La violenta agonía de las dictaduras de delincuencia organizada

La política es «lo público, que significa civil, lo relativo a los asuntos del ciudadano». En la política la actividad principal es el servicio público pues es «un quehacer ordenado al bien común». Se trata de «la actividad por la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que plantea su convivencia colectiva», con formas ideológicas para el acceso al poder de personas o grupos que «lideran y velan por las garantías de la población».

Además del servicio público, está el marco de la «democracia» como «forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos», que reconoce que la soberanía reside en el pueblo. En las Américas, la democracia tiene 5 elementos esenciales obligatorios: «El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos».

Mientras la política debe ser una actividad libre, lícita, fiscalizada, temporal, sujeta a rendición de cuentas y sometida al escrutinio público, constatamos que lo contrario en el ámbito del delito que es «toda acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico de la sociedad». La delincuencia es el termino utilizado para «nombrar al colectivo de delincuentes» a un grupo de individuos que delinquen, que cometen crímenes que atentan contra la sociedad y sus miembros.

La delincuencia es una amenaza tan grande que prácticamente todos los estados del mundo son parte de la «Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional» o «Convención de Palermo», resumida por Kofi Annan en su Prefacio expresando: «Si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas».

En este marco no hay duda que la dictadura castrista que oprime Cuba desde hace mas de 60 años es un grupo de delincuencia organizada. Que el proceso de expansión del castrismo luego de su alianza con Hugo Chávez, el castro-chavismo que controla Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, es una larga sucesión de delitos que se repiten y reiteran sin cesar y que afecta directa e indirectamente a todas las Américas.

La delincuencia organizada transnacional castro-chavista debe tratarse como criminales comunes en el marco de la Convención de Palermo que está vigente para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Es urgente que los gobiernos democráticos dejen de consentir la coartada de reconocer condición política a los criminales que detentan el poder, que les permite alegar inmunidades presidenciales, ampararse en la soberanía que pisotean, reclamar no intervención a territorios que oprimen y que someten por la fuerza del delito diario, oficial y reiterado.

Los Castro-Diaz Canel, Maduro, Cabello, Padrino, Ortega, Murillo, Morales y más, son delincuentes que usurpan la política y que la ensucian con complicidades de oposiciones funcionales y grupos sometidos por el terror, la corrupción y la miseria. Hoy agonizan con violencia. Los dictadores de delincuencia organizada están perdiendo el poder político en violenta agonía, como lo tomaron y como le ejercen.