La persecución política es un problema de toda la sociedad

Carlos Sánchez Berzaín
07 de Noviembre de 2016

(Diario Las Américas) En democracia no puede existir persecución política, pero en los regímenes dictatoriales del socialismo del siglo XXI se trata de una práctica fundamental en el ejercicio y para la permanencia indefinida en el gobierno. La ausencia de “división e independencia de los órganos del poder público” y la eliminación del “Estado de derecho”, son el marco para la sistemática violación de los derechos humanos de ciudadanos cuya condena está previamente señalada. La persecución política destroza la organización democrática para reemplazarla por el miedo como mecanismo de control social y no afecta solamente al perseguido, es un problema de toda la sociedad.

La persecución en los regímenes no democráticos tiene la acepción de presionar, “molestar, conseguir que alguien sufra o padezca procurando hacerle el mayor daño posible”, pues se trata de causar molestia de manera continua, acosándolo. La persecución política está constituida por un “conjunto de acciones represivas o maltratos persistentes, realizadas por un gobierno sobre un individuo o grupo del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características políticas o de otro tipo”. La viuda del asesinado líder cubano Osvaldo Payá, enseña que “la persecución política es la consecuencia directa de la discriminación política que sufren todas las personas que tiene el valor disentir del poder político establecido por la fuerza bruta, la trampa o por ambos…”

La historia demuestra que la sociedad y los ciudadanos no toman en serio la persecución política hasta que les toca, esto es hasta que son perseguidos, hasta que la violación sistemática y premeditada de los derechos humanos los afecta. La persecución de los judíos por el nazismo fue soslayada e incluso deliberadamente ignorada por los mismos miembros de la comunidad afectada hasta que fue demasiado tarde. Las dictaduras demuestran que la persecución política solo se evita con la vigencia de los elementos esenciales de la democracia: la división e independencia de poderes, el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con un sistema de frenos, contrapesos y balances al poder, con jueces imparciales, con alternancia en el poder, con obligación de rendición de cuentas, con prensa libre, con la vigencia de la Constitución y la ley preexistentes por encima de la voluntad del gobernante.

La persecución implacable y sangrienta del castrismo es el medio de control de una sociedad reducida a la miseria que se ha convertido en producto de exportación trasladado a los gobiernos no democráticos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua donde la persecución política se ha refinado asumiendo la simulación democrática de la acusación judicial por supuestos crímenes. Esta situación recurrentemente denunciada por las víctimas en los países afectados se denomina hoy “la criminalización de la política”, la “judicialización de la represión”, el “sicariato judicial”. Existe, está en plena ejecución y sirve para achacar a las víctimas los delitos que cometen los convertidos en acusadores. En muchas ocasiones han sido precedidos o acompañados de declaraciones públicas en cadenas nacionales realizadas por Chávez, Maduro, Correa, Morales y Ortega. La naturaleza política de la persecución está señalada por el propio régimen.

Las víctimas de persecución política en la dictaduras del socialismo del siglo XXI son presos políticos, exiliados o permanecen acosados, bajo la presión de juicios en los que se viola el derecho a la defensa, la irretroactividad de la ley, el principio de juez imparcial, la presunción de inocencia, la valoración de la prueba, la propiedad privada, el derecho al trabajo y en general todos los derechos humanos que hacen al debido proceso de ley. La persecución política está acompañada del “asesinato de la reputación”, esto es, el destrozo premeditado de la imagen pública del perseguido mediante propaganda, infamias y señalamientos atroces que repetidos por el jefe de gobierno y los múltiples voceros oficialistas, con el control de medios, hacen que el perseguido antes de poder defenderse ya esté condenado y obviamente con sus opciones de defensa reducidas al mínimo, cuando no liquidadas.

Algunos casos notables muestran en Venezuela a Leopoldo López como la víctima mas importante; hay decenas más de presos políticos, miles de exiliados y procesados con los que el dictador Maduro negocia hoy su ilegal permanencia en el poder. En Ecuador, el vicealcalde de Quito sentenciado por –dizque– desacreditar la honra del presidente Correa; Francisco Endara condenado a prisión por aplaudir y forzado al exilio; Sebastián Ceballos a prisión por un tuit; el periodista Palacio exiliado por acción directa de Correa; el Gobierno señalado por la ONU como responsable de la violación del debido proceso de los empresarios Isaías, forzados al exilio. En Bolivia, el presidente Sánchez de Lozada y su Gobierno siguen perseguidos y acusados de los crímenes cometidos por Evo Morales y sus cómplices para derrocarlos, y Morales se ampara en una amnistía que es la confesión de sus delitos; más de 1.200 perseguidos forzados al exilio; decenas de presos políticos que incluyen al Alto Mando Militar de 2003, al Gobernador de Pando y al Gral Gary Prado, que apresó al Che Guevara; más perseguidos para buscar transacción o sumisión para el continuismo indefinido de Morales, desconociendo el NO del referéndum 21F, con acusaciones retroactivas contra Doria Medina, ya enjuiciado, cautelado y denunciando persecución. En Nicaragua, los medios de comunicación silenciados como ha denunciado Freedom House; el Tte Yaader Nicolás encarcelado por comentar la represión contra campesinos; los equipos de Radio Oyanka decomisados y su licencia cancelada; Ortega y su cónyuge simulando elecciones luego de eliminar la oposición….