por Carlos Sánchez Berzaín
25 de julio de 2016
(Diario Las Américas) El control de la fuerza es una característica fundamental y una necesidad imprescindible de la dictadura, pues por su natural falta de legitimidad le permite tomar y/o mantener el poder, sostener la liquidación de los elementos esenciales de la democracia y someter al pueblo. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI extendidas hoy en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua presentan claramente esa característica porque han logrado que los ejércitos regulares, en lugar de ser organizaciones institucionalizadas en el marco del estado de derecho -fuerzas armadas de la nación- sean hoy solo el brazo armado de la opresión del régimen. En los países no democráticos los ejércitos no están al servicio de la nación ni del Estado, son las fuerzas armadas del régimen.
En el concepto de “estado de derecho”, que es uno de los elementos esenciales de la democracia, todos los poderes que conforman un estado y los individuos que los integran están sometidos a la ley, desarrollan su funciones y cumplen sus competencias de acuerdo al ordenamiento jurídico que tiene como fundamento la constitución y nadie puede estar por encima de la ley. Bajo este principio el rol de las fuerzas armadas se encuentra establecido en la constitución política y su subordinación al poder civil es una característica desarrollada en el marco de las leyes que conforman un sistema institucional para que sean la garantía de estabilidad y seguridad para el país, para sus ciudadanos y para los propios miembros de las fuerzas armadas que simplemente son parte del pueblo. No se trata de servir a un Gobierno o a un individuo, es el servicio al país por encima de gobiernos y personas.
En la historia de la destrucción de la democracia, el papel de las fuerzas armadas en el siglo XX ha sido el de actuar en beneficio propio estableciendo gobiernos militares conocidos como dictaduras militares, muy frecuentes en América Latina en tiempos de la guerra fría donde las dos potencias en contienda auspiciaron y sostuvieron dictaduras militares de izquierda y de derecha convirtiendo a los ejércitos en un aventajado instrumento armado en el juego político. Como consecuencia de ese proceso ha sobrevivido la dictadura castrista en Cuba que comenzó siendo guerrillera para terminar con los ejércitos del sistema, pero que ha desarrollado por 57 años un gobierno esencialmente militarizado, con ejércitos que son y están al servicio del régimen.
En la salvación y posterior expansión del castrismo desde 1999 a partir de su alianza con Hugo Chávez y el inmediato ataque contra las democracias en América Latina, el control y la deformación del rol de las fuerzas armadas comenzó en Venezuela aprovechando la condición militar del presidente y luego dictador Hugo Chávez que incluso cambió el nombre de la institución que hoy se denomina “Fuerza Armada Nacional Bolivariana” con el propósito de convertirla en su instrumento de fuerza. Además de la denominación, se puso en marcha el inmediato cambio de la “doctrina” para abrazar los conceptos castristas disfrazados de nacionalismo con el discurso “antiimperialista”; se integró el Gobierno con jefes militares, se otorgaron competencias civiles y políticas a personal militare, en suma se politizaron las fuerzas armadas y se militarizó la política, con resultados de sumisión en lugar de subordinación, altísima corrupción, vinculaciones al narcotráfico y absoluta destrucción institucional. Los militares venezolanos que defendieron su patria, su institución y su juramento fueron prontamente muertos, enjuiciados, perseguidos, encarcelados y exiliados, por eso muchos de los presos políticos de la dictadura venezolana son militares.
El proceso de cubanización dictatorial de las fuerzas armadas venezolanas se ha repetido en los países con gobiernos del socialismo del siglo XXI. En Bolivia Evo Morales en persona, para encubrir los crímenes que cometió en derrocamiento del gobierno constitucional en octubre de 2003, presentó juicio y manipuló –con sus fiscales y jueces- una sentencia contra los miembros del alto mando militar de 2003, hoy presos políticos; con esa señal de fuerza el líder cocalero devenido en capitán general siguió el camino de Chávez con la agenda castrista en el cambio de la doctrina de las fuerzas armadas “de la nación” por las fuerzas “del régimen” o “del jefe del estado”, al punto que hoy está listo para inaugurar su “escuela militar antiimperialista” que ha incorporado como parte del sistema de estudios de los militares que no podrán ascender del grado de tenientes sin cursar tal “entrenamiento”. Además de eso Morales no se descuida de perseguir y humillar a destacados militares como el Gral. Gary Prado que capturó al Che Guevara, mientras ha convertido en héroe al guerrillero sanguinario que invadió la soberanía boliviana y que mató decenas de soldados de la Patria.
La relación del Rafael Correa con las fuerzas armadas Ecuador han seguido la misma agenda y se encuentran en una fase en la que el jefe de Carondelet se ha visto en la necesidad de hacer purgas en los mandos tocando los beneficios económicos institucionales, pero el control del régimen no parece estar en cuestión. En Nicaragua, Daniel Ortega es prácticamente el dueño de un sistema militar cuya pertenencia al régimen no se discute. La característica adicional de esta “metamorfosis” de las fuerzas armadas por el socialismo del siglo XXI es la extrema corrupción que resulta indisimulable. Basta ver la penetración del narcotráfico, las compras y equipamientos militares convertidos en adquisiciones de materiales inservibles de alto precio, la necesidad de impunidad y la actitud de los mandos militares que sostienen a sus gobiernos dictatoriales por interés propio, la prebenda que los transforma de soldados en mercenarios. Sin duda hay militares de honor y disgustados con todo esto, pero hoy, estas son las fuerzas armadas –otrora de la Nación- convertidas en fuerzas de los regímenes dictatoriales.