(Diario Las Américas) El contundente repudio del pueblo venezolano a la constituyente corporativista expresado en la consulta del pasado 16 de julio ha dejado claro que el régimen de Venezuela no tiene legitimidad ni legalidad para mantenerse en el poder. La movilización popular ininterrumpida de casi 4 meses muestra un pueblo decidido a recuperar la democracia, pese a los más de 100 muertos y miles de heridos que el Gobierno ha causado para sostenerse en el poder. La popularidad de Maduro no alcanza al 10% de apoyo mientras el repudio supera 90%. El reconocimiento internacional de que Maduro está al margen de la democracia es mayoritario. Una semana antes de la ilegal constituyente Venezuela tiene un régimen “de facto”, una dictadura solamente sostenida por el uso indebido de la fuerza.
Todo gobierno necesita condiciones mínimas de legalidad y de legitimidad. La legalidad está dada por el cumplimiento de las leyes, es la correspondencia de las acciones del gobierno a lo “prescrito por ley y conforme a ella”. La legalidad está expresada en el Estado de Derecho o sea en el conjunto de disposiciones constitucionales y legales que regulan el acceso y el ejercicio del poder, incluyendo los elementos esenciales de la democracia contenidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA que son “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Legítimo es lo “cierto, genuino, verdadero”. La legitimidad en ciencia política “enjuicia la capacidad del poder para ser obedecido sin necesidad de la coacción con la amenaza o el uso de la fuerza”, se trata del concepto que denota la aceptación del ejercicio del poder y de la autoridad por un consenso entre los miembros de la comunidad política. En democracia la legitimidad tiene que ver con el ejercicio de la autoridad política por mandato del soberano que es el pueblo. La legitimidad de origen se da en las elecciones con el “sufragio universal secreto”, mientras que la legitimidad de ejercicio corresponde al nivel de consenso que las acciones del gobernante merecen de los mandantes.
Si revisamos la historia del Gobierno de Nicolás Maduro, desde el punto de vista de la legalidad, veremos que en su origen se trata de un poder nacido en violación del estado de derecho por –entre otras- la maniobra inconstitucional de habilitación de Maduro para las elecciones forzadas por la muerte de Hugo Chávez. La instalación de Maduro como “presidente” fue simplemente una sucesión en el modelo no democrático del socialismo del siglo XXI, manipulada desde el poder, con flagrante intervención externa desde el régimen cubano, viciado por la violación y ausencia de los elementos esenciales de la democracia. Las elecciones de 14 de abril de 2013, con claras señales de fraude electoral contra el candidato Henrique Capriles y el encubrimiento del fraude con el control de todos los órganos del poder público para beneficiar al heredero señalado Nicolás Maduro, fueron otra señal de ilegalidad que agregó crisis de legitimidad.
La muerte de Hugo Chávez produjo la confrontación política interna del oficialismo de Venezuela, en el mismo régimen se enfrentaron “chavistas” contra “castristas” , los primeros con el señalamiento hecho por el propio Chávez a favor de Nicolás Maduro y el auspicio de “La Habana” y los segundos liderados por Diosdado Cabello; y en esta interna ganó el castrismo con Maduro. El efecto mas notable fue sin duda la inmediata consolidación de la dictadura de Cuba en el liderazgo político de América Latina con Venezuela como su principal fuente económica, convertida casi en una colonia.
El modelo económico-político del castrochavismo o socialismo del siglo XXI ejercitado también en Ecuador con Correa, Bolivia con Evo Morales, Argentina con los Kirchner, Nicaragua con los Ortega, pero mas avanzado en Venezuela produjo muy pronto la terrible crisis económica que vive el país petrolero mas rico de la región. Un sistema autoritario, centralista, estatista, intervencionista, que institucionalizó la corrupción, entreguista y dilapidador llevó a Venezuela a la situación de hambre y miseria que sufre el pueblo al que Chávez, Castro y Maduro engañaron con promesas de liberación. Con todo esto, la ya afectada legalidad de Maduro fue sacudida por la ausencia total de legitimidad, agravadas ambas por la reacción sumisa de Maduro aplicando la metodología castrista de control de crisis que ha producido la Venezuela que hoy solo quiere la salida de Maduro.
Un elemento esencial de las dictaduras es la “permanencia indefinida en el poder” y es éste el que impide a Maduro una solución racional y patriótica en Venezuela. Maduro está obligado por la transnacional castrista liderada desde La Habana a permanecer en el poder, no puede perder el poder, debe “consolidar la revolución” castrochavista con careta de socialismo así sea en contra de la voluntad de todos los venezolanos. Para eso han inventado y convocado la constituyente del 30 de julio de 2017 que no tiene mínima legalidad ni legitimidad. Por eso la dictadura cubana usa todos sus mecanismo y aliados para sostener a Maduro, incluyendo Rusia, China, Corea del Norte, las FARC desde Colombia, el Petrocaribe, su fuerza en la ONU, su menguante control de la OEA y los gobiernos vasallos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Salvador.
La dictadura en Venezuela sabe que solo la sostiene la fuerza y que se trata de una fuerza decreciente, menguante y debilitada. Está por verse si los hombres de armas de Venezuela son patriotas o traidores, si contribuyen a la recuperación de la democracia en su país o si lo entregan a un estatuto castrista.