Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
05 de febrero de 2017
(Diario Las Americas) El siglo XXI presenta una división en las Américas en el plano de las libertades fundamentales. Es un retroceso histórico que sitúa el eje de confrontación entre la existencia y la ausencia de democracia, que demuestra que hay una América democrática y una América sin democracia o dictatorial integrada por los países del denominado socialismo del siglo XXI (SSXXI). El esfuerzo de los gobiernos dictatoriales es permanecer con apariencia y sobretodo denominación de “democracia” -impostura ejecutada con relativo éxito- por lo que es importante reiterar que los regímenes de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua son dictaduras y que sus jefes Raúl Castro, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega son dictadores sin lugar a duda alguna.
Los países democráticos cumplen los elementos esenciales de la democracia: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Están sometidos a la ley, hay fiscalización institucionalizada, libertad de prensa y de expresión, los gobernantes no cambian las leyes en su favor, ni las modifican con carácter retroactivo contra los opositores. No hay persecución política y por lo tanto no existen presos ni exiliados políticos. Pueden haber crisis en uno o varios de los elementos esenciales de la democracia, pero no son permanentes ni provocados por el gobierno en beneficio propio.
Dictadura es el “régimen político que, por la fuerza o la violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”. Violencia “implica uso de la fuerza física o moral”. Las características objetivas de la dictadura son inversas a las de la democracia y se presentan como metodología de control político y social: violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, inexistencia del estado de derecho en el ejercicio y para la perpetuación en el poder, uso de las elecciones como instrumento de fraude y manipulación de la voluntad popular, imposibilidad de que la oposición llegue al gobierno por procedimientos institucionalizados con hegemonía del partido oficial con tendencia a partido único, y control de todos los poderes públicos.
Los apologistas del SSXXI argumentan que llegaron al poder por elecciones, que cuando hay votación no hay dictadura y que no han dado golpes de estado. Pero estos artificios sirven precisamente para demostrar la condición dictatorial, pues –como enseña el ex Presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado- “sin que se proclamaran dictaduras y se dieran golpes de estado de factura militar, lo que han hecho los mandatarios de los llamados países bolivarianos, a través de la utilización maliciosa de las instituciones democráticas fue acceder al poder mediante el voto de los ciudadanos, pero una vez instalados en el gobierno se las arreglaron para, a través de disimulados y sucesivos mini golpes de estado, desconocer el orden jurídico bajo el cual fueron elegidos y conformar un sistema político contrario a los principios democráticos”.
Los golpes de estado perpetrados bajo dirección castrista por Chávez y Maduro en Venezuela, por Correa en Ecuador, por Morales en Bolivia y por Ortega en Nicaragua, son golpes –con violencia física y moral- que han reemplazado la constitución como en Venezuela y Ecuador, o la han suplantado como en Bolivia, o dicen interpretarla -cambiándola a su conveniencia por medio de sus jueces o parlamentarios- como en Nicaragua y todos los países mencionados. Los golpes de estado del SSXXI destruyen el “estado de derecho” hasta llegar al punto de tener constituciones y leyes infames que les permiten la permanencia indefinida en el poder, el control total de los poderes del estado, mayorías absolutas en el legislativo, la persecución política judicializada con jueces como instrumento de represión, la manipulación electoral con tribunales de su amaño, la impunidad y encubrimiento de su ilimitada corrupción, el control de prensa, el enriquecimiento ilícito.
Este es el “golpe de estado del SSXXI”. Una forma de golpe blando, encubierto en supuestas reformas de beneficio colectivo o falsamente presentadas como demandas populares, que usan “un conjunto de técnicas conspirativas no frontales y principalmente no violentas con el fin de controlar indefinidamente en el poder” burlando al soberano, anulando la oposición y simulando interés nacional. La violencia de estos golpes es moral, pero no excluye la física con masacres como la del Hotel Américas o la del Porvenir en Bolivia.
El SSXXI es la historia de golpes de estado sin fin: Daniel Ortega para reelegirse ilegalmente e inhabilitar a la oposición en las últimas elecciones de Nicaragua; las decisiones de Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para anular las potestades y decisiones de la Asamblea Nacional que ha cesado del poder a Nicolás Maduro; la “ley Mordaza” de Correa en Ecuador para suprimir la libertad de prensa; la redacción de la constitución del estado plurinacional de Evo Morales en Bolivia por el Congreso Ordinario y no por la Asamblea Constituyente ya incompetente por el vicio de su conformación violando el procedimiento de reforma constitucional. Y Cuba es la dictadura modelo y la fuente de este sistema.
Cada ciudadano en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua puede recordar infinidad de “golpes de estado del SSXXI” perpetrados en su país; conoce los nombres de presos y exiliados políticos; sabe que si un ciudadano ejerce sus libertades y derechos contra el gobierno, será administrativa o judicialmente reprimido desde la pérdida de su empleo, hasta con cárcel……y ¿hay todavía quienes dudan en llamar dictadores a Maduro, Correa, Morales y Ortega?!!
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy