2014 fue exitoso para la “justicia dictatorial”

(Diario Las Américas) MIAMI.- Las dictaduras del socialismo del siglo XXI lideradas por Cuba e instituidas con disfraz de democracias en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han librado exitosamente el año 2014.  Se sostuvieron en el Gobierno ejerciendo el control total del poder, anularon a la oposición, mantuvieron sus altos niveles de corrupción e impunidad, sometieron a la prensa, difundieron su simulación de democracias, aumentaron la represión, evitaron que la comunidad internacional los reconociera como las dictaduras que son pero, sobre todo, manipularon la justicia en su beneficio.

Esos éxitos de los gobiernos de los Castro, Maduro, Correa, Morales y Ortega, son al mismo tiempo una derrota para los ciudadanos, para los pueblos y para la comunidad internacional desde el punto de vista de los principios y los valores, desde una visión de respeto a la vida, a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, la justicia, la igualdad, y de cumplimiento de los elementos esenciales de la democracia.

Todos estos gobiernos mantuvieron su característica fundamental: controlar todos los poderes, instituciones y organizaciones de sus países.  La utilización del poder judicial que hicieron durante el 2014 fue especialmente exitosa, la manipularon abiertamente ejerciendo su propia legalidad, que no es lícita ni legítima.  Las resoluciones de los jueces de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua durante este año son un legado histórico de manipulación dictatorial violando y conculcando la libertad y la justicia, que precisamente deberían proteger.

Las resoluciones de la justicia castrista contra opositores, cooperantes, empresarios,  nacionales y extranjeros quedan instituidas como un importante instrumento de negociación de la dictadura: el caso Gross podría ser una buena muestra.  En Venezuela, el dictador Maduro, sin la abierta subordinación y manipulación de sus jueces, simplemente no hubiera podido mantenerse en el poder: los casos contra Leopoldo López y María Corina Machado son dos muestras de la represión judicializada, mientras que con la otra mano la misma justicia protege y encubre los delitos del oficialismo.  Miles de venezolanos están en la cárceles y en el exilio víctimas de la justicia dictatorial.

Con sus jueces, Correa, en Ecuador, sostuvo la persecución política que abarcó desde el caricaturista Bonill (obligado a pedir disculpas), los condenados y ahora clandestinos Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, el opositor extraditado y encadenado Galo Lara, innumerables casos y fallos contra periodistas, empresarios, dirigentes indígenas y ciudadanos, hasta la resolución de su tribunal constitucional para que obtenga la reelección presidencial indefinida solo con su actual mayoría en la Asamblea.

En Bolivia, el uso de su sistema de justicia permitió a Evo Morales y a su vicepresidente ser habilitados para una tercera elección prohibida por su propia Constitución, fallo con el que pudieron poner en marcha su bien lubricado proceso de fraude electoral.  El magistrado Gualberto Cusi, miembro del Tribunal Constitucional que criticó públicamente ese fallo, ya está enjuiciado y suspendido junto con otros dos miembros.  Muchos bolivianos siguen perseguidos por los jueces del dictador boliviano, que manejan los juicios contra expresidentes, exministros, exgobernadores y miembros de los altos mandos militares.  Cientos están presos, exiliados y acosados por los procesos judiciales con los que Morales encubre sus propios crímenes.

En Nicaragua, Daniel Ortega manipuló su sistema para lograr la aprobación de la reelección indefinida como simple enmienda constitucional ejecutada por el poder legislativo bajo su control.  Ahora sus jueces funcionan en el asunto del canal interoceánico, como mecanismo de prevención y represión.  Los enjuiciamientos a los opositores con generosos arreglos posteriores ya están escritos en la historia nicaragüense.

Los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están colmados de denuncias de varios de estos casos.  Ninguno de los procesos judiciales digitados por las dictaduras del socialismo del siglo XXI resiste una auditoría jurídica.  El problema radica en que los gobiernos de las democracias del mundo reconozcan como legales los fallos y decisiones de los jueces de las dictaduras en las que no se respeta el principio del “debido proceso legal”.