La OEA omite activar Carta Democrática Interamericana a Bolivia

Los mismos líderes democráticos, gobiernos, países y el mismo sistema que ha calificado como «usurpador» y que ha desconocido como presidente al dictador Nicolás Maduro de Venezuela por haber realizado elecciones delictivas en Mayo de 2018 para reelegirse ilegal e ilegítimamente, están ignorando desde hace tiempo el caso de Bolivia, que es lo mismo, un acto repetido de usurpación de la voluntad popular respecto al resultado del referéndum 21F, de falsificación de decisiones judiciales y administrativas con jueces y funcionarios controlados por el régimen y de violaciones constitucionales y legales. Hoy se repite en Bolivia el proceso de Venezuela 2018.

Lo que en Venezuela es criminal, dictatorial y usurpador, que sin duda lo es, ha sido respaldado por el Secretario Almagro en Bolivia como «derecho humano» argumentando que «sería discriminatorio» hacer respetar la ley, el resultado de un referéndum vinculante y los elementos esenciales de la democracia. Hechos y situaciones similares, conexos, con identidad de causa, objeto y delitos, merecen calificación y tratamiento diferenciados. La Carta Democrática Interamericana parece destinada a ser invocada cuando el desastre ya ha sido consumado y los dictadores están consolidados, en lugar de ser el mecanismo para defender la democracia.

A menos de 90 días de la fecha de elecciones en Bolivia, la OEA se apresta a destacar «observadores electorales» y de esta manera seguir siendo cómplice de la usurpación del poder y de los crímenes de Evo Morales. La OEA ya participó con observadores en las denominadas «elecciones primarias» del 27 de enero pasado, llevadas a efecto solo para tratar de legitimar al candidato inhabilitado Evo Morales, y que han sido resumidas por la BBC como «la insólita votación en la que todos los candidatos resultaron ganadores y ninguno compitió entre sí». Hasta hoy no se conoce el informe de los observadores de la OEA que estuvieron en tales primarias.

¿Cómo se puede justificar una observación electoral respecto a elecciones en las que participa como favorito el candidato inhabilitado del régimen que detenta el poder en un país que desde hace años tiene presos políticos, más de 1.200 exiliados políticos y perseguidos con la judicialización de la represión política aplicada como método común en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia?

¿Qué observación electoral válida puede existir en un país como Bolivia donde no existe estado de derecho, ni división e independencia de los poderes públicos, donde se violan los derechos humanos mediante disposiciones públicas? ¿Observación electoral, complicidad o ingenuidad?

Habilitar al candidato usurpador y luego ayudarlo a legitimar -con observadores- unas elecciones que no cumplen con los requisitos mínimos de ser «libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo», está de lejos reñido con el contenido mandatorio de la Carta Democrática.

Lo que ha sucedido en Bolivia es «la ruptura del orden democrático y la alteración del orden constitucional que ha destrozado el orden democrático», por lo que el Secretario General y la OEA debieron aplicar hace tiempo los artículos 17 al 20 de la Carta Democrática Interamericana y tomar medidas para proteger al pueblo de los crímenes de los detentadores del poder que ha liquidado la democracia. Aún es tiempo, pero Almagro ha tomado el camino contrario.

Queda la esperanza de que los gobiernos democráticos de los países que integran la OEA, hoy amenazados por la desestabilización que las dictaduras castrochavistas ejecutan en su contra, reaccionen y no esperen ocuparse del caso de Bolivia «in extremis» como ya sucede con Venezuela y Nicaragua.