Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
(Infobae.com) Las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el grupo de delincuencia organizada transnacional encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela y jefes de las FARC, incluyen al detentador de la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, acusado penalmente en el Distrito Sur de la Florida. El caso de este “juez infame”, ahora reo criminal, debe ser solo la primera de las acusaciones a realizarse contra los jueces de las dictaduras castrochavistas de Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia que convirtieron la justicia en mecanismo de represión y operación del crimen organizado.
Se ha denunciado y probado por años que “las dictaduras del castrochavismo en las Américas usan la justicia como instrumento de persecución política para encarcelar, exiliar y asesinar la reputación de los opositores”. El modelo de control político y social implementado por el grupo de crimen organizado que detenta el poder en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que sometió a Ecuador con Rafael Correa y Bolivia con Evo Morales, hizo de los jueces el “instrumento de represión, amedrentamiento, corrupción e impunidad” de los regímenes dictatoriales.
Poco conocidos y en general anónimos, los “jueces de las dictaduras” son elemento esencial para sostener al régimen dándole visos de legalidad, reprimiendo la oposición real y destrozando el sistema jurídico institucional del país. Son los “jueces infames” a quienes defino como “los encargados de administrar justicia que apartándose deliberadamente de sus obligaciones mínimas de probidad, imparcialidad y legalidad, subordinan sus actos y fallos a beneficio de los detentadores del poder, convirtiendo su actividad en vil prevaricato y corrupción, en crímenes que violan los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Es en este marco de realidad objetiva en que analizamos la acusación penal contra Maikel Moreno, reo con prueba pre constituida de cobros millonarios de sobornos para arreglar ilegalmente casos civiles y penales en Venezuela, abultadas cuentas personales, derroche en gastos lujosos en territorio estadounidense. Los prevaricatos y el uso de la función judicial como parte de un sistema criminal del aún detentador de la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, son la punta del iceberg o sea “una ínfima parte de lo que realmente es” la delincuencia organizada que ocupó y aún ocupa los sistemas de justicia castrochavistas.
El “juez infame” Maikel Moreno es el símbolo pero no es el único. En Venezuela, en Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia hay que señalar los nombres, posiciones y “fallos infames” de los jueces que abrieron causas por acusaciones de los dictadores contra opositores, que encarcelaron a miles de mujeres, hombres, jóvenes, civiles y militares que defendían la democracia. Es urgente entender que para recuperar la democracia y terminar con las dictaduras, hay que poner en evidencia a sus “jueces infames” para que sean interna e internacionalmente procesados y sancionados.
Los crímenes de justicia contra José Daniel Ferrer en Cuba son una muestra actual de 61 años de infamia judicial que ofrecen casos como las centenas de fusilamientos con sentencias o la infame condena contra el preso de conciencia Armando Valladares como el que hay miles anónimos. Las detenciones, presos políticos, torturados y sentencia para mantener a Maduro y su grupo criminal en el poder son prueba contundente por millares en Venezuela.
La manipulación en Nicaragua, creando un giratorio de extorsión entre presos, procesados y liberados es el medio de negociación del dictador Ortega. Por eso hay que saber quienes son los jueces infames, sus nombres y se verán rápidamente los beneficios que sus crímenes de lesa humanidad les brindan.
La “metida de mano en la justicia” de Ecuador por Rafael Correa para perseguir y encarcelar opositores como Galo Lara, secuestrarlos como a Fernando Balda, o exiliar periodistas como Emilio Palacio y mas, tienen jueces infames cuyos nombres y posición actual deben conocerse internacionalmente.
Acusaciones personalmente realizadas por Evo Morales contra sus opositores reales, el cambio de todo el sistema judicial para poner sus jueces y fiscales, procesos con centenas de presos políticos como Octubre 2003, Provenir, Hotel las Américas, Terrorismo y decenas mas, los fallos del tribunal constitucional para habilitar dos veces como candidato al dictador, el encubrimiento de mas de 20 masacres sangrientas, el sostenimiento de “decretos de amnistía” a favor de Evo Morales y mas, tienen jueces cuyos nombres deben pasar a formar parte de la lista de “jueces infames” del grupo de delincuencia organizada.