Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Virginio Lema: A finales del siglo XX, la región latinoamericana experimentaba una era de grandes transformaciones. La dictadura cubana se encontraba en decadencia, y la llegada de Hugo Chávez en Venezuela, respaldado por Lula Da Silva en Brasil, marcó el resurgir de un movimiento populista denominado «bolivariano». Este movimiento avanzó bajo el liderazgo de Chávez, apoyado por gobiernos de izquierda en la región. En 2005, Bolivia se unió a esta ola, con Evo Morales tomando el poder, lo que abrió la puerta a reformas estructurales y la instauración de un sistema trasnacional terminando con la democracia en Bolivia.
Morales, apoyado por Chávez y la dictadura cubana, lideró una serie de cambios constitucionales que desmantelaron la estructura democrática del país. En 2009, con el respaldo de un grupo de abogados españoles financiados por Venezuela, Bolivia adoptó una nueva Constitución que concentraba el poder y suprimía muchos derechos fundamentales. La oposición fue silenciada mediante persecuciones políticas, encarcelamientos y exilio, mientras en el país crecía la dictadura.
El gobierno de Morales, mientras avanzaba en su proyecto de «socialismo del siglo 21», también favoreció prácticas económicas que llevaron al país a un endeudamiento masivo. Con préstamos de instituciones internacionales, como el Banco Mundial, y acuerdos con China, Rusia e Irán, Bolivia comenzó a perder su independencia económica. El sistema de «Petrocaribe», creado con Venezuela, sirvió de base para controlar a varios países del Caribe, pero al mismo tiempo, Bolivia se sumergió en un círculo vicioso de sobreendeudamiento.
En el año 2019, los bolivianos fueron convocados a elecciones pero una vez más se evidenció la manipulación electoral y el fraude. La oposición boliviana, fragmentada y debilitada, permitió que el fraude electoral fuera ejecutado sin mayores resistencias. Esto demostró que el país vivía una dictadura encubierta bajo el maquillaje de elecciones -dictadura electoralista: donde se vota, pero no se elige-.
La dictadura boliviana se ha alineado estrechamente con los regímenes de Cuba y Venezuela. El país ha sido intervenido políticamente por estos dos poderes, que han logrado imponer su influencia en áreas clave como la educación, la salud, y el sistema de seguridad. Bolivia, al igual que otros países bajo el «socialismo del siglo XXI», ha visto cómo la represión, los crímenes de lesa humanidad y el control social se convirtieron en herramientas de supervivencia de un régimen que, aunque se presenta como democrático, funciona como una dictadura en la práctica.
Una de las consecuencias más graves de la instauración del régimen de Morales ha sido la vinculación del Estado con el narcotráfico. Con el control de la producción de coca y la participación en redes de narcotráfico, Bolivia se ha convertido en un narcoestado. Las autoridades del gobierno se han visto involucradas en este negocio ilegal, lo que ha generado una violencia y corrupción que afectan gravemente la seguridad y la estabilidad del país.
Al 2025, desmantelamiento de las instituciones democráticas y el control de los recursos nacionales han llevado a Bolivia a una crisis económica sin precedentes. La falta de reservas, la escasez de combustibles, y el colapso de la economía han colocado al pueblo boliviano en una situación de miseria. A pesar de las reformas populistas que prometían un futuro próspero, la realidad es que la población vive una creciente pobreza, sin esperanza de mejora debido al control total de la economía por parte de un pequeño grupo de élites de la dictadura y la oposición funcional.
A pesar de las dificultades, el pueblo boliviano sigue luchando por la recuperación de su democracia. Para lograrlo, es necesario crear un frente de unidad que desafíe al régimen dictatorial y evite que continúe el proceso de represión y corrupción. La clave para un futuro democrático en Bolivia radica en la organización de la oposición y la creación de una plataforma política que ofrezca una alternativa real al modelo autoritario impuesto por Morales y sus aliados.