Lula: el ministro de la corrupción

Carlos Sánchez Berzaín
21 de marzo de 2016

(Diario Las Américas) Con confesado propósito de protegerlo de la justicia por delitos de corrupción, el expresidente de Brasil Ignacio Lula da Silva ha sido designado ministro por la presidenta Dilma Rousseff. Lula ha quedado convertido en el miembro más importante del equipo de Gobierno brasilero para tener “inmunidad”, o sea para evitar la acción de la justicia. Se trata de un hecho sin precedentes en democracia porque vulnera el “estado de derecho”, constituye un acto de “obstrucción de la justicia” por parte de la jefa del estado, son delitos de complicidad, encubrimiento, uso indebido de influencia y más, es una “confesión pública de culpabilidad”. Hace de “Lula el ministro de la corrupción”.

En un discurso de 1988 José Ignacio Lula da Silva -como dirigente de izquierda- dijo que “en el Brasil cuando un pobre roba va para la cárcel y cuando un rico roba lo nombran ministro”. Lo que en ese momento parecía una acusación al sistema político al que Lula atacaba, podría ser el epitafio de un exdirigente sindical y ahora nuevo rico, y se ha convertido en una comunicación viral en las redes sociales para mostrar como el expresidente de Brasil, asistido por la actual presidenta, ha recurrido a la vergonzosa figura de incorporarse a la cabeza del gabinete, en el ministerio políticamente más importante para encubrirse. Esto deja las preguntas de quién manda? O quién encubre a quién?, y establece el objetivo principal del Gobierno de Rousseff garantizar la impunidad de Lula y su Gobierno ante el sistema de justicia.

Uno de los elementos esenciales de la democracia es la “división e independencia de los poderes públicos”, de manera que cada órgano desarrolle su rol de acuerdo con sus competencias, cumpliendo con otro elemento esencial que es el “acceso y ejercicio del poder con sujeción al estado de derecho”.  La presidenta de Brasil ha terminado con esos dos pilares fundamentales de la democracia con el nombramiento de Lula al obstruir frontalmente la acción de la justicia en un acto deliberado, ubicándose con una disposición ejecutiva por encima de la ley. El nombramiento y posesión de Lula como ministro rompe el orden democrático, causa un grave daño institucional y pone fuera de la democracia y de ley a la presidenta, por su intención y acciones para evitar el esclarecimiento y sanción de hechos de corrupción por medio de más actos de corrupción. Encubrimiento e impunidad de la corrupción con más corrupción!

Corrupción en función pública, es la “práctica consistente en la utilización de las funciones públicas en provecho de sus gestores”, es “el mal uso del poder para conseguir una ventaja ilegítima”, y lo ilegítimo es algo ilegal, falso, ilícito, o sea exactamente lo que Dilma Rousseff está haciendo para proteger a un acusado por corrupción. Lo extraordinario del caso que analizamos es que la acción presidencial de corrupción nombrando a Lula como ministro, ha sido pública, abierta, anunciada y defendida buscando legitimarla. Lo tremendo de la situación planteada es que no ha importado el pueblo, el estado, la justicia, la independencia de los poderes, la democracia, ni siquiera el ridículo al convertir en objetivo de Gobierno mantener impune a Lula, dejando la impresión de que con tan asombroso accionar se está protegiendo  a sí misma.

La ruptura de la democracia y la institucionalidad en Brasil, todo este drama, se produce contra un pueblo víctima de una crisis económica cuyas causas apuntan a los gobiernos de Lula y Rousseff, con una inflación de más del 10%, con el desempleo en crecimiento, con una moneda que perdió el 32% de su valor en 2015, en la peor recesión económica de los últimos 25 años. La sociedad está conmocionada por escandalosos casos de corrupción que han puesto en la cárcel a empresarios, políticos y gestores demostrando que la corrupción fue una política de estado en los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) liderado por Lula, de cuyos resultados los más perjudicados resultan siendo precisamente los trabajadores y los sectores populares a cuyo nombre ejercieron corruptela.

El índice de aprobación de la presidenta Rousseff no supera el 10%, el rechazo a su gestión está en torno al 80%. La confrontación que alientan Lula y Rousseff mandando militantes a las calles es un recurso erróneo frente a los cientos de miles o millones de brasileros que los repudian. La corrupción ha tomado nombres, apellidos y caras, hoy en Brasil la corrupción se llama y tiene cara de Lula-Rousseff, eso es muy malo para un país y terminal para un Gobierno.

Internacionalmente crece la expectativa de lo que puede descubrirse en Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina donde los gobiernos de Chávez, Maduro, Castro, Correa, Morales, Ortega y los Kirchner, adjudicaron grandes obras por cientos y hasta miles de millones de dólares a empresas brasileras cuyos ejecutivos están en la cárcel, acusados de corrupción vinculados a Lula y al PT. Los sobreprecios, la ejecución de obras, los contratos sin licitaciones y la reiteración de esas empresas brasileras, hacen sospechar una red de corrupción transnacional. Será esta otra de las cuestiones que el ministerio de Lula trata de tapar? Cuánto dinero de la corrupción se usó para terminar con las democracias en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua y cuanto tienen para sostener esos gobiernos?

La prensa libre y el valor de los pueblos ha puesto contra las cuerdas a la corrupción institucionalizada de lo que empezó siendo el “Foro de San Pablo” que conformó e impulsó el “socialismo del siglo XXI” y que ahora ha logrado su mayor éxito: posesionar a Lula como el Ministro de la Corrupción.