Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Nivar Hevia Vaca: La reciente sentencia dictada contra Gonzalo Sánchez de Lozada, «Goni», es un claro ejemplo de la ausencia de los elementos esenciales de la democracia en Bolivia. Este fallo, ampliamente considerado infame, viola derechos humanos fundamentales y pone de manifiesto el control absoluto del gobierno sobre todos los poderes del Estado. En este contexto, no se trata solo de un juicio contra un exmandatario, sino de una herramienta más de un sistema judicial manipulado que perpetúa el terrorismo de Estado judicializado.
La situación actual en Bolivia es alarmante. Más de 300 presos políticos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta Jeanine Áñez, se encuentran privados de su libertad. Este encarcelamiento masivo incluye civiles y militares, jóvenes y líderes cívicos de distintas regiones del país. Estas detenciones arbitrarias demuestran cómo el régimen utiliza el aparato judicial para acallar a cualquier oposición y consolidar su poder ilegítimo, sumiendo al país en una crisis económica y social sin precedentes, con escasez de gas, combustible y alimentos básicos.
Los contratos firmados durante el gobierno de Sánchez de Lozada, lejos de ser ilegales, estaban protegidos por la Ley de Capitalización y representaron un pilar para el desarrollo económico de Bolivia. Sin embargo, Evo Morales, el actual régimen, y sus cómplices, han desmantelado esa estructura, entregando recursos estratégicos como el litio a potencias extranjeras como China y Rusia. Esto no solo ha debilitado la economía del país, sino que ha comprometido su soberanía, convirtiendo a Bolivia en un enclave estratégico para intereses foráneos.
El juicio contra Sánchez de Lozada es solo un eslabón más en una cadena de abusos que incluyen la violación del principio de presunción de inocencia y del debido proceso legal. La parcialidad de los jueces y la manipulación de los procedimientos legales evidencian que el sistema judicial boliviano opera como una herramienta para sostener un régimen dictatorial. Estas prácticas no solo son ilegales, sino que configuran crímenes graves como falsificación de documentos, abuso de poder y violación de derechos humanos.
La sentencia contra «Goni» no tiene validez jurídica ni posibilidad de cumplimiento en el ámbito internacional. Es un acto simbólico que busca distraer la atención de los crímenes cometidos por el régimen de Evo Morales y Arce Catacora, incluidos actos de corrupción y represión sistemática. Mientras se perpetúan estas injusticias, figuras de la oposición funcional, como Jorge Quiroga Ramírez y Carlos Mesa, participan en un simulacro democrático que solo sirve para legitimar al régimen en el poder.
El pueblo boliviano enfrenta una lucha crucial por la recuperación de su democracia. La dictadura actual ha llevado al país a una situación límite, pero también ha evidenciado la necesidad de una resistencia unificada.