ABOGADO Y POLITÓLOGO | 22 de octubre de 2014

– Los ataques sistematizados contra la libertad de prensa no pueden verse sólo como señales de violación de la democracia o como un indicador del deterioro del estado de derecho.  La realidad nos enseña que las acciones contra la libertad de prensa constituyen “la operación final de liquidación de la democracia” y que se produce cuando los elementos esenciales de la democracia ya han desaparecido, porque se trata de controlar el “último obstáculo que impide el ejercicio del poder total”.

La libertad de prensa es “la facultad de toda persona de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por el gobierno o la autoridad”.  Es la capacidad de todo ser humano de publicar sus ideas libremente y sin censura. Comprende a periodistas, editores y a los empresarios de los medios.  Se funda -entre otros-  en la libertad de opinión, un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por la que “todo individuo tiene derecho a la liberad de opinión y de expresión”, un derecho que incluye “el no ser molestado a causa de su opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Si bien es cierto que los conflictos de los gobiernos autoritarios con la prensa libre se presentan rápidamente, la realidad demuestra que  los ataques estratégicos que reducen y hacen desaparecer la libertad de prensa se producen cuando el régimen ya ha controlado todos los poderes públicos y, en consecuencia, posee la capacidad de ejercer acciones administrativas ilegales, formular leyes punitivas y de censura, manipular procesos judiciales y apropiarse de los medios de comunicación que quiera.  Van del autoritarismo al ejercicio del poder total.

Se ha dicho, en la división del Estado en los órganos o poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que “la prensa es el cuatro poder”.  En realidad la prensa libre es la garantía de la división e independencia de los poderes públicos y constituye la defensa final, la última trinchera, la resistencia social contra el poder total.  La prensa por el ejercicio de su función es la fuente mas importante en la formación de la opinión pública, de la que finalmente depende la aceptación, aprobación y estabilidad de los gobernantes.  Controlada la prensa el régimen sustituye la opinión pública por su “opinión publicitada”.

La historia de los últimos años en América Latina, demuestra cómo los gobernantes de países que ya no son democracias, luego o al tiempo de tener en sus manos el poder ejecutivo, controlar el legislativo y el poder judicial, proceden a liquidar la libertad de prensa, para apoderarse de la opinión pública, pasando a ejercer como verdaderos dictadores.

El mecanismo inicial es el administrativo por medio de revocatoria o no renovación de licencias de funcionamiento, el incremento de cargas administrativas, la creación de medidas para evitar el suministro de papel y materias primas esenciales, la confiscación con pretextos ilegales, la asfixia económica con el retiro de la propaganda de las entidades públicas, presiones a los empresarios para despedir periodistas y obligarlos a vender. Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina dan pruebas de esto.

La función legislativa y las convocadas asambleas constituyentes, resultan encargadas de establecer un ilegítimo e ilícito “sistema legal”.  Dictan leyes con el pretexto de garantizar la libertad de prensa y en realidad la violan, para someter al control del Gobierno y criminalizar a los periodistas y a los empresarios de medios; aumentan impuestos; establecen restricciones; “legislan la censura”.  Acontece en Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.

Los jueces son los encargados de “legitimar, justificar y ratificar” los atropellos administrativos y legislativos. Procesos judiciales convertidos en  “persecución política” contra periodistas, dueños de medios de comunicación, columnistas e incluso caricaturistas han “sentado precedente” y dado lugar a la “autocensura” para sobrevivir y poder seguir trabajando por lo menos por un tiempo, aunque eso ya no sea “libertad de prensa”. Periodistas y propietarios enjuiciados, perseguidos, exiliados y despojados “con orden judicial” en Venezuela, Ecuador, Bolivia… han seguido el camino recorrido por sus similares de Cuba hace ya más de 50 años.

Los periodistas y los empresarios de medios de comunicación de estos países necesitan  hoy la solidaridad de sus colegas de los países democráticos. Los medios de comunicación libres, sus periodistas y empresarios tienen esta responsabilidad.  La libertad de prensa y la democracia son dos conceptos inseparables. No hay libertad de prensa sin democracia y no hay democracia sin libertad de prensa.