En el siglo XXI el eje de confrontación de la política en América Latina no es ideológico, no se trata de la lucha por el poder entre izquierdas y derechas, o entre nacionalistas y globalizadores, ni entre estatistas y liberales, tampoco entre progresistas y conservadores. La disputa fundamental se presenta entre quienes quieren el poder indefinidamente con su propia voluntad e interés como norma, contra los que creen en la institucionalidad del estado de derecho con el mandato de la ley como fundamento. Es la confrontación entre la dictadura y la democracia, entre el castrismo que logró expandir su proyecto anti democrático en la región, contra los pueblos que quieren libertad, con alternancia en el poder, rendición de cuentas y responsabilidad de los gobernantes. De la disputa de planes de gobierno se ha retrocedido a la confrontar la forma de gobierno y de Estado.
Esta situación resulta de la “destrucción institucionalizada del estado de derecho” y en consecuencia de la democracia que el castrismo expandió como nuevo método de lucha desde su alianza con Hugo Chávez. Con pretensión de revolución y discurso populista, con ingentes cantidades de dinero provenientes del petróleo venezolano, de la corrupción y hasta del narcotráfico, manipulando procesos electorales, plebiscitos y referéndums, suplantaron constituciones, introdujeron leyes infames, lograron el control total del estado y de sus órganos hasta obtener la concentración y manipulación total del poder al servicio de la corrupción.
En lo inmediato controlaron la región con éxito aparente. Luego llegó el inevitable fracaso, porque el sistema castrista de “dictaduras del socialismo del siglo XXI” (SSXXI) entró en crisis por su economía centralista, estatista y personalista, por la incapacidad, la corrupción y la ausencia de libertad; la falta de frenos y balances, de oposición real, alternancia en el poder, elecciones limpias, prensa libre, justicia independiente. Pasaron a destacarse por sus nuevos ricos, los crímenes de estados y los presos, exiliados y perseguidos políticos que además de ciudadanos cubanos desde hace casi 60 años ahora son venezolanos, bolivianos, ecuatorianos…
Además de la crisis económica, social y política del modelo dictatorial castrista que hoy se ve en su grado más avanzado en Venezuela, han dado lugar a una verdadera crisis de paz y seguridad hemisférica, producida por las acciones políticas deliberadamente ejecutadas, fijando su centro en Venezuela. Se trata de la amenaza a la paz y seguridad internacionales que han crecido exponencialmente con el “narcotráfico”, las vinculaciones con el “terrorismo” islámico, la presión sobre “migración forzosa” y la “corrupción” que las dictaduras del SSXXI han generado como parte de su declarada política antiimperialista contra de los Estados Unidos de América.
Bajo el sistema promovido por Castro y Chávez el narcotráfico creció y se señalan como narco estados a la Venezuela de Chávez y Maduro y a la Bolivia de Evo Morales. Las dos principales fuentes de cocaína del mundo que cada año incrementan su producción son Colombia con las FARC (en proceso de legalización política) y Bolivia con Evo Morales, que han hecho de Venezuela el eje del ilícito. Esta situación hubiera sido imposible sin la participación directa del castrismo SSXXI sosteniendo a las FARC y defendiendo la coca como política de estado con Evo Morales afirmando en la ONU que la lucha antinarcótico es “un instrumento de opresión del imperialismo norteamericano”. Así no resulta casual que todos estos gobiernos hayan expulsado a la DEA.
Similares acciones son verificables en las vinculaciones con el terrorismo de origen islámico, la presión sobre migraciones por la inseguridad que crea el narcotráfico, y respecto a la corrupción institucionalizada. El detalle en la situación actual de la dictadura de Nicolás Maduro, es que la mayoría, sino todos los centros de control de estas cuestiones criminales aparecen mostrando como eje a Venezuela.
La peligrosidad de la dictadura venezolana es extrema para toda la región porque hoy Venezuela –entre otras cosas– aparece como el centro de: la protección a las FARC; del tráfico de drogas provenientes de las FARC y de los sindicatos cocaleros de Evo Morales; es el país que emite pasaportes dando falsa identidad a personas de territorios afectados por el terrorismo islámico; es donde la corrupción, por ejemplo el “lava jato”, permanece sellada igual en Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Expertos dan cuenta que es desde el eje de narcotráfico de Venezuela, que crece la presión de inseguridad en Centro América con maras, mafias y carteles mexicanos incluidos.
En este escenario no es raro que Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua hayan reiterado su apoyo incondicional a la dictadura de Maduro. Lo extraño es que todos los gobiernos de las democracias del hemisferio, desde Canadá y Estados Unidos hasta Brasil, Argentina y Chile –con extraordinarios servicios de información– no señalen la alta peligrosidad que representa para sus pueblos, sus gobiernos y sus estados la permanencia de la dictadura venezolana en el poder.
Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy