August 3, 2020
Statement on Behalf of President Gonzalo Sánchez de Lozada and Defense Minister Carlos Sánchez Berzaín
The decision from the Eleventh Circuit Court of Appeals on August 3 is not a final decision. The Court’s decision does not establish any liability for either of the Defendants. Instead, the Court vacated the decisions from the District Court and remanded the case back to the District Court for further proceedings.
The further proceedings are two-fold: First, the Court instructed the District Court to determine whether there is any evidence showing that the deaths were violations of international law, and whether any evidence connects the Defendants to any of the deaths under the law of command responsibility. There is no such evidence. In fact, Plaintiffs concede that there were no orders given by defendants to shoot and kill unarmed civilians. Second, the Court ruled that there should be a new trial on Plaintiffs’ claim for wrongful death under Bolivian law.
There is no basis for holding the Defendants responsible for the tragic deaths that occurred because of the violent protests that were instigated by Evo Morales to overthrow Bolivia’s democratically elected government.
We trust the process and believe that the Defendants will be exonerated when this case comes to an end.
Declaración de WIlliams & Connolly LLP. en nombre del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín
La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito ha optado hoy, 3 de agosto, por no tomar una decisión final en relación a la demanda por los sucesos de Octubre 2003 y no establece responsabilidad para ninguno de los demandados. Lo que ha hecho ha sido anular las decisiones de la Corte que atendió el caso y devolver el expediente para procedimientos adicionales.
Los procedimientos posteriores son dos: primero, la Corte de Apelaciones ordenó a la Corte de Distrito que atendió el caso que determinara si hay alguna evidencia que demuestre que las muertes fueron violaciones al derecho internacional, y también si hay alguna evidencia que conecte a los demandados con cualquiera de las muertes bajo las responsabilidades de comando. No hay tal evidencia, de hecho, los demandantes ya admitieron que los demandados no dieron órdenes de disparar y matar a civiles desarmados. En segundo lugar, dictaminó que debería haber un nuevo juicio sobre el reclamo de los demandantes por homicidio culposo bajo la ley boliviana.
Estamos convencidos de que no hay ningún sustento que responsabilice a Gonzalo Sánchez de Losada y Carlos Sánchez Berzaín por las trágicas muertes que ocurrieron cuando se trató de preservar el Estado de Derecho en el marco de la ley frente a violentas protestas que fueron instigadas por Evo Morales, entre otros, para derrocar a un gobierno legal y democráticamente elegido de Bolivia.
Confiamos en el proceso y creemos que los demandados serán exonerados cuando este caso llegue a su fin.
Washington DC, 3 de agosto 2020