Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
(Infobae.com) La dictadura castrochavista que detenta el poder por la fuerza en Venezuela no ha podido ser retirada con sucesivas y heroicas movilizaciones, ni por acciones políticas o presiones internacionales. Todo indica que la usurpación solo puede cesar mediante la amenaza creíble del uso de la fuerza y que esto suceda es potestad del Presidente Juan Guaidó quien tiene el deber constitucional de pedir, organizar y liderar una fuerza multinacional para liberar a Venezuela.
El dictador Nicolás Maduro es un reo buscado internacionalmente junto a su cúpula criminal, el país está señalado como el narcoestado central, los presos políticos, las torturas y las persecuciones se incrementan mientras la crisis humanitaria se agrava. Venezuela es un país ocupado por Cuba que muestra su efectividad para retener el poder aplicando la metodología de 61 años.
El Presidente Juan Guaidó, reconocido por casi 60 países, sufre las consecuencias de no haber establecido gobierno y no tomar iniciativas estratégicas contra la dictadura. Guaidó es preso de los grupos que constituyen la mayoría en la Asamblea Nacional, sobre los cuales el pueblo señala cada vez con mas fuerza el papel de “opositores funcionales” por el resultado que ofrecen permitiendo que la dictadura se mantenga.
La pandemia del coronavirus está siendo usada para fortalecer las dictaduras y Venezuela es la prueba. El reciente y oscuro incidente denominado “Gedeón” tiene todas las características de ser “un clásico del G2 cubano” pero está debilitando y descredita al Presidente Guaidó. Solo la fuerza sostiene la usurpación y puede perpetuarla. Todo indica que no tardaremos en ver mas violencia para imponer una agenda con la que se legitime al dictador y permanezca la dictadura, garantizando la impunidad mediante su reconocimiento como políticos, manteniendo sus leyes infames e instituciones.
La contraofensiva del castrochavismo iniciada el año pasado para desestabilizar y derrocar gobiernos democráticos en las Américas continúa implacable aprovechando la crisis, descontento e incertidumbre por la pandemia. Los gobiernos de Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y otros están bajo la constante sedición y conspiración publicitada por el “foro de Sao Paolo” y confesada por Maduro y Cabello como “brisita bolivariana”. La agresión a todos los estados con el narcotráfico es tan grave que Estados Unidos y otros países realizan operaciones navales de contención e interdicción en el Caribe. El auspicio y protección al terrorismo en y desde Venezuela están probados.
Nadie cree que se pueda cesar la usurpación en Venezuela con elecciones o negociaciones. Las sanciones son importantes pero el crimen organizado resiste por la fuerza. El procesamiento criminal aplicando la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada trasnacional es un gran avance pero se torna inefectivo por el uso de la fuerza desde el poder en Venezuela, con el que se protegen los convictos.
Voces de los oprimidos consideran y reclaman por una acción militar extranjera que los libere, poniendo como ejemplo la “Operación Justa Causa” contra el narco dictador Noriega en Panamá. Sin embargo, además de los cuestionamientos y repercusiones nacionales e internacionales y de las diferencias de la realidad estratégica, esa es la acción que el castrochavismo desea para reivindicarse como víctimas del intervencionismo y permanecer por la fuerza. Este tipo de acción es por tanto actualmente inviable .
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Art. 236 incisos 4 y 5 da al Presidente la facultad de “Dirigir las relaciones exteriores de la República”…. y lo reconoce como “Comandante en Jefe”. El Presidente de Venezuela es Juan Guaidó pero no tiene control de la fuerza armada que está sometida y manipulada por la ocupación y el sistema de terror, circunstancias que convierten esa fuerza en usurpadora y criminal.
Si el Presidente legítimo de Venezuela considera -como lo demuestran los hechos- que no hay otro medio para cesar la usurpación que el uso de la fuerza, tiene el deber y la potestad constitucionales de pedir, organizar y liderar una fuerza multinacional en el marco de las Naciones Unidas, del TIAR o de acuerdos multilaterales. Constituir publica y abiertamente una fuerza integrada por las fuerzas armadas de estados que lo han reconocido. Presentar la “amenaza creíble” que puede retirar la usurpación y en caso de contumacia cesar la usurpación con acciones legítimas, no sería intervención ni invasión, solo cumplimiento de la ley, al realizarse bajo la autoridad del Presidente de Venezuela y para restaurar la soberanía nacional.