Evo debe renunciar

Agustín Echalar Ascarrunz

Lo acontecido en Apolo el fin de semana pasado, más allá de la tragedia que significa para las familias de los difuntos en particular, y para el país en su conjunto en general, tiene implicaciones políticas y éticas, porque pone en entredicho a uno de los pilares en que se sostiene el «proceso de cambio”.
Y es que, aunque en pequeño y en aislado, la historia se repite, sólo que ahora los protagonistas son otros, es más, hay algunos protagonistas de entonces que aparecen otra vez, sólo que en otro rol. La violencia es casi la misma, los cocaleros se sienten avasallados, las fuerzas del orden parece ser que han cometido el mismo tipo de tropelías que antaño; la respuesta ha sido también brutal, la muerte de tres uniformados y de un médico lo demuestran.
Altas personalidades del MAS, como Leonilda Zurita, se han apresurado en aclarar que lo sucedido en  Apolo no es comparable con lo que ocurría en los 90 y a principios de 2000 en  Chapare. Es verdad, pero no por el fútil argumento que ella da, pretender que la diferencia está en que entonces eran  los norteamericanos, con la DEA y la CIA  los que llevaban la batuta, y que por lo tanto se trataba de un combate a la producción de hoja de coca excedentaria ilegítimo, y que ahora que lo hace un Gobierno democrático (como si los otros no lo hubieran sido),  sí lo es.
Muy por el contrario,  y gracias a que ahora los hechos se han dado sin la intervención de los Estados Unidos, y la constelación ha sido bastante parecida, más bien, de alguna manera se han legitimado  los procedimientos anteriores. De lo que se trata es de un grupo de gente, pequeño en este caso, enorme en el anterior, ubicado en un fin de patria en este caso, y en el corazón del país en el anterior, que estaban dispuestos a todo, con tal de proteger su bien pagada producción del mayor insumo  de la industria de la cocaína.
Los gringos fueron los mandamases, ellos pusieron el dinero y el know how, pero el problema, con ellos o sin ellos, sigue siendo el mismo, y es un problema que ha sido ocultado y desfigurado a lo largo de décadas con la sacralización de un planta que hasta históricamente no merece mayor respeto, pasando por la victimización de unos actores (campesinos pobres, que más que socios eran considerados víctimas del narcotráfico), que de una manera casi esquizofrénica pasaron a ser tildados nada menos que «la reserva moral de la humanidad”.
Los asesinatos de Apolo deben ser investigados y los responsables deben ser juzgados y condenados de la misma manera que se debe proceder con los aún más crueles asesinatos sucedidos en el Chapare el año 2001.  No crea, amigo lector, que estoy pensando en un futuro inmediato,  esa tarea quedará pendiente para más adelante, para cuando haya justicia en el país.
Mientras tanto, por un poco de decoro, Evo Morales, el presidente de las seis federaciones de productores de la hoja de coca del Trópico de Cochabamba, debería renunciar a ese cargo. Siempre fue incompatible con sus funciones como Presidente de todos los bolivianos, pero ahora la situación es mucho peor. La investidura del Presidente de un Estado no debe estar contaminada con la pertenencia a un gremio,  mucho menos si éste  tiene tantos lazos con actividades ilegales.
Algo dice que el Presidente está maduro (en el buen sentido de la palabra) para tomar ese paso, vale la pena recordar que en la triste entrevista que concedió a Ismael Cala, de CNN, de forma contundente rectificó a su interlocutor cuando éste se refirió a él como dirigente cocalero; exigió ser llamado dirigente campesino. Casi demostró que le daba vergüenza que se lo asociara con los cocaleros.

Agustín Echalar es operador
de turismo.

Exigió ser llamado dirigente campesino. Casi demostró que le daba vergüenza que se
lo asociara con los cocaleros.