Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado en «Encontrados con Gonzalo Rivera»: La reciente condena de seis años de cárcel contra Gonzalo Sánchez de Lozada «Goni», refleja un alarmante patrón de persecución política en Bolivia, impulsado por un sistema judicial cooptado por el poder. Este fallo no solo busca destruir la reputación de un estadista, sino que también evidencia cómo los jueces y tribunales han sido reducidos a simples herramientas de represión al servicio del gobierno. Bajo el mando de Evo Morales y Luis Arce Catacora, el sistema judicial se ha convertido en un verdugo que persigue a los opositores y protege las irregularidades del régimen.
El contenido de esta sentencia subraya la gravedad de la crisis que enfrenta Bolivia, donde la República ha sido demolida para dar paso a un modelo dictatorial y totalitario inspirado en Venezuela y Cuba. En este contexto, figuras como Carlos Mesa y Jorge «Tuto» Quiroga han actuado como cómplices funcionales, consolidando un régimen que ellos mismos ayudaron a construir. Mesa y Quiroga, que participaron en los eventos del golpe de 2003 junto a Evo Morales, han permitido la deformación de la República al entregar la Constitución a quienes posteriormente instauraron la dictadura del «Socialismo del Siglo XXI».
El fallo contra Sánchez de Lozada puede interpretarse como un acto de terrorismo de Estado. Este término, lejos de ser una exageración, describe cómo el aparato judicial es utilizado para infundir miedo y silenciar cualquier disidencia. Las acciones judiciales no se limitan a los adversarios políticos más visibles, sino que buscan sembrar el pánico entre la población general, dejando claro que cualquier voz crítica puede convertirse en el próximo objetivo.
Esta situación no es aislada. Bolivia vive un periodo de represión sistemática, donde más de 300 presos políticos documentados evidencian el uso del sistema penal como un arma de control social. Entre ellos se encuentran figuras como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exgobernador de Pando, Leopoldo Fernández, quien fue encarcelado por más de 12 años. La expresidenta Jeanine Áñez, otro ejemplo de esta represión, también ha sido víctima de un sistema judicial que opera más como una maquinaria de venganza que como un garante de justicia.
La estrategia del gobierno no solo busca eliminar a sus opositores, sino también consolidar una narrativa que justifique la continuidad de un modelo político autoritario. En lugar de enfrentar los problemas estructurales del país, se recurre a la persecución y la censura para distraer a la ciudadanía y mantener el control. Mientras tanto, la corrupción y los abusos de poder quedan impunes, creando un ciclo vicioso que erosiona cada vez más las instituciones democráticas.
El uso de la justicia como herramienta de represión es un claro indicativo de la deriva autoritaria del país. Si no se toman medidas para denunciar y frenar estas prácticas, el pueblo boliviano continuará sufriendo las consecuencias de un régimen que viola los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos.