Bolivia, elecciones en dictadura con el guión del régimen

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Paola Saavedra en Televisión Universitaria, La Paz-Bolivia.

En el contexto político actual de Bolivia, la situación no solo es de crisis económica, sino que también refleja una profunda crisis de legitimidad democrática. Bolivia no está viviendo en una democracia, sino bajo una “dictadura electoralista”. Este sistema, se caracteriza por el control absoluto de las autoridades electorales por parte del régimen, lo que permite una manipulación sistemática de los resultados electorales y la perpetuación de un gobierno que carece de una verdadera oposición.

El sistema político boliviano está construido sobre una gran simulación. A pesar de la apariencia de elecciones libres, en realidad no existe una competencia genuina debido a la represión política. Más de 320 personas han sido encarceladas, perseguidas o exiliadas por oponerse al gobierno. En este contexto, la opresión política se utiliza como una herramienta para evitar que surja una oposición real. El país está lleno de “opositores funcionales”, personas que, aunque se presentan como opositores, en realidad son controladas por el mismo régimen que dicen desafiar.

El sistema electoral boliviano no solo está manipulado por el control de las autoridades electorales, sino que también se encuentra fragmentado por la división de la oposición. En elecciones pasadas, como las de 2020, se observó cómo la oposición fue fragmentada a propósito, con la retirada de ciertos candidatos para reducir la posibilidad de una victoria electoral real. Esta fragmentación favorece al gobierno, ya que permite manipular los votos y reforzar un fraude electoral que nunca ha sido verdaderamente investigado.

Además, el actual régimen boliviano no solo se enfrenta a una crisis política, sino que también se ha alineado con el narcotráfico. El gobierno ha convertido a los narcotraficantes en actores políticos importantes, lo que ha transformado a Bolivia en un narcoestado. Esta situación está vinculada a la expansión de los cultivos ilegales de coca y la destrucción de los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico, con un énfasis particular en la colaboración del expresidente Evo Morales.

La crisis económica que atraviesa Bolivia, centrada en la escasez de combustibles, la inflación y la creciente pobreza, es solo el síntoma de un problema mucho más profundo: la falta de democracia y el colapso institucional. Bolivia ha dejado de ser transparente sobre sus finanzas, y se ha denunciado que las riquezas naturales del país, como el litio, están siendo entregadas a potencias extranjeras como China y Rusia.

Evo Morales, ha trabajado para consolidar un poder absoluto, además de utilizar su influencia para liberar a sus aliados y protegerse de los cargos judiciales. Este contexto ha generado una situación de impunidad que afecta a toda la estructura gubernamental.

Bolivia necesita una verdadera oposición unificada que no solo combata los síntomas de la crisis, sino que también plantee una solución estructural para recuperar la democracia. La restauración de los derechos humanos, la independencia judicial y la transparencia en las elecciones son fundamentales. Sin embargo, hasta que no se reconozca públicamente que Bolivia no es una democracia, sino una dictadura, cualquier intento de oposición quedará limitado a ser funcional al régimen.