatir el crimen organizado cuando se defienden las libertades, es el único camino sostenible. La alternativa es retroceder a modelos que devastaron economías, sembraron violencia y destruyeron el tejido democrático de sus naciones.
La lucha no es solo política: es moral, jurídica y existencial. Frente al narcotráfico y la corrupción institucionalizada, los pueblos deben decidir si quieren ser libres o esclavos de sistemas que disfrazan la opresión con el ropaje de la justicia social.