(Infobae.com) Los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador/Correa reemplazaron la política por acciones delictivas para controlar total e indefinidamente el poder. Se trata de la expansión y actualización de la metodología de control social de la dictadura castrista de Cuba que se evidencia en hechos concretos. Sin ser el único ilícito, la extorsión es parte central del método castrochavista del siglo XXI que prueba la condición de dictaduras de crimen organizado transnacional.
Extorsión es la «presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio». La tipificación legal de extorsión comprende la «intimidación o amenaza grave que constriñe a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener para si o un tercero indebida ventaja o beneficio».
Amenazar es «dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien». Intimidar es «causar o infundir miedo, inhibir», esto es impedir o reprimir el ejercicio de facultades o derechos. Se trata de infundir miedo, y la metodología castrochavista lo hace «legalmente» por medio de disposiciones jurídicas que van desde el contenido de sus «seudo constituciones», sus «leyes infames» y el cúmulo de normas e instituciones que han creado y funcionan con el propósito de hacer de la extorsión el «mecanismo legal» de opresión.
«La extorsión se aplica a los políticos para conseguir su docilidad o neutralizarlos«
La ausencia absoluta de «estado de derecho», la desaparición de la «división e independencia de poderes», son el marco para la utilización de la extorsión como método y medio de control. De esta manera la amenaza e intimidación en la Cuba de los Castro, Venezuela con Chávez y Maduro, Nicaragua de los Ortega, Bolivia con Evo Morales y en Ecuador de Correa, opera a indicación del régimen que pone en marcha su aparato administrativo y judicial, con el que –si la víctima no hace o deja de hacer lo que el régimen quiere- sobreviene el apresamiento, el juicio, la tortura, el asesinato de la reputación con control de prensa, la confiscación de bienes, la miseria, la ruina, el exilio o la muerte.
La extorsión se aplica a los políticos para conseguir su docilidad o neutralizarlos. Es dramático observar como los opositores terminan siendo funcionales al régimen y actuando en el marco o jaula de las limitaciones que les impone la dictadura que alternativamente de amenazas puede brindar premios, posiciones y riqueza con los que luego vuelve a extorsionar. Las constituciones castrochavistas han instaurado la «retroactividad de la ley» y suprimido o limitado las inmunidades parlamentarias para mantener bajo extorsión a los opositores como lo prueban centenas casos como el de Leopoldo López en Venezuela y de su esposa Lilian Tintori, juicios a ex presidentes (algunos ya funcionales) y ex ministros de Bolivia, y opositores en Nicaragua.
Los jueces, fiscales e incluso los abogados son también extorsionados. Lo prueban casos como el encarcelamiento, violaciones y torturas de la Juez María Lourdes Afiuni de Venezuela; los fiscales y jueces destituidos y enjuiciados, el caso del Magistrado Gualberto Cusi y los abogados encarcelados en Bolivia; la persecución y exilio de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el «Legítimo en el exilio», el de la Fiscal Ortega; el asesinato del Fiscal Alberto Nisman en la Argentina de Kirchner, y decenas mas.
Los apresamientos, torturas, vejaciones, asesinatos y exilio, empezaron como extorsiones y son operaciones dictatoriales de advertencia para garantizar la sumisión del sistema que manipulan, «sentando precedente» de su decisión de usar la extorsión para obtener beneficios para el dictador y su grupo de delincuencia organizada que llaman gobierno y que van desde los económicos, encubrimiento e impunidad, hasta la permanencia indefinida en el poder.
Nadie está libre de la extorsión gubernamental en las dictaduras castrochavistas. La justicia, la policía, las oficinas de impuestos, el empleo, el sistema administrativo, la salud, la educación, son medios para extorsionar y someter al ciudadano a la voluntad del régimen. En Cuba los «cuentapropistas» con éxito sufren el cierre y son encarcelados, en Venezuela y Ecuador se confiscaron grandes medios de comunicación y/o se forzaron ventas para ponerlos al servicio del régimen, en Bolivia se despiden periodistas bajo amenaza del gobierno, en Nicaragua se asesina impunemente. Son países donde cada quien puede dar testimonio de cuando y con que lo «aprietan».