La dictadura venezolana reafirma su naturaleza

Carlos Sánchez Berzaín
18 de abril de 2016

Siguiendo la metodología y estrategia de la dictadura castrista, Nicolás Maduro y su entorno han decidido continuar ejerciendo el poder total en Venezuela como si el 6 de diciembre de 2015 (6D) no hubiera pasado nada, como si el pueblo no los hubiera derrotado y la Asamblea Nacional no hubiera dejado de ser el controlado mecanismo de soporte autoritario para simular democracia. Maduro ha despreciado la oportunidad de una salida decorosa respetando al Poder Legislativo y permitiéndose un proceso de transición, cuyo principal beneficiario hubiera sido él y su régimen. El empecinamiento en el ejercicio descarado y ultrajante del poder total, utilizando la fuerza y la manipulación judicial por medio de “sentencias infames”, solo ofrece más pruebas de la ausencia de democracia, castiga por más tiempo al pueblo y reafirma la naturaleza dictatorial de un Gobierno sin opciones.

La dictadura quiere seguir sometiendo a Venezuela sin considerar el estado de “desastre nacional” y “crisis humanitaria” a la que ha conducido al país petrolero mas rico de América Latina. Hasta el 6D con su discurso populista, la prebenda y el esquema internacional organizado con la dictadura castrista, el régimen chavista se esforzaba por presentarse como una democracia popular, o una democracia diferente y se amparaba para esto en el hecho de que ganaba elecciones y tenía –supuestamente– el respaldo mayoritario del pueblo. Pero luego de la derrota del 6D, quedó claro que tal respaldo no existe más (si alguna vez existió), que pese al fraude y la manipulación electoral, un pueblo cansado y empobrecido optaba por un retorno no violento a la democracia, y que por eso y para eso, empoderaba una Asamblea Nacional en manos de defensores de la libertad.

El cambio ordenado por los venezolanos es la necesidad de democracia en expresión de comida, medicinas, libertad, seguridad, no más corrupción, no más perseguidos por jueces verdugos, no más presos políticos, no más exiliados, no mas intervención extranjera, no más impunidad, no más vergüenza nacional… No se trata de un tema ideológico, no es una cuestión partidista ni de izquierdas o derechas, es simplemente el derecho a vivir con normalidad, el derecho a la civilización de la que buen ejemplo había dado Venezuela cuando casi todo el resto de América Latina estaba controlada por regímenes dictatoriales.

Maduro está ejecutando una estrategia de cerco a la Asamblea Nacional para mostrarla incompetente e ineficiente, para seguir satanizando la política y presentarla como derechista en el maniqueo manejo castrista del persistente discurso anti imperialista. Lo hace tratando de simular funcionamiento de la democracia de farsa que construyó Hugo Chávez; para eso utiliza su Tribunal Supremo de Justicia haciendo declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, mostrando el camino que seguirá usando para inmovilizar al Poder Legislativo, mientras trabaja la destrucción institucional de la Asamblea y en el asesinato de la reputación de sus miembros, buscando dividir, aterrorizar o neutralizar, y en el tiempo achacarles las responsabilidades y crímenes del Gobierno.

La naturaleza digitada, subordinada y títere del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela al jefe de estado ha quedado fuera de toda duda. El veloz, insostenible y corrupto fallo sobre la Ley de Amnistía es solo una muestra más de corrupción de un régimen dictatorial.  Si alguna muestra faltaba, de que el Gobierno no respeta la división e independencia del poder público, la sentencia de inexistente inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía lo demuestra. Se ha probado también que en los países de la órbita castrista (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) la estrategia de los gobernantes es culpar, enjuiciar y sentenciar por los crímenes del Gobierno a las víctimas. Está demostrado que las dictaduras del socialismo del siglo XXI han creado su propia “institucionalidad dictatorial” que no es lícita, ni legítima, para proteger sus delitos, su corrupción, y sostenerse indefinidamente en el poder.

Una ley que en su objeto o contenido viola los derechos humanos es una “ley infame” y una sentencia o fallo que viola los derechos humanos es una “sentencia infame”.  En ambos casos lo que determinan es “nulo de pleno derecho”, es prueba de delitos cometidos por sus autores y ejecutores, por el grado de vileza y prevaricato que evidencian. Pero temporalmente sirven para aparentar legalidad y promover la propaganda en un conflicto de poderes, cuando en rigor, no puede haber conflicto entre el poder legal y legítimo, única expresión de democracia que es la Asamblea Nacional y los órganos de la dictadura, aunque estos últimos tengan la fuerza y el control de la comunicación.

El Gobierno de Maduro con su agenda castrista está dispuesto a llevar a los venezolanos a la situación en la que desde hace décadas se encuentra el pueblo cubano. No se trata de la crisis de Gobierno o gobernabilidad de una democracia como la brasilera que sufre hoy el stress generado por la corrupción al que más pronto que tarde dará una salida institucional y democrática.  Lo de Venezuela es la acción premeditada y violenta del sometimiento de un pueblo a las condiciones dictatoriales de miseria impuestas por un Gobierno extranjero con el sometimiento y traición a la Patria de parte de un grupo de corruptos que ya no tienen siquiera donde escapar.

El Gobierno de Venezuela ha reafirmado su naturaleza dictatorial, ha quemado los puentes de una transición y retorno inmediatos a la democracia. Su agenda es más crisis, más violencia, más tensión, más de todo aquello que los opositores –ni nadie en su sano juicio– quiere ni desea. En eso consiste el poder dictatorial castrista hoy aplicado en Venezuela, en la generación y administración del miedo. Es duro de explicar, pero más difícil de entender.