Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Napoleón Bravo: En un contexto de profunda crisis institucional y política, Venezuela enfrenta un desafío crucial para recuperar su soberanía. El 10 de enero marcó un punto de inflexión al consolidarse la ocupación del país por un grupo criminal liderado por Nicolás Maduro, quien ha pasado de ser dictador a convertirse en un usurpador que opera bajo el amparo de fuerzas trasnacionales. Ante este escenario, el presidente electo Edmundo González Urrutia tiene la responsabilidad histórica de juramentarse como presidente constitucional de Venezuela y liderar la recuperación del país.
Lo ocurrido en Caracas el 10 de enero no es más que una manifestación del control ilegítimo de un grupo armado que ha secuestrado las instituciones venezolanas. Este régimen no solo opera como una dictadura, sino que ha evolucionado en un grupo de ocupación trasnacional, apoyado por países como Cuba y Nicaragua. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta situación representa una violación flagrante de la soberanía nacional.
Edmundo González Urrutia, reconocido internacionalmente como presidente electo de Venezuela, tiene la obligación constitucional de asumir el cargo. La Constitución permite que, dadas las amenazas graves y el control militar interno, el juramento pueda realizarse en cualquier embajada venezolana en el exterior. Este acto no solo le otorgaría legitimidad constitucional, sino que neutralizaría la representación internacional usurpada por Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio tiene plena competencia para formalizar este acto, y el efecto inmediato sería la invalidación de la representación jurídica de Maduro en la comunidad internacional.
Una vez juramentado, González Urrutia tendría la responsabilidad de:
- Designar un gabinete, incluyendo a María Corina Machado como vicepresidenta.
- Ejercer como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
- Reestructurar el sistema diplomático para eliminar la presencia de representantes ilegítimos del régimen de Maduro.
Estas acciones son fundamentales para consolidar el reconocimiento internacional y debilitar la estructura de control del régimen actual.
La ley internacional respalda la creación de fuerzas de tarea multinacionales para asistir a países ocupados. En este sentido, González Urrutia podría invocar mecanismos como la Carta de las Naciones Unidas, el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) o acuerdos bilaterales para formar una coalición que ayude a restaurar el control y la soberanía de Venezuela. Este no sería un acto de agresión, sino una respuesta legítima a la ocupación trasnacional que enfrenta el país.
La obligación de Edmundo González Urrutia no es opcional. Su negativa a jurar y asumir el rol de presidente constitucional podría interpretarse como alta traición a la patria. El pueblo venezolano le ha otorgado un mandato soberano, y su cumplimiento es imprescindible para garantizar la restauración del estado de derecho y la democracia.