Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
El Centro de Estudios para al Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) afirma que bastaron diez años para reconducir la política económica nacional, tiempo en el que retornó la relación Estado capital y las empresas transnacionales.
«El cambio estructural que debió haber implicado para el país la movilización social e insurrección popular de octubre de 2003, cuando se frenó en seco la reforma neoliberal que venía ejecutándose desde hacía 20 años, fue recogido como propio por el discurso oficial de la actual administración de gobierno, al prometer un nuevo amanecer que dejaría atrás la noche neoliberal», sostiene el Cedla.
Sostiene que se enviaron señales para querer indicar ese cambio: Una supuesta «nacionalización» de las empresas antes privatizadas por los gobiernos neoliberales, el resurgimiento del Estado como actor principal en la economía (y en la vida diaria de los bolivianos) y una nueva redistribución de la riqueza generada por la explotación de nuestros recursos naturales (principalmente el gas).
«El petróleo no volverá nunca más a las manos de las transnacionales», reitera el presidente Evo Morales en cada acto público. Pero la historia parece ser otra. Desde el remezón que implicó para esas empresas la renegociación de los porcentajes de participación en el excedente petrolero, comenzaron a aplicar una estrategia que, siete años después, demostró ser muy efectiva: Esperar, sin hacer nada más; es decir, dejar de invertir, considera el Cedla.
Señala que esta estrategia comenzó a apretar el cinturón a la actual administración, que si bien en el discurso y la propaganda oficial mantiene su animadversión para con el capital transnacional, en los hechos no tiene más remedio que «amistarse» con las empresas petroleras extranjeras.
El Cedla indica que con los millonarios contratos de exportación de gas comprometidos, de los que sale el dinero para sostener todo el actual esquema gubernamental, pero al costo de haber «re-primarizado» la economía del país, «no podemos sino ser exportadores de materias primas», el fantasma de unas reservas en caída urgió al Gobierno a adoptar medidas en ese sentido.
El Cedla afirma que al anuncio oficial de realizar actividades de exploración en áreas protegidas y otorgar incentivos para favorecerlas, lo que fue realizado en el congreso petrolero del mes de agosto pasado, se sumó el ofrecimiento de diferir por cinco años el pago del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) a las regiones curiosamente ya aceptada por la organización que agrupa a los municipios, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de los campos «nuevos», ante el beneplácito manifiesto de los representantes de esas transnacionales, que en clara reciprocidad han anunciado significativas inversiones para reponer esas reservas.
«Es el retorno de la alianza del Estado hoy «nacionalista» con el capital transnacional, que incluso asoma más ambiciosa que la establecida en el periodo neoliberal, como se puede ver en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que viene siendo concretizada en eventos como el recientemente concluido Encuentro Nacional Soberanía Hidrocarburífera al 2025, en el que se ratificó lo que ya había anunciado el presidente de YPFB, pues la ampliación de la frontera hidrocarburífera incluirá a los parques nacionales, antes protegidos por ley.