La dictadura boliviana purga a sus magistrados

por Carlos Sanchez Berzain

(Diario Las Américas) Los gobiernos del socialismo del siglo XXI en las Américas controlan todos los poderes públicos violando la división e independencia, que es elemento esencial de la democracia. Así convierten al poder judicial en mecanismo de represión y opresión. Cuando los jueces no responden a las instrucciones del Gobierno, son perseguidos violentamente. Es el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional en Bolivia,  Gualberto Cusi, Soraida Chávez y Ligia Velásquez, jueces del régimen de Evo Morales, ahora perseguidos, suspendidos y listos para ser condenados por el aparato del dictador boliviano.

Gualberto Cusi Mamani es un abogado boliviano de origen Aymará nacido en Jesús de Machaca, provincia Ingavi, del Departamento de La Paz.  Es magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el que Evo Morales reemplazó el Tribunal Constitucional de la República de Bolivia. Debe su nombramiento a Morales, pero cometió el «crimen» de declarar en septiembre de 2013 que «el fallo del Tribunal para la reelección de Evo Morales es inconstitucional, no debió disponerse la elección por tercera vez del presidente y vicepresidente». El magistrado oficialista afirmó que el Tribunal «dio una señal de una manipulación e injerencia política»

Evo Morales y su vicepresidente se favorecieron y usaron el fallo de «su Tribunal Constitucional»  que no tomaba en cuenta el primer mandato de Morales, con el argumento que era anterior a la Constitución vigente y el nuevo «Estado plurinacional». De esa manera, Morales y García pudieron ser candidatos para re-reelegirse. Sin embargo, contra el magistrado Cusi las presiones fueron en aumento; Evo Morales y su régimen ordenaron su liquidación.

Cuando la Sala Segunda del (TCP), conformada por Gualberto Cusi y  Soraida Chávez y Ligia Velásquez, admitió un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado y produjeron su paralización, «la institucionalidad dictatorial» encontró motivo, actuó e inició juicio de responsabilidades contra los tres magistrados.  En el Senado, bajo total control oficialista, los acusaron, suspendieron de sus funciones, de sus derechos, ordenaron su aprehensión y tienen lista su condena. Una «purga» dictatorial para mantener la obediencia y obsecuencia de los jueces.

Purga es la «expulsión o eliminación de funcionarios o miembros de una organización, que se decreta por motivos políticos y que puede ir seguida de sanciones mas graves».  Esto es exactamente lo que Evo Morales y su vicepresidente están haciendo, eliminando a Gualberto Cusi y a los miembros de su sala por rebeldes, desobedientes y porque en lugar de acatar fiel y absolutamente sus órdenes, emitieron opiniones fundadas en la ley.  Al parecer estos magistrados de la dictadura no entendieron que debían ser «absolutamente sometidos».  La dictadura está dando además un buen ejemplo para el resto de jueces de su sistema.

El asunto, sobre todo en el caso de Cusi, es que se trata realmente de un ciudadano boliviano de origen indígena, comprometido con el proyecto de Morales, creyó lo del cambio pero no sabía que era para peor. Cusi está enfermo y con la suspensión, destitución y condena no tendrá seguro médico: lo «están condenando a muerte», como el mismo ha reclamado.

Este es un caso más de persecución política y de violación de los derechos humanos por Evo Morales y su régimen, como sucede en cientos de casos en la misma Bolivia, Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua.  El abuso y descaro llega al extremo que el vicepresidente del régimen boliviano ofreció esta semana que «si los magistrados renuncian, se acabaría el juicio de responsabilidades», porque ha puesto en marcha el proyecto de ley 044 de «juzgamiento de altas autoridades del Estado», que establece esta concesión (ofrece salida con una ley que ni siquiera esta aprobada, confesando la maniobra).

Cuando se acusa desde el poder y no existe debido «proceso legal», no se respeta la «presunción de inocencia», en lugar de acusar con pruebas se sentencia previamente con «consigna política», no existe «juez imparcial», no se juzga con «leyes anteriores al hecho de la causa» y se violan todas la reglas básicas de la justicia, estamos frente a la «judicialización de la persecución política».  Pero cuando, además, todo eso lo hace el Gobierno contra su propios jueces, que trataron de aplicar sus leyes, estamos ante una «purga», que en el caso del magistrado Cusi representaría una «condena a muerte»… algo propio de las dictaduras, mientras las democracias del mundo no lo saben.