Hay estado de derecho cuando “la ley está por encima de los gobernantes, y no a la inversa, y por ello rige por igual entre todos los ciudadanos”. Se trata de que “cualquier poder sea limitado por la ley, que condiciona no solo sus formas sino también sus contenidos”. Una de las señales de la vigencia del “estado de derecho” es la división e independencia de los órganos del poder público, y ambos -estado de derecho y división en independencia de poderes- son elementos esenciales de la democracia. Por eso, la decisión de los jueces brasileros en el caso Lula, es una demostración de la fortaleza de la democracia en Brasil, deseada y hasta envidiada por muchos pueblos de la región.
El aumento de la condena de Lula, es el “botón de muestra” de la red de corrupción establecida en Brasil y extendida por todas las Américas a partir del “Foro de Sao Paolo” y su expresión política el socialismo del siglo XXI hoy también conocido como “castrochavismo”. Lula recibió de la Constructora OAS un departamento tríplex en el balneario de Guarujá valuado en 1,2 millones de dólares a cambio de contratos para OAS con Petrobras durante su gobierno, como la refinería Abreu e Lima que Lula inauguró junto con Hugo Chávez.
El caso Lula es parte del “lavajato”, el escándalo mas grande de corrupción política transnacional, una red de crimen organizado establecida desde el “Foro de Sao Paolo” con fines políticos para enriquecer al castrochavismo que con esos dineros ilícitos manipuló elecciones y medios de comunicación, violó y viola los derechos humanos y destrozó la democracia en Venezuela con Chávez y Maduro, en Ecuador con Correa, en Nicaragua con los Ortega, en Bolivia con Evo Morales, en Argentina con los Kirchner y en varios países del Petrocaribe, bajo el control de la dictadura cubana de los Castro.
La investigación del “lavajato” dice que “miembros del gobierno brasilero (Lula) extendieron esta red de pagos bajo la mesa para que las principales constructoras de ese país logren importantes concesiones en toda América Latina”. El caso mas conocido es el de Odebrecht, pero cerca de 14 constructoras brasileras mas están bajo investigación, y este es el caso de OAS en Bolivia con obras y contratos promocionados públicamente por Lula y Evo Morales como la carretera que invade y destroza la zona indígena protegida del TIPNIS para ampliar cultivos de coca ilegal.
La condena a Lula es el señalamiento al jefe del monumental mecanismo de “internacionalización de la corrupción” bajo la doctrina dictatorial cubana para que “nunca mas les falte dinero para la acción revolucionaria”, que no es otra cosa que la destrucción de la democracia. Además de abarcar los regímenes de Venezuela con Chávez y Maduro, Nicaragua con los Ortega y Bolivia con Evo Morales que hoy ya se reconocen como dictaduras, tocó y corrompió prácticamente toda la región como lo reflejan los casos Kirchner en Argentina, Toledo, Humala y otros en Perú, los altos cargos del régimen de Correa en Ecuador que aún protegen a Correa, los casos de Panamá, Dominicana, México y mas.
Los jueces brasileros han determinado que “hay pruebas mas que razonables que el ex presidente (Lula) fue uno de los articuladores, si no el principal, de una amplia red de corrupción”. La defensa de Lula no tiene ninguna posibilidad jurídica, por eso se ha centrado en la politización del juicio sin lograr efectos por la vigencia del “estado de derecho, la seriedad e independencia de los jueces y contundencia de las pruebas. El Juez Joao Gebran Neto, miembro de la Sala que aumentó la pena a Lula negó la alegada persecución del Poder Judicial expresando que “el Poder Judicial no puede guiarse por las consecuencias políticas de este tipo de juicios”.