Cuando el crimen organizado suplanta la democracia

(Diario Las Américas) El mundo observa en estos días el drama de Venezuela, cuyo pueblo es sometido a situaciones extremas por un régimen que decidió permanecer indefinidamente en el poder. Solo el uso indebido de la fuerza permite a la dictadura de Nicolás Maduro la ejecución de un plan criminal que reemplaza la política y la democracia, aplicando metodología fundada en la perpetración de todos los delitos que sean necesarios para lograr su propósito. La situación de Venezuela muestra en vivo lo que pasa cuando el crimen organizado suplanta la democracia y el crimen no puede ganar.

La civilización universal reconoce el principio de que los seres humanos somos libres e iguales y por eso la soberanía reside en el pueblo, esto es que “el poder político supremo que corresponde a un estado independiente” es de la gente que lo conforma, de los ciudadanos de ese estado que tienen el derecho para determinar su forma de organización, la elección de sus gobernantes, sus leyes y todo el sistema institucional que establece su forma de vida en la sociedad políticamente organizada. Por eso la democracia es “la forma de gobierno en que la que el poder político es ejercido por lo ciudadanos”.

De la libertad como derecho fundamental, como derecho humano, proviene el “derecho a la democracia”. “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”, proclama el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que en su articulo 3 reconoce los elementos esenciales de la democracia indicando entre otros el respeto a los derechos humanos y “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho”

Las Naciones Unidas (ONU) indican que el estado de derecho es “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.

Crimen organizado que recibe también el nombre de “delincuencia organizada” es “toda organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delito”. La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional determina que por “grupo delictivo organizado” se entenderá “un grupo estructurado de tres o mas personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o mas delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

Estos conceptos y normas de vigencia universal prueban fehacientemente que Nicolás Maduro y su régimen son un grupo delictivo organizado parte de una organización delictiva internacional, que cometen delitos que van desde la violación de derechos humanos, asesinatos, detenciones indebidas, privaciones de libertad, acusaciones y denuncias falsas, simulación de delitos, manipulación de jueces y fiscales (muchos de ellos integran el grupo delictivo), sobornos, cohechos, falsificaciones de todo tipo, falsedad material e ideológica, uso de instrumentos falsificados, y casi todo la legislación penal vigente, hasta delitos de narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento sin causa, ejercicio indebido de influencia, tantos delitos que la extensión de este trabajo no es suficiente para enumerarlos.

Maduro y su grupo criminal en Venezuela cometen delitos con evidencia y alevosía ante la opinión publica nacional y mundial. La coartada de sus crímenes son “acciones políticas” y pretenden convalidarlos y mantenerse en la impunidad por la fuerza. Son delitos infraganti por ejemplo: la convocatoria del 1 de mayo de 2017 a asamblea constituyente, la conformación del TSJ, las resoluciones de este tribunal respecto a la Asamblea Nacional, la persecución política, decenas de presos políticos, organización de grupos armados irregulares los asesinatos y heridas graves perpetrados contra manifestantes desde hace mas de 120 días, el fraude electoral para imponer su constituyente, la toma de la Asamblea Nacional, el encubrimiento de la corrupción Odebrecht y cientos más.

El grupo criminal que tiene el poder en Venezuela es parte dependiente de un grupo de delincuencia organizada transnacional que podríamos llamar “castrismo” y que está dirigido desde el gobierno de Cuba e integrado además y cuanto menos por los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Nicaragua. El castrismo comete el mismo tipo de crímenes internacionalmente y en cada uno de los países bajo su control como establece la convención de la ONU “con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (perpetuarse en el poder).

El crimen organizado, las dictaduras del silgo XXI defendiendo hoy su poder en Venezuela, victimando al pueblo e imponiéndose por la fuerza, está tratando de suplantar la democracia con bandera de revolucionarios, cuando en verdad son solo bandidos que integran una poderosa y peligrosa organización criminal tipificada por la ONU.

Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.