Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
03 de septiembre de 2017
(El Nuevo Herald) Se les acusa de ser un importante eje del narcotráfico internacional que opera con total impunidad porque los principales líderes del cartel son al mismo tiempo los máximos representantes del gobierno.
Bienvenidos al Estatismo Criminal del Siglo XXI, fenómeno que desprendiéndose de sus raíces políticas es hoy un proyecto esencialmente delincuencial que controla las instituciones oficiales de Venezuela para delinquir desde las más altas esferas del poder.
Y es que ya no es posible ocultar que el régimen de Nicolás Maduro “se ha constituido en una organización de delincuencia organizada”, dijo desde Miami Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy, ONG que vela por la estabilidad de las democracias latinoamericanas.
“Cometen delitos, tanto para permanecer en el poder como para seguir enriqueciéndose y seguir manteniéndose en el poder con fines de impunidad”, aseveró el ex ministro boliviano.
La designación de actores del crimen organizado —respalda por las decenas de casos abiertos por la justicia estadounidense— cobra importancia en medio de un creciente coro de voces que señalan que la comunidad internacional debería aplicar la Convención de Palermo en el caso de la crisis venezolana.
La iniciativa, de las cuales Sánchez Berzaín es uno de sus principales promotores, llevaría a Maduro a los principales líderes del régimen a ser denunciados bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, lo que colocaría sus nombres y sujetos a detención por parte de INTERPOL.
“De lo que se trata es de dejar de tratar a los individuos que tienen el poder en Venezuela como sujetos políticos para tratarlos como delincuentes”, dijo Sánchez Berzaín.
“Estados Unidos tiene gran documentación sobre el tema del narcotráfico, lavado de dinero y violación de derechos humanos, pero el mundo tiene documentación sobre lo que ha pasado en los últimos cinco meses” en medio de la feroz represión emprendida por el régimen contra manifestaciones pacíficas, que ha dejado un saldo de más de 150 muertos, cientos de heridos, miles de detenciones arbitrarias y casos documentados de tortura, dijo.
La aplicación de la convención, que obviamente sería ignorada en Venezuela mientras Maduro permanezca en el poder, despojaría la inmunidad diplomática a figuras claves del régimen y conduciría a sus arrestos y posterior enjuiciamientos tan pronto pisen suelo extranjero.
El precedente legal establecido en esta materia es caso, pero los proponentes argumentan que el tratamiento de la inédita crisis de Venezuela —donde las instituciones del Estado son controladas por bandas criminales— requiere la aplicación del convenio.
Académicos estadounidenses describen la situación en Venezuela como un fenómeno que no puede tratarse como una nueva manifestación de autoritarismo latinoamericano o de una simple dictadura comunista.
“Jamás, en tiempos modernos, hemos tenido una situación en que un grupo de criminales se ha apoderado de todo un Estado del peso de Venezuela”, advirtió Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Army War College de Estados Unidos.
Lo que se plantea en Venezuela no es solamente una pugna entre una sociedad que desea vivir en libertad bajo un régimen democrático y una élite que insiste en instaurar una dictadura socialista a la fuerza. Hay elementos de eso en la crisis venezolana, pero no es el concepto dominante, advirtió recientemente Ellis, quien ha testificado como experto ante el Congreso de Estados Unidos sobre la situación de Venezuela.
La situación es menos ideológica y presenta características más similares a tratar de capturar a un grupo sitiado de delincuentes peligrosos, que sintiéndose rodeados por la fuerza del orden están dispuestos a hacer cualquier cosa para no ir a la cárcel, sostiene Ellis.
El rastro de criminalidad dentro del régimen ha estado claramente establecido con el correr del tiempo. Maduro y su vicepresidente, Tareck El Aissami, ya fueron incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro, el primero por romper el hilo democrático y el segundo por ser “un importante actor en el narcotráfico”.
El Aissami y Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional, son investigados por la justicia estadounidense bajo sospechas de que encabezan dos de las mayores organizaciones de narcotráfico del país.
Las investigaciones por narcotráfico también alcanzan al ministro de Interior y Justicia, el general Néstor Reverol, así como otros oficiales de alto rango implicados con el denominado Cartel de los Soles, agrupación de traficantes liderada por militares.
Ya suman cerca de 80 las personas allegadas al régimen que han sido incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro, designación que congelas sus bienes en Estados Unidos, y son decenas más las que podrían ser sancionadas individualmente en las próximas semanas.
Pero el narcotráfico no es el única actividad delictiva atribuible a integrantes del régimen que ha llamado la atención de la comunidad internacional. Las denuncias contra el régimen también incluyen escandalosos actos de corrupción, con presunción de que miles de millones de dólares han sido saqueados de las arcas del Estado, delitos de lesa humanidad cometidos contra opositores y lavado de dinero.
Aprobada en el 2000, la Convención de Palermo fue ratificada por la totalidad de los países de la ONU para combatir a un crimen organizado que comenzaba a usar métodos cada vez más modernos para explotar las oportunidades que brindaba la globalización, dijo desde Miami la ex ministra venezolana Beatrice Rangel.
“Entonces decidieron buscar la manera de crear un marco jurídico internacional que pudiera enfrentar al crimen organizado que se estaba refugiando en la globalización a través del acceso a las nuevas tecnologías, que les iba a permitir primero ocultar dinero para financiar fines que no son legítimos, como el tráfico de droga, el tráfico humano y el terrorismo”, dijo Rangel.
En cierta manera, la convención está inspirada en la ley RICO que ha sido usada exitosamente en Estados Unidos para poner fin al auge de la mafia.
“Allí tu no tienes que demostrar que nadie cometió ningún crimen, sino que se asociaron para delinquir. Y por eso es que el Artículo 2 de la convención no define los crímenes, sino que establece que ‘Luis’, ‘Miguel’ y ‘María’ se reúnen para planificar acciones que son ilegales. Si eso sucede, eso es declarado crimen organizado, punto”, explicó Rangel.
Los proponentes alegan que integrantes del régimen venezolano cumplen con todos los incisos que califican el delito transnacional en el convenio, ya que están involucrados en actividades de planificación y ejecución de actos delictivos que traspasan las fronteras.
Los más obvios son el narcotráfico y el lavado de dinero, que han convertido a Venezuela en un narcoestado, pero también la participación en escandalosos actos de corrupción, como el caso Odebrecht.
“En el caso Odebrecht aplican también las cuatro causas [de aplicación estipuladas en el convenio] y son competentes por lo menos los el país de origen de la constructora y los estados por los que hayan circulado o depositado los fondos mal habidos”, dijo Sánchez Berzaín en un reporte.
Eso permitiría que el convenio fuese aplicado individualmente por los gobiernos de España, Panamá, Brasil y Estados Unidos.
Pero el convenio también puede ser aplicado por la ejecución de delitos de lesa humanidad en Venezuela.
“Se trata de un conjunto de acciones premeditadas, organizadas y ejecutadas con el propósito de que Maduro y su grupo retengan el poder para garantizar la impunidad que necesitan para cubrir los cientos de crímenes que de manera continuada y sostenida cometen para obtener grandes beneficios materiales dentro y fuera de Venezuela, con el beneficio de haberse apropiado del Estado para seguir delinquiendo”, dijo el ex ministro boliviano.
Y la convención establece un aspecto muy importante: que la puede activar cualquier país que haya firmado el tratado. Eso significa que cualquiera de los países vecinos que se sienten alarmados por el acelerado deterioro de la situación en Venezuela puede iniciar el proceso.
“Lo único que tiene que pasar es que fiscales, jueces o gobiernos de los países que forman parte de la convención abran una causa y soliciten a la INTERPOL la captura de Maduro, de los miembros de su gabinete, de los miembros de su mando militar y los miembros de su ilegítima Asamblea Constituyente”, explicó el ex ministro boliviano.
Bajo los términos de la convención, no es necesario que los delitos atribuibles al régimen de Maduro hayan afectados a estos países para iniciar el proceso.
Pero eso sí está pasando, advirtió Sánchez Berzaín.
El caos en Venezuela, creado por el afán de los altos integrantes del régimen por permanecer en el poder, está propiciando que miles de venezolanos abandonen sus hogares para emigrar hacia otros países de la región.
Es un éxodo que genera la criminalidad del régimen y que amenaza con provocar graves problemas sociales en los países vecinos, señaló.