La democracia es el único sistema que puede garantizar transparencia y efectiva lucha contra la corrupción, porque tienen entre sus elementos esenciales el respeto a las libertades fundamentales, la división e independencia de los órganos del poder público y la vigencia del estado de derecho. Sólo con estas condiciones puede existir efectivo ejercicio de la prensa libre, de libertad de expresión, de investigación abierta a las autoridades, obligación de los gobernantes de rendir cuentas, transparencia, fiscales y jueces independientes del poder político eventual, reglas claras, alternancia en el poder y vigencia de la ley por encima del poder del Gobierno.
No es que en democracia no exista corrupción, se trata de que sólo en democracia se puede prevenir, detectar, investigar, publicitar, juzgar y sancionar la corrupción. En democracia se sabe que el destino de los corruptos es la condena, pero además la perdida y/o devolución de los frutos de la corrupción. El mensaje de la democracia es que el crimen desde el poder político no paga y debe ser ejemplarmente sancionado, porque se trata de delitos en abuso del soberano que sólo reside en el pueblo y que exige cuentas por medio de los mecanismos institucionalizados: una estructura con frenos, balances y contrapesos al ejercicio del poder.
Cuando se violenta y termina con la democracia el objetivo es la concentración total del poder, como lo hicieron sistemáticamente en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y como lo intentaron en Argentina con los Kirchner y en Brasil con Lula y Rousseff. Los regímenes del socialismo del siglo XXI creados y dirigidos por la dictadura castrista de Cuba cambiaron constituciones, sistemas de justicia, mecanismos de control fiscal, contralores, sistemas financieros y electorales, modificaron a su antojo el control de medios de comunicación hasta apoderarse de ellos y/o controlarlos, en suma hicieron todo para que el poder empiece y termine en el caudillo llamado Castro en Cuba, Chávez y ahora Maduro en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa y ahora Moreno en Ecuador y Ortegas en Nicaragua.
Cuando concentraron todo el poder también redujeron al tamaño y modelo de su antojo a la oposición, a la opinión y a la prensa, porque quienes pasan los límites fijados por el régimen son sometidos a la “judicialización de la represión política” con acusaciones, persecuciones y condenas judiciales infames a las que el resto del mundo reconocerá como legítimas, forzando a las víctimas a la cárcel, al exilio y/o al “asesinato de su reputación”.
Estas son las razones por las que gobiernos que manipulan las elecciones y que llegaron al poder por votos son dictaduras que han ampliado el poder del castrismo casi a toda la región. Brasil fue fundamental en la capitalización de los dictadores, por su importancia económica y política. Al llegar Lula a la presidencia el 2003 empezó la rápida construcción de un sistema de corrupción usando la riqueza y las capacidades empresariales brasileras que son del primer mundo. El “lava jato” es el resultado y miles de millones de dólares en obras y en coimas o sobornos; son los beneficios para que criminales de izquierda castrista hayan hecho de la política una gran mafia, que además por separado se ha implicado en otro tipo de corruptela de negocios con China, de negociados con petróleo y recursos naturales y en narcotráfico, como otras líneas de ingresos de las dictaduras.
La ilimitada cantidad de miles de millones de dólares de la que los dictadores del socialismo del siglo XXI se han apoderado y disponen, generando nuevos ricos en la política y nuevas o reactivadas burguesías de su amaño en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, igual que en el Brasil de Lula y la Argentina de los Kirchner, los hace prácticamente intocables, porque como era su propósito, tienen tanto dinero que pueden controlar la política de sus países con bloques partidarios para garantizar impunidad como lo intentan ahora en Argentina por ejemplo.
Estos nuevos multimillonarios de la corrupción y principales actores de la política, usan también el dinero del crimen para influir en las democracias del mundo, por ejemplo contratando poderosos lobbies, grandes oficinas de abogados y de relaciones públicas en Estados Unidos para neutralizar ataques, mejorar su imagen o perseguir políticos que consideran enemigos; influyen en la creación de nuevos movimientos políticos como sucede en España con Podemos; someten gobiernos o líderes democráticos a sostenidos ataques de aparentes neutrales bien incentivados por el dinero de la corrupción, y más.
El poder económico de los capos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua busca hacer imposible que pierdan el poder y si lo pierden debe garantizar su impunidad. Han logrado cumplir la promesa que hicieron de que “nunca más debe faltar dinero” al declarar a los noventas como “la década perdida” por falta de recursos para conspirar. Por esto y por mucho más, hay que destapar la corrupción de las dictaduras de las Américas y el Brasil es hoy un buen punto de partida.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
(Diario Las Américas) La investigación de corrupción en Brasil pone en evidencia un sistema de corrupción regional montado por decisión política con el objetivo de tomar y retener el poder. La acción de la justicia y de la prensa brasileras, le dan al mundo la prueba que los miembros del Foro de Sao Paolo pusieron en marcha un aparato de obtención de dinero ilícito con fines políticos de izquierda y obvios beneficios ilegales para sus dirigentes. Este consorcio internacional de corrupción abarca toda la región y los regímenes de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, son socios principales que encubren sus delitos con su poder total. Las pruebas están en Brasil y con ellas se debe destapar esta línea de corrupción de las dictaduras de las Américas.