La impunidad dictatorial

(Diario Las Américas) MIAMI.- El temor más grande de los gobernantes que han optado por la concentración total y la permanencia indefinida en el poder, es la posibilidad de tener que responder por sus actos, asumir responsabilidades penales por los crímenes que cometieron en el acceso y ejercicio del poder, la probabilidad de ser juzgados. La esencia de la dictadura es la impunidad de sus líderes, por eso los dictadores procuran gobernar hasta su muerte, instituir un régimen que les garantice la protección de los delitos cometidos o, cuando menos, una transición que los proteja.

Más allá de la forma de acceso al poder, un gobernante se convierte en dictador cuando suplanta el Estado de derecho y pone su voluntad y sus decisiones por encima de la ley; cuando un jefe de Gobierno convierte sus acciones en normas con las que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales y controla todos los poderes públicos.  El dictador ejerce el poder para permanecer indefinidamente en el gobierno con ausencia o simulación de los elementos esenciales de la democracia.

Impunidad es básicamente la falta de castigo.  Es la imposibilidad de sancionar jurídica e institucionalmente a quien ha cometido delitos.  La impunidad es una consecuencia de la ausencia del Estado de derecho y de la  falta de “división e independencia de los poderes públicos”.  En sentido inverso, es un elemento esencial de las dictaduras.  Impunidad es “la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, porque escapan a toda investigación, procesamiento, sanción e, incluso, a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

La impunidad es una garantía a la corrupción y es en sí misma una forma de corrupción.  Los gobiernos dictatoriales se aseguran impunidad acusando de sus delitos a sus víctimas, haciendo funcionar a sus fiscales y jueces para acusar y sancionar hechos que acomodan a su conveniencia, para hacer desaparecer sus responsabilidades, para institucionalizar actos de encubrimiento.  No hay indicación más contundente de corrupción que el no tener que rendirle cuentas a nadie por los actos de Gobierno, en medio del permanente uso del poder para obtener ventajas ilegítimas.

Para que no exista impunidad es necesario, cuando menos,  la libertad para ejercer el derecho de acusar, investigar y probar; es imprescindible la igualdad jurídica de las partes; jueces imparciales con libertad e independencia para poder juzgar;  la acción de la prensa libre.  Estos aspectos no existen hoy en gobiernos como los de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, donde los poderes judiciales han sido convertidos más bien en instrumentos de represión.

En las dictaduras del denominado socialismo del siglo XXI en América Latina existe impunidad de los gobernantes y de sus entornos, que, además, se han convertido en nuevos ricos.  La concentración del poder, el estatismo y el centralismo han dado lugar a la concentración del poder económico en manos de los gobernantes dictatoriales de hoy  que antes de serlo no tenían nada.  Cuando el sistema financiero, de los recursos naturales y cualquier acción, emprendimiento o inversión económica importante dependen del Gobierno en manos de un dictador, el enriquecimiento ilícito de éste y de su entorno es sólo una consecuencia del sistema.

¿Quién puede hoy saber, por ejemplo, las fortunas de los dictadores Castro, de su entorno y de sus familias y la manera cómo están colocadas o lavadas en el mundo libre?  ¿Quién puede explicar la riqueza y la dimensión de los recursos de los familiares del dictador Hugo Chávez, de su entorno y sucesores económicos y políticos?  ¿Quién puede saber de cuantas empresas, concesiones, propiedades y sociedades son dueños o partícipes Evo Morales, Rafael Correa o Daniel Ortega y sus entornos hoy millonarios?  ¿Quién no sabe que el temor de estos dictadores es ser puestos en evidencia y ser juzgados?

Las denuncias y pruebas de violaciones a los derechos humanos, de fusilamientos, masacres, hechos de violencia, corruptela, confiscaciones ilegales, extorsiones, prevaricaciones y todo tipo de delitos que tales dictadores y sus gobiernos han cometido y cometen son miles, públicas y dramáticas.  Pero hoy, no existen condiciones para acabar con la impunidad.

En ausencia de democracia no debemos olvidar el tema de la “impunidad”, que no debería estar ausente incluso si se opta por el camino de la “normalización” en relación con este tipo de gobiernos.  Consentir implícita o explícitamente la impunidad, podría entenderse como complicidad.