Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
«Uno es el autor intelectual y el beneficiario, que en este caso es Ortega y Murillo y los otros (jueces, fiscales, magistrados) son los operadores, son los que manejan el hacha y el verdugo», señaló el politólogo Carlos Sánchez Berzain
El régimen de Daniel Ortega comenzó esta semana a reactivar los juicios —que estuvieron congelados— de los presos políticos encarcelados entre mayo y noviembre 2021. Ya ha fijado juicios en contra de Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Miguel Mendoza, José Antonio Peraza y Mauricio Díaz para el 2, 3, 8, 9 y 10 de febrero, respectivamente, en las instalaciones del Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como el nuevo Chipote.
En esas celdas han permanecido encarcelados casi 50 opositores, quienes son sometidos a constantes interrogatorios, torturas físicas y psicológicas, según lo que han denunciado sus familiares, en solo cinco visitas que han podido realizar en un periodo de ocho meses.
Copia de Cuba
El politólogo y director del Interamerican Institute for Democracy, Carlos Sánchez Berzain, explicó en una entrevista a LA PRENSA que lo que se está aplicando a los presos políticos en Nicaragua «es una reproducción del sistema cubano que se ha aplicado por décadas en Cuba y que ahora se ha expandido en las Américas en el siglo XXI bajo la denominación de socialismo de siglo XXI o castrochavismo».
El experto señaló que Cuba se ha expandido y tiene una dictadura en Venezuela, otra en Bolivia y otra en Nicaragua. «Las cito en ese orden porque ese es el orden cronológico en el que las han establecido», sostuvo.
«Toda la metodología que se aplica en estos países, la metodología de terrorismo de Estado (es) para gobernar con miedo, para detentar el poder indefinidamente con impunidad y base al miedo. Eso es terrorismo de Estado. Los componentes del terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad», agregó.
«No son juicios, son linchamientos»
Al respecto, la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, del Juzgado Primero de Distrito Penal de Juicio de Chinandega, rectificó una condena contra el opositor Donald Margarito Alvarenga Mendoza, de 56 años de edad, a quien le impuso una pena de 12 años de cárcel bajo la Ley de “Ciberdelitos” y el Código Penal. La sentencia inicial era de siete años y medio de prisión.
El juicio contra Alvarenga se realizó el pasado 13 de enero y la sentencia fue leída por la jueza el 18 del mismo mes. Sin embargo, un día después, Baca Cardoza emitió un “auto de rectificación” en el que cambió la condena.
Alvarenga fue condenado bajo la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación o Ley 1055, aprobadas por el orteguismo en un paquete de legislaciones represivas en 2021.
En detalle sobre lo que está pasando en Nicaragua, Sánchez Berzain precisó que el régimen encarcela a opositores y el mecanismo de represión es la judicialización de la represión política.
«Se reprime utilizando fiscales y jueces, creando casos, falsificando pruebas y utilizando lo que yo denomino ‘los fiscales y los jueces infames’ que en vez de proteger los derechos humanos los violan para establecer sentencias bárbaras, en procesos que no son juicios sino que son linchamientos. Son linchamientos porque se sabe que cuando eso empieza, el acusado que es inocente ya es condenado«, manifestó el experto boliviano.
El papel represivo del poder judicial
Por su parte, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, manifestó que «estas convocatorias a juicios no son una señal de regularización de una situación que ya nació anómala, sino que es la continuidad de la persecución de la criminalización de todas las personas que están sometidas a procesos que son completamente nulos, porque se les han imputado la comisión de delitos inexistentes y todos son completamente inocentes».
A la vez señaló que el poder judicial está siendo utilizado como «un cuerpo represivo» y que tanto «los jueces como fiscales, magistrados, tienen el mismo nivel de responsabilidad que Ortega y Murillo en estos casos anómalos, represivos» y que deben ser llevados ante tribunales internacionales.
Desde el 28 de mayo pasado hasta diciembre de 2021, Ortega desató una cacería de opositores, entre ellos siete potenciales candidatos presidenciales. Hasta diciembre pasado, el régimen mantiene a 170 personas encarceladas, identificadas como presos políticos, según el organismo independiente Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
«En Nicaragua todos los opositores han sido encarcelados porque el dictador quería ir a una elección en la que quería ganar sin tener ningún candidato serio al frente, lo ha hecho, se ha posicionado como dictador, todo el mundo lo sabe y ahora está utilizando a los presos políticos como rehenes y con la judicialización de la represión política, que insisto es una metodología castrochavista, pero pues, va hacer de ellos lo que quiera, los va a condenar, los va a sentenciar y en ese camino él está cometiendo crímenes de lesa humanidad, pero también es importante identificar a los verdugos», apuntó Sánchez Berzain.
«Hay que identificar y procesar a los fiscales y jueces de las dictaduras»
En esa misma línea, el politólogo insiste en que «hay que saber los nombres de los fiscales, los nombres de los jueces, porque esa gente tiene que ser llevada a tribunales internacionales, de eso se trata y la violación de los derechos humanos es plena», agregó el experto.
«Aquí no pueden de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, decir que ellos (jueces, fiscales, magistrados) obedecían órdenes, ni siquiera los militares tienen la posibilidad de llegar a decir que obedecen órdenes cuando cometen un crimen, porque en la Constitución y en las normas internacionales está establecido que nadie está obligado a obedecer una orden al margen de la ley, en primer lugar», coincidió por separado Núñez.
«Y en segundo lugar, mucho menos la gente del poder judicial, porque ellos tienen como principio fundamental su independencia, y sus decisiones no están sometidas a ninguna más que a la Constitución y a las leyes. Sin embargo aquí el poder judicial, no solo podemos decir que ha sido instrumentalizado sino que conscientemente son gente preparada, son gente que conocen la ley y saben lo que están haciendo», agregó la directora del Cenidh.
El régimen de Ortega a través de la Asamblea Nacional suspendió la personería del Cenidh en diciembre de 2018.
Núñez reiteró que los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo el mando de la magistrada orteguista Alba Luz Ramos por más de 30 años, «conscientemente han delinquido y son absolutamente responsables, no solamente por los delitos de retardación de justicia, simulación de pruebas —de todos esos delitos que se tipifican en contra de la administración de justicia— son responsables de todas las violaciones a los derechos humanos que constituyen delitos graves en contra de las personas que han sometido a esos procesos completamente irregulares».
Del autor intelectual al actor material
En estos procesos o juicios políticos, según detalló Sánchez Berzain, «se viola la libertad, se viola el derecho al debido proceso, el derecho a la legítima defensa, se viola la presunción de inocencia, la igualdad de las partes, se viola la obligación de un juez imparcial. Todos los derechos humanos se están violando».
«Uno es el autor intelectual y el beneficiario, que en este caso es Ortega y (Rosario) Murillo, y los otros (jueces, fiscales, magistrados) son los operadores, son los que manejan el hacha y el verdugo. Son los mismos, son un consorcio delictivo, es un grupo criminal», sostuvo el politólogo.
Desde la perspectiva de derechos humanos, Núñez explicó que «en la justicia penal internacional no se puede hablar genéricamente cuando se señala a los perpetradores. En primer lugar, sabemos que la responsabilidad principal, el responsable, el ventor identificado plenamente se llama Daniel Ortega y es responsable por ser prácticamente el jefe de Estado. Pero, definitivamente toda la cadena de mando que en la diferente forma de represión se han involucrado son absolutamente responsables y hay que identificarlos».
«No basta solamente generalizar, decir por ejemplo en la CSJ, la Alba Luz Ramos, no solamente es ella, sino que todos los funcionarios que dependen del poder judicial y que se han involucrado directamente. Lamentablemente, el órgano que debe de garantizar la vigencia de los derechos humanos en un país es el más destruido por la dictadura en Nicaragua», insistió la directora del Cenidh.
A lectura de Sánchez Berzain, «esto se va a acabar, Ortega, Murillo y sus jueces y fiscales; lo mismo en Cuba, Bolivia y Venezuela va a terminar en un Tribunal Penal Internacional condenados por violadores de crímenes de lesa humanidad, porque están ejerciendo el poder con terrorismo de Estado y ese es un crimen que no prescribe y que puede ser y va a ser acusado en cualquier parte de la jurisdicción universal».