Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
(Getty)
(Infobae.com) La inexistencia de división e independencia de los poderes públicos y del estado de derecho son características de las dictaduras y tienen su prueba mas contundente en la manipulación de la justicia. El uso de procesos judiciales para amedrentar, perseguir, subordinar y/o eliminar opositores, periodistas, empresarios y líderes de la sociedad, es práctica de los regímenes del socialismo del siglo XXI en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Las decisiones que en estas condiciones emiten los jueces al servicio del régimen son «fallos infames» que no pueden ser validados ni aplicados por países con democracia.
Conceptualizo un «fallo infame» como «la decisión de un juez o tribunal que en su contenido o resolución viola los derechos humanos y/o las libertades fundamentales». Se trata en esencia de actos de prevaricación. Cuando los jueces protegen la vigencia de la Constitución, la libertad, los derechos fundamentales y la igualdad jurídica de las personas, hay estado de derecho. En cambio cuando se someten a la voluntad política del régimen que detenta el poder y obran a su servicio, desparece la idoneidad, la imparcialidad y la independencia, dando lugar a los «fallos infames».
El Poder Judicial es el órgano del gobierno encargado de administrar «justicia» que consiste en «declarar lo que es justo en un caso concreto sometido a un juez o tribunal». Justicia es el «principio moral que lleva a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde». El Poder Judicial debe ser independiente y los jueces deben ser idóneos, imparciales e independientes. Sócrates afirmó que «cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente».
En Cuba desde hace 60 años con Fidel, Raúl Castro y Diaz-Canel, en Venezuela desde hace 20 años con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Bolivia con Evo Morales hace 13 años, en Nicaragua con Daniel Ortega hace 12 años y en Ecuador en los 10 años del régimen de Rafael Correa con efectos hasta ahora, el Poder Judicial no es independiente, fue reducido a una repartición del gobierno y convertido en el mas eficiente medio de represión, persecución, amedrentamiento y eliminación. Las órdenes judiciales emitidas en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador son la base de las detenciones indebidas, presos políticos, confiscaciones, apropiaciones de medios de comunicación y empresas, extorsiones, confesiones forzadas de delitos nunca cometidos, persecución y exilio.
La utilización de la justicia en dictadura es la «judicialización de la represión» y es central en la metodología del castro-chavismo. Utiliza básica pero no exclusivamente el ámbito penal para acusar falsamente por graves delitos a sus víctimas, procesarlos y sentenciarlos con efectos nacionales e internacionales. Asesinan la reputación de las víctimas, los encarcelan, les arrebatan su bienes y los llevan a la miseria, e incluso cuando los perseguidos logran el exilio sufren el peso de la infamia establecida por fallos judiciales prevaricadores que los marcan bajo los delitos falsos y la persecución no cesa.
Simulando delitos gravísimos el poder de la dictadura a nombre del Estado se extiende con la Policía Internacional Interpol a la que hacen llegar alertas identificando a los perseguidos políticos como criminales comunes y peligrosos. Luego manipulan pedidos de extradición. Publicitan y presionan reciprocidad a los países con democracia y las acusaciones y los fallos infames se aplican sobre la situación migratoria de los perseguidos, impiden la situación migratoria, el asilo e incluso la necesidad de trabajo de las víctimas, llegando a detenciones, rechazos de ingreso y procedimientos de deportación.
Los países con democracia no pueden aplicar y dar valor legal a procedimientos y fallos judiciales de los regímenes no democráticos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, sobretodo en materia penal contra notorias y públicamente conocidas víctimas que son presos o perseguidos de esos regímenes.
Las democracias del mundo deben revisar las decisiones judiciales -que quieran aplicarse en sus jurisdicciones- emitidas en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, ya que su simple aceptación extiende a países con democracia y con justicia independiente, las violaciones al debido proceso legal, la presunción de inocencia, la igualdad de las partes, al derecho de juez imparcial y otras.