Crisis, dictadura y narcoestado en Bolivia

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Gonzalo Ruiz y Patricia Terán en Radio Centro – Ecuador: Durante más de veinte años, Bolivia ha sido presentada ante la comunidad internacional como una democracia en funcionamiento. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde un proceso sostenido de deterioro institucional, consolidación de una dictadura y dependencia externa, que ha colocado al país al borde del colapso económico, político y social.

La actual crisis boliviana tiene su punto de partida en 2003, con la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, lo que marcó el inicio de un viraje profundo en la estructura política del país. En 2004, se impulsó una reforma constitucional cuestionada por su falta de legalidad, abriendo paso a una Asamblea Constituyente que facilitó la llegada al poder de Evo Morales.

Desde entonces, Bolivia ingresó de lleno al llamado “Socialismo del Siglo XXI”, modelo promovido por los regímenes de Cuba y Venezuela. La transformación del país en un “Estado Plurinacional” sirvió, en los hechos, como mecanismo legal para justificar la reelección indefinida y la concentración del poder.

Uno de los episodios más oscuros del régimen de Morales fue la conocida “Masacre del Hotel Las Américas”, señalada por organismos internacionales como un acto de terrorismo de Estado. A lo largo de su mandato, se registraron numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias y persecución de opositores.

En la actualidad, Bolivia cuenta con más de 320 presos políticos y más de 10,000 exiliados, incluyendo figuras como la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuyo encarcelamiento ha sido calificado como arbitrario por la ONU.

Uno de los aspectos más alarmantes del régimen boliviano es la falta total de independencia entre los poderes del Estado. El Ejecutivo controla al Legislativo y al Judicial, transformando a los jueces en instrumentos de represión. La justicia boliviana, lejos de ser un poder autónomo, se ha convertido en una maquinaria de persecución contra la disidencia.

El espejismo de prosperidad vivido entre 2008 y 2018 se sostuvo mediante el uso de los ingresos generados en épocas democráticas, endeudamiento irresponsable y un modelo extractivista insostenible. Hoy, Bolivia enfrenta una grave crisis económica, sin reservas en el Banco Central, con escasez de dólares, diésel y gasolina, y una creciente inflación encubierta.

El tipo de cambio oficial permanece artificialmente fijado, mientras el dólar en el mercado paralelo alcanza casi el doble de su valor. A esto se suma una corrupción estructural que permite el contrabando de combustibles subsidiados y agrava la crisis fiscal.

El país se ha transformado en un narcoestado funcional, con Evo Morales como figura clave en la protección de sindicatos cocaleros y estructuras ilegales ligadas a la producción y distribución de cocaína. Además, Bolivia ha firmado acuerdos con potencias extranjeras como Irán, Rusia y China, entregando recursos estratégicos y comprometiendo su soberanía bajo el pretexto de cooperación militar o económica.

El modelo del Socialismo del Siglo XXI, tal como se ha aplicado en Cuba y Venezuela, se basa en la generación deliberada de pobreza como mecanismo de dominación. Cuanto más vulnerable es la población, mayor es su dependencia del Estado. En Bolivia, este patrón se repite con subsidios, escasez controlada y clientelismo político como instrumentos de sometimiento.

Uno de los factores que ha permitido la continuidad del régimen ha sido la existencia de una oposición funcional, que simula una competencia democrática sin desafiar realmente al poder. Esta oposición participa en elecciones amañadas, legitima al régimen ante la comunidad internacional y evita una verdadera articulación ciudadana que pueda cambiar el rumbo del país.

La única salida real a esta crisis estructural pasa por la recuperación de la democracia. Para ello, se requiere la construcción de un frente único, sin condicionamientos ideológicos ni programáticos, que canalice el repudio popular—que hoy supera el 80%—y ofrezca una alternativa real al régimen.

La elección prevista para agosto representa una última oportunidad para evitar que Bolivia siga el mismo camino de miseria que hoy atraviesan Cuba y Venezuela. Pero si esta opción no se concreta, el escenario podría derivar en una confrontación directa entre una dictadura consolidada y una ciudadanía cada vez más empobrecida y desposeída.